Sumar choca con el PSOE y no apoyará la limitación de la acusación popular de Bolaños

División en el seno del Gobierno de Pedro Sánchez por la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que se ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros. Los distintos partidos que se integraron bajo la candidatura de Sumar en las elecciones de julio de 2023, liderados por Yolanda Díaz, no están por la labor de aprobar la limitación de la acusación popular que ha impulsado el PSOE. Los socialistas encuadran esta iniciativa, defendida por el titular de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, para evitar el "acoso judicial" que la formación que dirige Pedro Sánchez considera que se produce por esta vía contra el Ejecutivo.

"Limita la capacidad del ejercicio de la acusación por parte de asociaciones, sindicatos y sociedad civil", explican fuentes de la formación magenta, que avanza que no apoyará esta reforma en el Congreso de los Diputados. El PSOE defiende que esta limitación es clave para que no se abran procesos judiciales como los que hay en marcha contra el entorno del presidente, como el caso de su mujer, Begoña Gómez, que partió de una denuncia del sindicato Manos Limpias.

La norma impulsada por Justicia establece además que no podrán ejercer la acusación popular los partidos políticos y tampoco las instituciones públicas, aunque deja una puerta abierta para asociaciones que acrediten lo que se denomina un "vínculo legítimo" con el bien jurídico protegido en el procedimiento. Hay que recordar que el PSOE actualmente figura como acusación en uno de los frentes judiciales que tiene el Gobierno andaluz de Juanma Moreno en relación con el uso de la contratación de emergencia después de que esta fórmula quedase desaconsejada al finalizar la pandemia de covid.

Sumar considera que la acusación popular es "imprescindible para el control de la sociedad civil sobre los abusos del poder económico y político", por lo que rechaza la propuesta del socio mayoritario del Gobierno. El objetivo del partido de Yolanda Díaz y sus aliados pasa por "fortalecer" esta fórmula e incluso "introducir más previsiones garantistas en la ley". La formación magenta propone además que el texto que se apruebe finalmente en las Cortes "contenga más mecanismos de protección de los derechos fundamentales en el debido proceso, y facilite el uso de las lenguas cooficiales del Estado".

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La reforma impulsada por Bolaños recoge la proposición de ley del grupo Socialista en el Congreso sobre la acusación popular, que quedó varada en los cajones del Congreso, pero también una remodelación del funcionamiento del jurado y también un giro copernicano en la instrucción judicial, que pasaría de los jueces a la Fiscalía. Y esto no es baladí, ya que el Ministerio Fiscal pasaría a tomar el control de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El propio ministro de Justicia ha admitido en la rueda de prensa en Moncloa que los socios tienen "una visión diferente" de la acusación popular. "Hoy es una herramienta de organizaciones ultras para perseguir a personas progresistas sólo por el hecho de serlo", ha expresado Bolaños, que cree que la aproximación de Sumar es "ingenua o inocente". El dirigente socialista, no obstante, se ha mostrado optimista para lograr armar una mayoría para cambiar "una ley decimonónica que no se corresponde con la realidad de nuestro país".

La pugna dentro del Gobierno sobre el modelo judicial llega apenas una semana después de otro desencuentro entre los socios de Moncloa a cuenta de la vivienda. El espacio que dirige Yolanda Díaz presentó hace unos días un plan de respuesta a la crisis que sufre el país en el acceso a la vivienda, con ideas como el blindaje de los actuales contratos de alquiler.

El PSOE acogió con tibieza la propuesta, pero más llamativo aún fue la sugerencia de la portavoz parlamentaria, Verónica Fernández Barbero, que deslizó que la titular de Vivienda, Isabel Rodríguez debería dejar su cargo. El enfado de los magentas llegó después de que se divulgara la campaña del Ministerio sobre varias personas mayores compartiendo piso y el anuncio de la creación de un teléfono de atención a la ciudadanía.