La Audiencia avala la decisión de Peinado de pedir las llamadas de la asesora de Begoña Gómez

La Audiencia Provincial de Madrid ha dictado un auto en el que autoriza al juez del caso Begoña Gómez a pedir el listado de llamadas de la asesora de la mujer del presidente del Gobierno. En la resolución, los jueces madrileños autorizan esta diligencia de investigación, a pesar de que la investigada Cristina Álvarez dio su número en la declaración como testigo que la propia Audiencia Provincial consideró nula.

De este modo, el juez podrá investigar las gestiones que hizo la asistente de Moncloa con las empresas relacionadas con los negocios privados de la esposa de Sánchez en el marco de la presunta malversación de fondos por las que se investiga a ambas.

No obstante, la misma resolución estima parcialmente el recurso que presentaron las defensas de las acusadas y de la Fiscalía al excluir de esas empresas Air Europa y el Africa Center en el que trabajó Begoña Gómez dentro del Instituto de Empresa (IE) porque es una derivada que la Audiencia Provincial ya excluyó de este caso.

"Únicamente habrá de limitarse la información obtenida a lo que es objeto de esta instrucción, con exclusión de lo relativo Globalia-Air Europa y Africa Center", dice el auto dictado por la Sección 23 de la Audiencia Provincial, que estudia los recursos de este caso. El juez tiene vía libre, en cambio, para indagar en las relaciones de la asesora mantuvo con la empresa de Juan Carlos Barrabás, las que patrocinaron el máster de Begoña Gómez en la Universidad y las que colaboraron con la elaboración de software que la esposa del presidente se apropió presuntamente de manera indebida.

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Entre estas empresas están Google, Indra, Telefónica, La Caixa, Reale... los correos que aportó el vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Juan Carlos Doadrio acreditaban una participación activa por parte de Cristina Álvarez en los negocios privados de Begoña Gómez. El juez y la Audiencia Provincial aprecian en estas actividades un presunto delito de malversación por emplear para esos fines privados a una empleada de Moncloa, que cobra alrededor de 50.000 euros de sueldo público al año.

Este movimiento parte de una providencia del juez dictó en enero en la que consideró a Cristina Álvarez como investigada --aunque en ese momento no era por malversación, sino por tráfico de influencias-- y pidió su listado de llamadas. La asesora recurrió esta decisión al entender que el juez no había motivado debidamente la petición de esos datos que, a su entender, incluyen una vulneración de derechos.

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Añadía, además, que el juez tenía el número de teléfono a investigar porque ella misma lo había aportado la declaración que prestó como testigo en diciembre. Tanto Begoña Gómez como la Fiscalía se sumó a este recurso. El ministerio público denunció que el juez Peinado se aprovechó de que, al declarar como testigo, tenía la obligación de decir la verdad y días después le cambió la condición a investigada, que sí puede acogerse a su derecho a no declarar en su contra.

No obstante, en el auto de 17 folios conocido este viernes, la Audiencia Provincial mantiene la condición de investigada de la asesora y se remite a una resolución anterior en la que dijo que "siendo un número oficial del Palacio de la Moncloa, puede obtenerse en cualquier momento tras dirigir oficio a tal fin.