El juez García Castellón saca libro y ajusta cuentas: "La Fiscalía ya es un apéndice del Gobierno"

El juez Manuel García Castellón saca libro. Lo hace desde su jubilación después de haber estado al frente de varias de las investigaciones más sensibles de los últimos años desde su juzgado de la Audiencia Nacional: Lezo, Púnica, Tsunami Democràtic, Villarejo… Muchas de sus decisiones le llevaron a ocupar un lugar destacado en el relato del lawfare que introdujo Podemos y continuaron después los independentistas y el PSOE. Dice que los jueces no se pueden defender de los ataques por riesgo a ser recusados por los investigados. Ahora, ese riesgo ha pasado y aprovecha para ajustar algunas cuentas, por ejemplo, contra la Fiscalía: "Se ha convertido en un apéndice del Gobierno".

Basta leer la dedicatoria del libro para anticipar el tono de lo que narran sus 198 páginas: “A los magistrados que en las escalas profesionales superiores resisten las presiones de otras jerarquías”. Así arranca este libro editado por Deusto y que llega el 29 de octubre a las librerías bajo el título ‘Habla, para que se conozca’. Eso a pesar de que uno de los casos con más enjundia de los que afrontó, el que llevó a prisión al polémico comisario José Villarejo, lo despacha en apenas cuatro folios y medio que incluyen una frase enigmática: “No se ha contado ni el 1 por ciento”.

Al momento de su jubilación, Manuel García Castellón había abierto 47 piezas separadas de esa investigación que se bautizó como el caso Tándem y que fue considerada en los medios como la piedra Rosetta de la corrupción en España. Cuenta que, cuando accedieron a registrar la casa del comisario, se encontró “una habitación que parecía una inmensa comisaría llena de archivos”. Pero estaban encriptados y en España no existían sistemas para poder acceder a ellos. Revela que se planteó recurrir a “algún organismo extranjero”, pero que él mismo lo descartó: “No debía llegar a manos de potencias extranjeras”.

“Es posible que nunca lleguemos a saber cuál fue la magnitud real de la trama, ni quienes fueron todos los implicados de un modo u otro en ella”, zanja. El libro lleva la firma del juez, pero también la de los periodistas Ernesto Sáenz de Buruaga y Luis del Val, quienes han plasmado el resultado de horas de entrevistas con el magistrado. La mayor parte de la narración es en tercera persona, pero algunos pasajes son entrecomillados directos del protagonista u opiniones específicamente señaladas por los autores.

La invasión política de la justicia

El último capítulo lleva el inequívoco título ‘La invasión política de la Justicia’. Aborda algunas de las cuestiones que han acaparado el debate político y judicial, como la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Dice García Castellón que no es partidario de que los jueces sean elegidos por sus asociaciones profesionales porque “igual que los partidos, también son sindicatos de intereses”.

Concede que “es cierto que en España, algunos jueces, ya sea por ambición profesional, afinidad ideológica o, directamente sectarismo político, han podido dejarse influir por el ambiente que los partidos generan a su alrededor”. Pero, acto seguido, el libro tacha de “falsa” y “desquiciada” la teoría del “famoso lawfare”, es decir, las maniobras de un Estado profundo conjurado contra “el llamado gobierno de progreso”. “Hasta ahora, los jueces solo eran atacados por las mafias o las grandes fortunas, pero nunca desde el propio Gobierno”, dice el libro, según el cual, en esa situación se encuentra el juez Juan Carlos Peinado, que investiga a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En este mismo capítulo se analiza la figura del Tribunal Constitucional y de su presidente, Cándido Conde-Pumpido, sobre el que el libro dice lo siguiente: “Tampoco hay demasiadas dudas sobre su escaso sentido de Estado en los últimos años”. La narración recuerda la frase que pronunció cuando era fiscal general del Estado durante el gobierno del presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero y que le persigue desde entonces: “El vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino”.

García Castellón lamenta –esto sí en primera persona– que el Tribunal Constitucional “ha llegado en ocasiones a invadir competencias del Supremo al anular sentencias firmes como si fuera un tribunal de casación”. También dice que “la dimisión del fiscal general (Álvaro García Ortiz) era necesaria desde el momento en que fue procesado”. Para justificar la dependencia actual del ministerio público respecto a Moncloa, el libro también recuerda la entrevista que Sánchez concedió a Radio Nacional para asegurar que la Fiscalía pediría la detención de Puigdemont: “¿La Fiscalía de quién depende?”.

En ese sentido, el libro muestra su oposición a que los fiscales asuman la instrucción como pretende el Gobierno. Explica que no gozan de independencia al ser un órgano jerárquico, mientras que la independencia de los jueces está consagrada en la Constitución.

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También se detiene en el ministro de Justicia, Félix Bolaños, al que la narración acusa de haberse convertido en “un ariete contra las decisiones judiciales utilizando a la Abogacía del Estado, y de ese modo se cierra el círculo: se ataca al sistema desde el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Justicia”.

“Es la operación –zanja el juez– para continuar con el desmembramiento del Estado de derecho que conocemos hoy y que se completa con la ocupación de las instituciones, los medios de comunicación, las empresas del IBEX, la CNMV, el Tribunal de Cuentas y todo lo que se necesita para que el derribo de la España constitucional siga adelante”.