El Supremo pone contra las cuerdas la financiación del PSOE y la declaración de Sánchez en el Senado

Los motivos del juez Leopoldo Puente para reclamar a la Audiencia Nacional que investigue el flujo de efectivo en el PSOE desde el año 2017 y su entrega a cargos como José Luis Ábalos a cambio de facturas de gasto sin contrastar quedan más que claros en el auto por el que el magistrado adopta su decisión. El instructor, a la cabeza de la investigación del cobro de mordidas por parte del exministro de Transportes -tanto por la adjudicación de obra pública como por la compra de material médico durante la pandemia-, sospecha que una parte de esas comisiones irregulares acabó en el partido y que al menos el diputado socialista las cobraba blanqueadas como devoluciones de abonos que había adelantado en concepto de comidas, desplazamiento o viajes.

La tesis de Puente se dibuja a lo largo de las ocho páginas y es el resultado directo de la falta de respuestas válidas, ni por parte del partido ni por parte de su gerente en la etapa investigada, que expliquen por qué el PSOE gestionó durante años un millón de euros en efectivo y entregaba parte de ese dinero sin comprobaciones respecto a los tickets que presentaba Ábalos, los depositaba en manos de una persona que nada tenía que ver con la Secretaría de Organización que este dirigía (Koldo García) y sumaba a los abonos decenas de miles de euros destinadas a personas indeterminadas que formaban su equipo. Lo que cuestiona el juez es la financiación del partido y, con ello, también pone en duda las afirmaciones de Pedro Sánchez en el Senado respecto a que esta era "legal".

El auto explica que lo actuado en el caso Ábalos se desprenden varias cuestiones que apuntan a la posibilidad de que ese dinero en efectivo que se movía en el partido no solo procediera de la cuenta del PSOE, sino también de otros lugares y que su procedencia no fuera nada limpia ni legal. El juez dice que la falta de control, más que evidenciada en el sistema, permitía que se pagaran gastos ficticios, es decir, tickets que Ábalos y su entorno hubieran recogido. "Pudieran haber sido abonados por un familiar, por un amigo, un vecino, o simplemente encontrados por quien los presentaba al cobro", describe.

Y, por tanto, lo mismo que sucede con los gastos puede suceder con los ingresos. En efecto -dice el auto- "con cierta periodicidad los fondos contabilizados en caja procedían de su cuenta bancaria". Pero "es claro que, de haber existido pagos en metálico distintos de los efectivamente contabilizados, tampoco podrían estarlo los ingresos con los que aquellos se nutrían".

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El juez apunta a continuación otros indicios detectados en su procedimiento que apuntarían a esta posibilidad. Dice que Koldo García ha dejado claro tanto en la documentación que ha aportado como en las preguntas que ha realizado su abogada que recibió pagos procedentes del partido superiores a los efectivamente contabilizados. También recuerda que Víctor de Aldama Delgado ha declarado que le dijeron "que buena parte de las cantidades que el primero le entregaba en metálico tenían por destinatario al partido". Por último, menciona a la empresaria Carmen Pano, que aseguró como testigo (con obligación de decir verdad) que acudió dos veces a la sede del PSOE en el mes de octubre de 2020, y allí, en la segunda planta, les hizo entrega de 90.000 euros en metálico.

"Absolutamente limpia"

Como no podía ser de otra manera, la cuestión de la financiación fue uno de los temas a los que tuvo que responder el presidente del Gobierno durante su comparecencia en el Senado. Pedro Sánchez aseguró que es "absolutamente limpia, legal y regular". Admitió, eso sí, a regañadientes haber recibido dinero en efectivo de su formación, aunque nunca en una cuantía superior a los 1.000 euros.

"En el PSOE no existen sobresueldos. Los altos cargos, como es mi caso, lo que hacemos es aportar parte de nuestro sueldo a la financiación regular de la organización. Hay otros partidos que tienen esos sobresueldos, muchas veces sin declarar y recibidos en negro", lanzó en referencia a la trama Gürtel. "Estoy convencido de que en alguna ocasión he podido liquidar gastos, siempre contra factura, que es lo que se ha dicho por parte de otros responsables como secretario general del Partido Socialista", agregó respecto a su caso personal.

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El movimiento del juez Puente pone al PSOE entre la espada y la pared. En la obligación de demostrar si Pedro Sánchez tiene razón o la tiene el Supremo. La decisión queda ahora en manos del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que tendrá que abrir un procedimiento tras la petición del TS. El partido pasará así de forma casi inevitable a quedar imputado como persona jurídica. La sospecha es de financiación irregular y de blanqueo de capitales.

El artículo 304 bis del Código Penal establece las conductas que constituyen el delito de financiación ilegal de partidos políticos y las penas correspondientes. La normativa sanciona a quienes reciban donaciones o aportaciones que violen lo dispuesto en la ley, sobre financiación de partidos políticos. Esta ley prohíbe, entre otras cosas, las donaciones anónimas, revocables, finalistas, o aquellas que superen los 500.000 euros, así como las provenientes de personas jurídicas.

La gravedad de las penas varía según las circunstancias del caso. En su forma más básica, el delito se castiga con una multa que oscila entre el triple y el quíntuplo del valor de las aportaciones ilegales. Sin embargo, si las donaciones superan ciertos umbrales, como los 500.000 euros, o si se trata de aportaciones encubiertas mediante terceros, las sanciones pueden incluir penas de prisión de seis meses a cuatro años. La caja B del PSOE ya está aquí.