Los gerentes del PSOE se autoinculpan al admitir el uso irregular de efectivo en campañas electorales

El caso Koldo ha acabado situando el foco en las finanzas del PSOE. El Tribunal Supremo acordó el viernes enviar a la Audiencia Nacional las diligencias relacionadas con la contabilidad de Ferraz tras constatar que la formación movió dinero en efectivo sin control y que el uso de cash se disparó en años electorales, a pesar de que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) prohíbe el pago de facturas de campaña con dinero líquido.

El PSOE se arriesga ahora a una triple imputación por financiación ilegal, blanqueo de capitales y delito electoral. Los responsables de las cuentas del partido desde 2017 no sólo no han despejado las dudas del instructor del caso Koldo en el Supremo, Leopoldo Puente, sino que han admitido la existencia de presuntas irregularidades que habían permanecido ocultas y presuntamente permitieron a la formación de Pedro Sánchez concurrir con ventaja a varios procesos electorales.

Por un lado, la gerente del PSOE desde octubre de 2021, Ana María Pacheco, reconoció en el Senado que el partido empleó cash de forma regular para sufragar gastos de campaña. Los datos aportados por Ferraz evidencian que sus retiradas de billetes pasaron de 70.500 euros en 2022 a 210.870 en 2023, año de últimas municipales y generales. Se desconoce el destino de la mayor parte de estos fondos, pero las declaraciones de la gerente apuntan a que sirvieron para alimentar la maquinaria electoral socialista.

Lo mismo ocurrió en 2024, año de las elecciones catalanas y al Parlamento Europeo. El PSOE sacó en esos 12 meses otros 200.898 euros de su cuenta en BBVA. De esa cantidad, el equipo de la Secretaría de Organización únicamente recibió en concepto de dietas 186,55 euros. Por su parte, Santos Cerdán, entonces jefe del área, percibió directamente otros 4.045,81 euros para el mismo concepto. Sin embargo, no hay datos sobre el paradero de los 196.665,64 euros restantes.

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Se da la circunstancia añadida de que el PSOE ha reconocido que retiraba el efectivo de una “cuenta bancaria de funcionamiento” que se nutre de subvenciones, cuotas de afiliados y donaciones de particulares y empresas. El Tribunal de Cuentas impide taxativamente utilizar los fondos de ese tipo de depósitos ordinarios para sufragar facturas electorales. Según el organismo supervisor, todas las partidas de campaña deben de ser cargadas en una cuenta abierta exclusivamente para cada proceso electoral con el objetivo de facilitar el control del gasto y el cumplimiento de los límites presupuestarios.

Con todo, la gerente del PSOE asumió en el Senado que el dinero en efectivo de la cuenta ordinaria pudo acabar en gastos de campaña y se extendió sobre el aumento de las disposiciones de cash en ejercicios electorales. “Las necesidades en caja no eran las mismas cuando había un proceso electoral (…) Tenemos muchos más actos orgánicos y, por lo tanto, hay muchos más gastos de todo tipo”, afirmó la dirigente de Ferraz a preguntas del senador de ERC Joan Josep Queralt.

El representante nacionalista pidió a Pacheco que fuera más precisa: “En periodo electoral, supongo que el volumen [de dinero en caja] es mayor”. La gerente respondió afirmativamente. “Sí, suele ser mayor porque tenemos más actos y, por lo tanto, hay más imprevistos”, confesó la compareciente.

El anterior gerente del partido, Mariano Moreno (2017-2021), apuntaló los indicios de delito en su declaración como testigo en el Supremo el pasado jueves. Moreno afirmó que el “flujo de caja” crecía cuando había convocatorias electorales y describió un control caótico del efectivo en el que, además, tenía un papel crucial Koldo García Izaguirre.

En un momento del interrogatorio, el abogado de Santos Cerdán preguntó al exgerente por el importe medio de las retiradas del PSOE en ventanilla. “No le puedo decir. Dependía del año, del mes, y sobre todo del nivel de actividad que hubiera. Por ejemplo, en 2019 hubo seis elecciones diferentes, con lo cual aumentó…”, contestó Moreno.

La LOREG especifica que, entre otras partidas, se consideran gastos de campaña el “alquiler de locales para la celebración de actos”; las “remuneraciones o gratificaciones al personal no permanente que presta sus servicios a las candidaturas” y los “medios de transporte y gastos de desplazamiento de los candidatos, de los dirigentes de los partidos, asociaciones, federaciones y coaliciones, y del personal al servicio de la candidatura”.

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En otra autoinculpación, Moreno admitió ante el juez Puente que el partido usó los fondos en efectivo que retiró de su cuenta de funcionamiento ordinario para pagar a “trabajadores voluntarios, personal vinculado al PSOE”, en procesos electorales, precisamente uno de los capítulos que la normativa considera gastos de campaña.

El efectivo habría permitido al partido de Sánchez eludir los controles del Tribunal de Cuentas. El uso de cash para abonar gastos electorales sólo se contempla para gastos menores en situaciones excepcionales y siempre que quede perfectamente acreditado -nombre y firma del responsable, factura y comprobante de reintegro- que los fondos proceden de la cuenta de campaña.

Las declaraciones de los gerentes y la contabilidad del PSOE dibujan otra realidad. El juez del Supremo sospecha que José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García Izaguirre pudieron desviar dinero de comisiones al partido y utilizar el pago de dietas en efectivo para lavar parte de esos fondos, incurriendo en posibles delitos de financiación ilegal y blanqueo de capitales.

Pero ese sistema también habría permitido a Ferraz saltarse los topes de gasto en las campañas que impone la ley a los partidos. El Tribunal de Cuentas es especialmente riguroso con los límites de gasto electoral. Hace solo unos días, por ejemplo, impuso una sanción a Alianza Catalana por superar el máximo en apenas 400 euros.

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Según aseguran diferentes fuentes jurídicas consultadas, la conducta que dibujan los gerentes y la información ampliada del PSOE entregada al Supremo puede conllevar, en el mejor de los casos para Ferraz, una multa que implique el pago de entre el doble y el quíntuple del monto del gasto excedido y una reducción de sus subvenciones.

Hay un escenario peor para los socialistas, indican estas fuentes. En el caso de que la práctica quede probada en un futuro procedimiento penal, las sospechas de financiación irregular o cooperación en un blanqueo de capitales que ya afronta el partido se verían agravadas con la posible comisión de un delito electoral.

En concreto, la ley considera delito que las formaciones “falseen las cuentas reflejando u omitiendo indebidamente en las mismas aportaciones o gastos”. También, que utilicen cualquier artificio que suponga aumento o disminución de los gastos contables. Se prevén en esos casos penas de prisión menor y multas de hasta 300.000 euros.