Grinda y Stampa: los fiscales que quisieron comprar las cloacas y acorralan ahora a la fontanera de Ferraz

Las cloacas del PSOE no solo querían acabar con el jefe de la UCO, Antonio Balas, sino que también trataron de forzar la destitución del jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón. Así lo han denunciado los fiscales José Grinda e Ignacio Stampa, a los que intentaron sobornar para conseguir información comprometedora sobre su jefe. Tras varios años llevando las riendas de algunos de los casos más mediáticos de España, Grinda y Stampa han terminado por protagonizar uno.

En el caso de Grinda, las cloacas le abordaron en febrero. Un periodista, Pere Rusiñol, le pidió reunirse y, nada más llegar, le entregó un papel doblado en cuatro partes. La oferta era clara: a cambio de información comprometedora sobre Luzón, le daban un destino en el extranjero y le "liberaban" de una demanda. En cuanto a Stampa, se reunió en mayo con la fontanera del PSOE, Leire Díez, y con el empresario Javier Pérez Dolset. "La situación hay que revertirla, caiga quien caiga, y eso es lo que ha dicho el presidente", le indicó este último. Stampa tuvo la precaución de grabar el encuentro: el audio ya está en los juzgados.

El juez tomará declaración a Grinda y Stampa el próximo 5 de noviembre para que detallen estos intentos de soborno. Ese será el último capítulo de dos fiscales cuyos nombres ya resultan inseparables de determinados procedimientos. En el caso de Stampa, el de Villarejo. Y en el de Grinda, el del 3% o los casos que afectan a mafias rusas, que le han valido un par de amenazas de muerte durante los últimos años.

Stampa y su batalla con Delgado

Stampa (Madrid, 1973) se incorporó a Anticorrupción en 2016. Apenas un año después, el comisario José Manuel Villarejo fue detenido y tanto Stampa como su compañero Miguel Serrano comenzaron a acaparar un titular tras otro. La causa no dejaba de crecer y al listado de imputados se iban sumando empresas del Ibex-35 junto a políticos de primera línea.

La propia ex fiscal general del Estado, Dolores Delgado, se vio salpicada por la macrocausa en 2018, cuando aún ejercía como ministra de Justicia y El Confidencial desveló los audios que mostraban su compadreo y el de su pareja, el exmagistrado Baltasar Garzón, con Villarejo. "Lola" y "Balta", como se referían a ellos los policías en estas grabaciones, lo mismo hablaban con Villarejo de haber visto a jueces y fiscales "con unas tías de 17 años" que llamaban "maricón" al ministro Grande-Marlaska.

En medio de esas idas y venidas, el papel de Stampa en la causa no estuvo exento de polémicas. Ahí quedan, por ejemplo, las exclusivas de este diario sobre cómo un chat interno de Podemos revelaba que los fiscales les habían proporcionado información de la pieza secreta en la que se investigaba el robo de un móvil a una exasesora del partido. "Nos ha avisado Ironman...", afirmaba la abogada de Podemos en uno de los mensajes, en referencia a Stampa.

La Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado le abrió una investigación por aquellos hechos en junio de 2020 y, cuatro meses después, en octubre, se produjo el evento que terminó por marcar la carrera de Stampa: su salida de Anticorrupción en pleno caso Villarejo.

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En 2020, tanto él como su compañero Miguel Serrano se encontraban en comisión de servicios en Anticorrupción y necesitaban que el Consejo Fiscal les asignara una plaza fija para seguir al frente del procedimiento. Serrano lo consiguió gracias a los votos de la Unión Progresista de Fiscales, a la que pertenece la propia Delgado. Stampa, por el contrario, no consiguió ni un solo apoyo de los vocales presentes.

A partir de ese momento, emprendió una cruzada contra Delgado. Entre las acusaciones que lanzó contra ella, destacaba su "interés personal" en el caso Villarejo y la relación de su "pareja sentimental" con algunos investigados. En cuanto a su salida de Anticorrupción, criticó que era irregular porque a los vocales no se les había facilitado una información clave: en el momento de la votación, la Fiscalía ya había propuesto el archivo de las diligencias de investigación contra él por los mensajes de Podemos.

La Audiencia Nacional atendió en parte sus argumentos el pasado febrero y concluyó que debía ser indemnizado con 4.000 euros porque la investigación en su contra se alargó de forma "innecesaria", pero, para entonces, este pago ya era lo de menos. Un año antes, el propio Stampa había publicado un libro en el que se encargaba de ajustar cuentas. "El complot", tituló el mismo.

