La Audiencia investiga por lesa humanidad al presidente de Sidenor por vender acero a Israel

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge investiga por delitos de contrabando y participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o de genocidio al presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga Gómez, y a otros dos directivos por la venta de partidas de acero a la compañía Israel Military Industries (IMSI). Según advierte, los tres tenían pleno conocimiento de que se trata de un fabricante de armas, tanto pesadas como ligeras, y de que el material vendido iba a ser utilizado para fabricar armamento.

De Jorge ha levantado el secreto de las actuaciones este mismo viernes y ha citado a los tres como imputados el próximo 12 de noviembre. El magistrado destaca que los hechos ocurridos en Gaza son de dominio público tanto por la información publicada a diario como por las advertencias realizadas por el Tribunal Penal Internacional, así como por las denuncias presentadas por la Relatora Especial de la ONU y por la UNRWA, entre otras personas y agencias de Naciones Unidas.

Teniendo en cuenta dichas circunstancias, apunta a que esta venta de acero a una empresa de armamento israelí sería constitutiva de un delito de contrabando y de otro de participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o, alternativamente, de complicidad en un delito de genocidio.

De Jorge también sostiene que los hechos son imputables a la sociedad mercantil Clerbil SL, que ostenta el cargo de administrador único de Sidenor Holdings Europa. Sin embargo, entiende que no procede por el momento considerar como persona jurídica investigada a la sociedad mercantil Sidenor Aceros Especiales SLU. Desde la Audiencia Nacional explican que esta última decisión se basa en "el papel activo de los trabajadores de esta empresa y su contribución a la denuncia pública, así como a impedir la continuación de la actividad presuntamente delictiva".

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EFE

De hecho, el magistrado ha aplicado la directiva europea que regula "la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de la lucha contra la corrupción". Esta normativa permite extender la protección a "las personas jurídicas que puedan tener la condición de informantes", una posibilidad que el juez activa en este caso "en interés de los trabajadores" y para que Sidenor no se vea "afectada por las medidas cautelares ni tampoco por las eventuales penas que pudieran imponerse".

La causa parte de una querella de la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa. "Las presentes diligencias previas se encuentran declaradas secretas en virtud de auto de fecha 1 de julio de 2025, habiéndose prorrogado por última vez por resolución de fecha 1 de octubre", recoge el juez un auto fechado este jueves al que ha tenido acceso El Confidencial. "A la vista del estado del procedimiento, y del tiempo transcurrido, procede alzar el secreto de las actuaciones".

De cara a la citación de los investigados el próximo 12 de noviembre, el juez remarca que la venta de acero se habría llevado a cabo sin haber solicitado la correspondiente autorización del Gobierno y sin inscribirse en el registro correspondiente, tal y como consta en un oficio de la Comisaría General de Información del pasado 10 de septiembre.