El juez investiga ya una adjudicación de Interior a un cliente de Cerdán para construir una cárcel

La investigación del Tribunal Supremo sobre el pago de comisiones ilegales a dirigentes del PSOE para amañar adjudicaciones públicas afecta ya a un contrato del Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska. Según han confirmado a El Confidencial fuentes próximas al caso, las sospechas se centran en las obras de la nueva cárcel de Zubieta (Centro Penitenciario Norte III), en Guipúzcoa, que arrancaron en 2021 con una dotación de 42,7 millones de euros y en 2023 recibieron 1,8 millones adicionales.

Hasta ahora, las pesquisas se centraban en compras de material sanitario y adjudicaciones de infraestructuras del Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos (junio 2018-julio 2021) y los gobiernos de Navarra de Uxue Barkos (julio 2015-agosto 2019) y María Chivite (agosto 2019-actualidad). La prisión de Zubieta extiende la causa a otro departamento del Gobierno de Pedro Sánchez y amplía la presunta capacidad de influencia de Santos Cerdán y su antecesor en la Secretaría de Organización del PSOE en la maquinaria licitadora de la administración pública.

El proyecto de la cárcel de Zubieta fue anunciado en 2020 por el propio Grande-Marlaska para reemplazar a la vieja prisión de Martutene. El ministro aseguró que se convertiría en el centro penitenciario más moderno de España. Las obras fueron licitadas por la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse), una empresa pública del Ministerio de Hacienda que, en la práctica, depende únicamente del Ministerio del Interior. Su presidenta entre agosto de 2018 y abril de 2024 fue la socialista Mercedes Gallizo. En la actualidad, su máxima responsable es otro cargo del PSOE, la exdiputada en el Congreso Sofía Hernanz.

En noviembre de 2020, la Plataforma de Contratación del Estado anunció oficialmente la construcción de Zubieta con un precio máximo de 41,3 millones de euros más IVA y un periodo de ejecución de 22 meses. El nombre de la oferta ganadora se conoció en febrero de 2021. Una UTE integrada por Acciona (50%), la empresa guipuzcoana Construcciones Murias (25%) y la compañía vizcaína Cycasa Canteras y Construcción SA (25%) se impuso a los otros nueve candidatos. La decisión se convirtió en definitiva en mayo. Entre las perdedoras se encontraban OHLA, FCC, Dragados y otras grandes cotizadas.

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Los investigadores han descubierto que, en el verano de 2021, apenas unas semanas después de la adjudicación de la cárcel, una de las empresas de la UTE ganadora, Cycasa SA, comenzó a realizar pagos a Servinabar, la constructora de Pamplona que se ha convertido en el epicentro de la trama navarra del caso Koldo tras descubrir que Cerdán era propietario del 45% de sus acciones desde que el 1 de junio de 2016 firmó un contrato privado con el administrador de la compañía, su socio Joseba Antxon Alonso Egurrola.

El Supremo reclamó a la Hacienda Foral de Navarra todos los movimientos de Servinabar. La respuesta llegó al Alto Tribunal en julio. Entre el verano de 2021 y el otoño de 2022, Cycasa SA abonó a Servinabar un total de 150.000 euros más IVA (181.500 euros). La constructora de Cerdán recibió el dinero en 15 mensualidades de 10.000 euros redondos. Los investigadores no sólo se han fijado en la artificiosidad del importe, sino también en la aparente falta de justificación de los pagos. En conjunto, los 150.000 euros equivalen aproximadamente al 1,5% de los fondos públicos que se llevó Cycasa por su peso en la UTE de la cárcel de Zubieta.

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Esos pagos de la constructora vizcaína coincidieron en el tiempo con otras entregas de dinero a Servinabar que carecen igualmente de motivación. La compañía que más dinero inyectó en la mercantil de Cerdán fue precisamente Acciona, principal adjudicataria de la prisión. Pero, en el caso de la cotizada de la familia Entrecanales, la UCO ya tenía indicios de irregularidades en más de una decena de contratos de carreteras y de alta velocidad que fueron concedidos tanto por el Ministerio de Transportes como por el Gobierno de Navarra. A lo largo de 10 años, Acciona abonó a Servinabar al menos 6 millones de euros.

Con todo, la pista que ha encaminado las diligencias hacia el contrato licitado por Grande-Marlaska sale de las entregas de Cycasa. Fuentes próximas a las diligencias añaden que también se ha localizado documentación que refuerza los indicios de criminalidad del contrato. Otra UTE ofreció un precio más bajo que la propuesta ganadora, pero descalificada por baja temeraria. El Pliego de Cláusulas Administrativas establecía la obligatoriedad de acreditar la solvencia técnica y financiera pero una de las integrantes de la UTE vencedora, Construcciones Murias, entró en concurso de acreedores en marzo de 2024 y acumula una deuda de 50,7 millones de euros.

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Se da la paradoja de que, tras la victoria de la oferta de Acciona, Construcciones Murias y Cycasa por su bajo precio, las tres compañías lograron que Siepse aumentara en mayo de 2023 la dotación presupuestaria del proyecto con otros 1,8 millones de euros, dejando el precio final en 44,5 millones. Tampoco han cumplido la obligación de acabar las obras en 22 meses. Los trabajos deberían haber terminado en 2023 pero el Gobierno vasco, que ha asumido las competencias de prisiones, acaba de adjudicar un contrato de dirección de obra para culminar la instalación. Está previsto que los reclusos de Martutene sean trasladados a Zubieta en febrero de 2026.

Las tripas de la constructora de Cerdán revelan que parte de los fondos pagados por Acciona, Cycasa y otras constructoras fueron trasvasados posteriormente a cooperativas en las que trabajaba su hermana, Belén Cerdán, o figuraba como administrador su amigo Koldo García Izaguirre, mano derecha de Ábalos. La UCO está investigando el patrimonio de Cerdán por orden del juez Leopoldo Puente. Desde junio, el antiguo secretario de Organización del PSOE se encuentra en prisión provisional en la cárcel de Soto del Real.