El TS obliga al Estado a indemnizar al fiscal Stampa por el daño que le causó la investigación en su contra

El Tribunal Supremo ha confirmado la indemnización de 4.000 euros que fijó en febrero la Audiencia Nacional para el fiscal Ignacio Stampa por el daño que le causó la duración de una investigación en su contra por su papel en el caso Villarejo. Según una providencia de este miércoles a la que ha tenido acceso El Confidencial, el alto tribunal rechaza el recurso presentado en contra de esta indemnización por la Abogacía del Estado, que depende del Gobierno.

Stampa siempre acusó a la Fiscalía que entonces dirigía Dolores Delgado y a su sucesor, Álvaro García Ortiz, de haber maniobrado para prolongar la investigación en su contra y de este modo apartarle del caso sobre las actividades del polémico comisario de policía, José Villarejo. Stampa estaba al frente de esas pesquisas dentro de la Fiscalía Anticorrupción, donde prestaba servicios sin plaza fija. Él pedía 40.000 de indemnización, pero la Audiencia Nacional solo aceptó en parte sus argumentos.

Este fiscal fue contactado tiempo después por Leire Díez, más conocida como la fontanera del PSOE. La vía de acceso fue decirle que el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, quería verle para disculparse por el trato recibido en aquel contencioso. Dolores Delgado fue ministra de Justicia con el PSOE antes que fiscal general. El día de la cita, en lugar de acudir Santos Cerdán, se presentó Leire Díez, que le pidió datos comprometedores de su ex jefe, el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón.

Stampa grabó la conversación por seguridad. Hubo un segundo encuentro en los mismos términos. Díez está investigada por maniobrar presuntamente en contra de investigadores que cercan al Gobierno en sus causas por corrupción. Stampa no accedió a sus pretensiones y después de que El Confidencial desveló la estrategia de esta fontanera del PSOE, el fiscal denunció los hechos a sus superiores. La semana que viene tendrá que declarar como testigo en el Juzgado que ya ha imputado a la fontanera.

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El Tribunal Supremo ni siquiera ha admitido a trámite el recurso de la Abogacía del Estado, por lo que le resolución ya es firme. Además, condena a la administración a pagarle las costas, en torno a 2.000 euros. La Audiencia Nacional consideró en febrero que se alargó de forma "innecesaria" la investigación en su contra cuando trataba de lograr una plaza precisamente en esa Fiscalía anticorrupción. El fallo señaló que, al momento de participar en el concurso de ocho plazas vacantes en Anticorrupción, Stampa estaba siendo investigado por su presunta relación con una de las abogadas del partido Podemos en la pieza 'Dina' del propio 'caso Villarejo', conocido también como 'Tándem'.

El fallo recogió que esa investigación en su contra se prolongó y no se archivó "de forma más temprana, como había solicitado el instructor", por las actuaciones propuestas por sugerencia de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, a cargo entonces de Álvaro García Ortiz, que no dieron "ningún resultado".

Según Stampa, el "mantenimiento de la investigación previa, cuando estaba en trance de resolución el concurso a la Fiscalía Anticorrupción, en el que concurría como aspirante él, impidió que su expediente personal apareciera sin tacha". El fiscal acusaba en su recurso a la Fiscalía "de vicio de desviación de poder".

Un daño moral

Sin embargo, la Audiencia Nacional no apreció "otro daño que la demora de las diligencias de investigación, el sometimiento a unas diligencias pre procesales más allá de lo que era preciso en orden a alcanzar una evidencia, cuando existía propuesta de archivo".

"Esto provoca un daño moral por las consecuencias que acarrea. El devenir de los acontecimientos arroja como resultado demora innecesaria, con daño para el interesado, que lógicamente quedó en entredicho (profesionalidad, fama, buen nombre, comportamiento ético, dolor y preocupación, etc.). Este daño aparece causalmente enlazado al funcionamiento de la Fiscalía y a la demora del expediente, que se solapó con el procedimiento de concurrencia para nombramiento discrecional de fiscales", explicó la Audiencia Nacional.

Para la Sala, "es claro que los miembros del Ministerio Público están sujetos a responsabilidad en el ejercicio de sus funciones y que les corresponde un deber de sigilo". "Sin embargo, esas diligencias deben tener una duración razonable, que se extiende no a la duración máxima del procedimiento (6 meses prorrogables), a la que se acoge la resolución recurrida, sino a la necesaria para la obtención de evidencias, o descartar las evidencias de la infracción estatutaria", aclaró.

Es por eso que la Audiencia Nacional concluyó que "la duración innecesaria de las diligencias de investigación de referencia, con daño moral para el demandante, lleva a una indemnización por daño moral que la Sala fija prudencialmente en 4.000 euros".