Stampa y Grinda cercan a Leire por mentir en el Senado: "No recabo información de fiscales"

La fontanera del PSOE entra en una encrucijada. Los testimonios aportados por los fiscales José Grinda e Ignacio Stampa en la causa contra Leire Díez que investiga un juzgado de Madrid contradicen la versión de los hechos que ofreció en la Comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, donde está obligada por ley a decir la verdad. Afirmó que nunca recabó información de "fiscales" ni de "jueces", algo que choca frontalmente con lo atestiguado por ambos representantes del Ministerio Público. Uno de ellos, el fiscal Stampa, grabó la conversación con Leire Díez y su socio en las cloacas, el empresario Javier Pérez Dolset.

Stampa refiere en su denuncia que Díez y Dolset le pidieron datos comprometedores del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, a cambio de mejoras laborales y apoyo en una causa por la que se le investiga en el Tribunal Supremo. Luzón es quien está al frente de la investigación del caso Koldo que ha llevado a Santos Cerdán, hasta hace poco número dos de Pedro Sánchez en el PSOE, a la prisión de Soto del Real.

Díez fue preguntada en el Senado a este respecto que "para qué recababa información sobre jueces, fiscales y periodistas", algo que la fontanera negó tajantemente. "Eso es incierto, yo no recababa información sobre jueces, fiscales y periodistas. Recababa información sobre el papel de los organismos del Estado en determinada época, en determinados casos y demás", aseveró.

"Muchos de ellos están siendo juzgados, están todavía en fase de seguir con más investigación, y eso no es investigar a jueces, fiscales y periodistas. O, en todo caso, usted también estará de acuerdo en que, basándome en esa teoría, ¿ahora también estamos investigando a los periodistas que investigamos?", añadió. Díez insistió en aquella comparecencia en su labor de periodista de investigación, aunque reconoció que no ha publicado artículos en ningún medio.

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El otro fiscal cuya denuncia ha sido admitida por el juzgado de instrucción número 9 de Madrid en el caso Leire, José Grinda, también apunta que en su encuentro con Pere Rusiñol, el periodista dijo actuar en representación de Leire. Rusiñol le pidió información sobre Luzón y archivar varios casos de corrupción a cambio de liberarle de una demanda y proporcionarle un destino en el extranjero.

La versión de Stampa se opone a la de la fontanera en otro punto clave. Díez aseguró en el Senado no trabajar para el Partido Socialista: "Esta investigación tiene que ver con el mal funcionamiento de las instituciones durante un periodo de tiempo... Eso no es un trabajo para el PSOE, sino que supongo que será un trabajo para el Estado de derecho". Afirmó que no trabajó para el PSOE y ciñó su última vinculación laboral a su etapa al frente de las redes sociales del PSOE cántabro en 2008.

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Sin embargo, Stampa explica en su denuncia que la persona que le comunicó la reunión -enmarcada en "el interés del Gobierno de la nación" de contactar con él para "disculparse"- le dijo que contaría con la participación de Javier Pérez Dolset y, "en nombre del Gobierno", el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. El encuentro tuvo lugar el 7 de mayo, pero en lugar de Cerdán acudió Leire Díez. El fiscal apunta que la propia fontanera del PSOE es quien "excusó la ausencia de Cerdán, afirmando que le trasladaría después todo lo que se dijera". Además, se presentó como "la persona que ha puesto el PSOE para saber qué hay detrás de esto".

Otro de los puntos conflictivos es sobre el conocimiento que tendría el presidente del Gobierno sobre la actividad de Leire Díez orquestada por Santos Cerdán. Stampa asegura que en el encuentro que mantuvo con los integrantes de las cloacas del PSOE, estos afirmaron seguir instrucciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Cuando salió la imputación de Begoña, Leire llamó porque el presidente había dado orden de limpiar, sin límite... la situación hay que revertirla, caiga quien caiga... Eso es lo que ha dicho el presidente".

En cambio, Leire Díez, imputada por cohecho, tráfico de influencias e intento de soborno, se distanció de Sánchez en su declaración en el Senado: "Yo no tengo contacto con el presidente del Gobierno... No he hablado ni una sola palabra con el presidente del Gobierno".

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Ante las últimas informaciones sobre las denuncias de Stampa y Grinda, la fontanera del PSOE ha pasado a la ofensiva. Como ha adelantado La Razón, Díez ha interpuesto una denuncia contra Grinda ante la Fiscalía Anticorrupción donde le acusa de hasta cinco delitos, entre ellos el de denuncia falsa. Alega que el fiscal mantuvo relación con el medio Crónica Libre, del que era fundadora, hasta 2023, cuando tras una bronca se habría roto para siempre. Por este motivo, alega, nunca podría reunirse con él. Contra Stampa, que alega haber grabado la reunión, no ha interpuesto ninguna denuncia.

Esta misma semana, el juzgado de instrucción número 24 de Madrid ha admitido a trámite una querella contra Santos Cerdán por un delito de falso testimonio a cuenta de su comparecencia en la comisión del caso Koldo en el Senado. "Habría faltado sustancialmente a la verdad", apunta la jueza en el auto adelantado por El Confidencial. Cerdán negó encuentros con Koldo García que quedaron acreditados en conversaciones incautadas por la Guardia Civil en dispositivos que el exasesor almacenaba en su casa.

El próximo 30 de octubre pisará la misma comisión el propio Pedro Sánchez, que estará obligado a decir la verdad. El presidente también podría optar por permanecer en silencio y no contestar ninguna pregunta, un derecho al que se suelen adherir los imputados en alguna de las causas que afectan al Ejecutivo. No es el caso de Sánchez, aunque no sería el primer no imputado que decide no declarar en la comisión de investigación de la Cámara Alta. El jefe de gabinete de María Jesús Montero, Carlos Moreno, decidió no responder a ninguna pregunta. Moreno fue señalado por Víctor de Aldama por cobrar una presunta comisión a cambio de aplazar la deuda de una de sus sociedades inmobiliarias. El Tribunal Supremo constató que, efectivamente, dicho aplazamiento de la deuda sí se produjo.