La llamada de las cloacas

Las cloacas del PSOE consideraron que podían sacar provecho de esta situación y trataron de sumarlo a sus filas. Tras ponerse en contacto con él, le indicaron que el Gobierno quería "disculparse" por el "comportamiento injusto" que había sufrido al salir de Anticorrupción. También le dijeron que el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, iba a reunirse en persona con él, pero, tras acudir a la cita el 7 de mayo, se encontró con Leire Díez y Pérez Dolset.

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Stampa alertó a la Fiscalía sobre lo ocurrido durante aquella cita 20 días después. En concreto, envió un correo para avisar de que conocía "una serie de hechos" que podían "ser de relevancia en relación con las noticias publicadas". Un día antes, El Confidencial había desvelado los audios en los que la fontanera del PSOE pedía a un investigado información comprometedora del jefe de la UCO Antonio Balas.

"Si bien no se me propuso realizar ninguna actuación de naturaleza delictiva de forma directa, sí se me preguntó en varias ocasiones, tan insistente como veladamente, por irregularidades que yo pudiera conocer de los tres funcionarios contra los que dirigieron sus continuas y más graves críticas: los fiscales Anticorrupción Alejandro Luzón y José Grinda y el magistrado Manuel García-Castellón", reveló Stampa ante la Fiscalía.

Grinda y la "protección"

Apenas un mes antes, las cloacas también habían intentado un acercamiento similar con el propio Grinda (Madrid, 1964). Sin embargo, acabó en un estrepitoso fracaso: el fiscal no solo se negó a colaborar con ellos, sino que avisó a Luzón y presentó una denuncia en Anticorrupción ese mismo día.

Según indicó en la misma, el papel que le habían entregado comenzaba diciendo que él mismo había pedido "protección": "Si no recuerdo mal, estaba en mayúsculas el término 'protección''". A partir de ahí, le ofrecían "un destino en el extranjero (en concreto, tres opciones)" y se comprometían a 'liberarme' de una demanda, "pagando a la demandante (Miriam) el triple de lo que me pedía en un procedimiento judicial".

En cuanto a su supuesta petición de protección a las autoridades, Grinda negó ese extremo ante la Fiscalía. "Yo le dije [al periodista] que había hablado con el fiscal general del Estado y con José Luis Rodríguez Zapatero para conseguir comparecer en la comisión del Congreso", aseguró, en referencia a la comisión del Congreso sobre la llamada operación Cataluña. "Fuera de ahí, en su vida ha pedido favores de esta clase", recoge el acta de su declaración.

En cualquier caso, las cloacas sí conocían bien su trayectoria, pues, además de información sobre Luzón, también intentaron que les ayudara a desactivar una serie de causas. Entre ellas, la del 3%.

El fiscal del 3%

La participación del fiscal en esta causa sobre la trama de corrupción de Convergencia, antecesora de Junts per Catalunya, ha dejado fotografías como la que se incluye en este artículo, que se tomó en 2017 y le muestra saliendo del Palau de la Generalitat después de que la Guardia Civil hubiera acudido al mismo a por documentación.

Aquel mismo año, el entonces fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, quiso apartar tanto a Grinda como a su compañero Fernando Bermejo del caso del 3% y remitir el procedimiento a Cataluña, lo que abrió un cisma en la Fiscalía y provocó que el entonces fiscal general del Estado, José Manuel Maza, paralizara la propuesta. Poco después, Moix dimitió por la polémica de su offshore en Panamá y su sucesor, el propio Alejandro Luzón, optó por mantener a ambos fiscales al frente de la investigación.

De esta manera, Grinda se convirtió durante años en la cara visible de uno de las mayores investigaciones sobre corrupción de la historia de España y no dudó en conceder entrevistas sobre ello. Al mismo tiempo, asumió causas como la de Ilia Traber, un presunto cabecilla de una organización criminal rusa. Aunque a nivel mediático esta causa no acaparara tantos titulares, Grinda sufrió sus efectos durante años, hasta el punto de pedir amparo a la Fiscalía General del Estado a finales de 2021

"Había decidido matarme, siendo el motivo mi participación como fiscal en el juicio que se estaba celebrando en la Audiencia Nacional", advirtió en su escrito sobre Traber. "La Fiscalía General había recibido información según la cual Ilia Traber había amenazado con atentar contra mi familia y contra mí", añadía.