El Supremo rechaza el recurso del fiscal general contra su fianza de 75.000 euros
"Consideramos que en este caso es admisible que se declare la existencia de daños morales susceptibles de compensación económica", advierte el alto tribunal
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El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, contra la decisión del magistrado de imponerle una fianza de 75.000 euros para asegurar las eventuales responsabilidades que se puedan derivar del juicio por revelación de secretos que se celebrará contra él a partir del próximo 3 de noviembre. La Abogacía del Estado recurrió esta fianza en nombre de García Ortiz y la Fiscalía se adhirió a sus argumentos, pero la Sala de lo Penal rechaza ahora los mismos.
"Solo podríamos apreciar una posible desproporción si la cantidad fijada por el instructor (75.000 euros) fuera notoriamente improbable y, atendida la petición de indemnización realizada por la acusación particular, los conceptos que incluye (daño moral, intereses y costas procesales) y las demás circunstancias concurrentes, no podemos llegar a semejante conclusión", advierte el Supremo.
El novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, reclama una indemnización de 300.000 euros a García Ortiz, así como cuatro años de prisión por la supuesta revelación de secretos que cometió al filtrar el correo electrónico en el que su abogado trataba de cerrar un pacto con la Fiscalía en el procedimiento paralelo que se sigue contra él por fraude fiscal. González Amador también pide que le impongan una multa de más de 100.000 euros y que se le inhabilite para el cargo de fiscal general.
"Frente a la alegación de que no cabe apreciar la existencia de daños morales por las actuaciones de terceros, consideramos que en este caso es admisible que se declare la existencia de daños morales susceptibles de compensación económica", advierte ahora el Supremo para rechazar el recurso de la Abogacía contra la fianza de 75.000 euros. "El daño moral viene representado por el impacto o el sufrimiento psíquico que en la víctima ocasione la comisión del delito y es factible que la revelación de la información reservada que no debiera ser conocida públicamente haya podido tener un impacto psicológico negativo en la víctima, susceptible de compensación".
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La Abogacía también trató de defender que el fiscal general estaba legalmente exento de prestar fianza, como todos los que "actúan en nombre del Estado". Sin embargo, los magistrados subrayan que dicha norma debe interpretarse en relación con los preceptos del Código Penal, que distingue entre la responsabilidad civil del Estado y la de sus autoridades.
"La interpretación del artículo (...) no puede conducir a extender la eficacia de la exención a las autoridades o funcionarios públicos que se integran en los distintos órganos del Estado y frente a los que se siga un procedimiento penal por su actuación personal en el ejercicio de sus funciones", advierte el Supremo. "Estos últimos tienen una responsabilidad civil directa y deben responder con su propio patrimonio, por lo que es de todo punto coherente que la responsabilidad que pueda declararse en la sentencia sea objeto de medidas cautelares como la prestación de fianza".
En un primer momento, el magistrado instructor impuso una fianza de 150.000 al tener también en cuenta la posible multa. Sin embargo, la doctrina constitucional no permite sumar la posible multa porque supondría anticipar una eventual condena, por lo que, tras advertir el error, el propio juez rebajó la fianza a 75.000 euros y la Sala de lo Penal avala ahora esa cifra.
El calendario del juicio
El juicio contra García Ortiz se celebrará entre el 3 y el 13 de noviembre. En total, seis días de sesiones en los que se escuchará a más de 40 testigos, entre los que destacan el propio González Amador; el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez; el ex secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato; el exsecretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés, y Pilar Sánchez Acera, que es la mano derecha del entonces jefe de Gabinete de Moncloa y hoy sucesor de Lobato en el PSM, Óscar López.
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También están citados Julián Salto, el fiscal que investigó a González Amador por delitos fiscales; Pilar Rodríguez, la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid que ha estado imputada hasta el último momento, y Almudena Lastra, la jefa de la Fiscalía Superior de Madrid cuya testifical resultó demoledora para García Ortiz durante la investigación. El fiscal general, que es único acusado, declarará el último de todos, como pidió su defensa.
El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, contra la decisión del magistrado de imponerle una fianza de 75.000 euros para asegurar las eventuales responsabilidades que se puedan derivar del juicio por revelación de secretos que se celebrará contra él a partir del próximo 3 de noviembre. La Abogacía del Estado recurrió esta fianza en nombre de García Ortiz y la Fiscalía se adhirió a sus argumentos, pero la Sala de lo Penal rechaza ahora los mismos.