El Gobierno obvia los avisos de Junts y no ve a Puigdemont rompiendo

Como en la fábula Pedro y el lobo, hace mucho tiempo que el Gobierno no se toma en serio las amenazas de Junts. La relación está llena de altibajos, fluye o se atasca según dicta Carles Puigdemont, pero la Moncloa no ve la legislatura en riesgo. Básicamente, porque la única manera de ponerle fin es con una moción de censura que una a los posconvergentes con PP y Vox y ese escenario no lo contemplan en absoluto.

En una Cataluña que se movilizó en masa en las últimas generales para impedir un gobierno de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, creen que sería un suicidio político para Puigdemont. "Sacaría cero diputados en las siguientes elecciones". Eliminada esta variable en el mapa de riesgos monclovita, nada de lo que haga Junts puede ser tan malo. Tampoco que su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, le advierta al presidente: "Quizás habría que hablar menos de cambios de horario y empezar a hablar, señor Sánchez, de la hora del cambio".

Una frase estudiada al detalle, que lleva implícita una amenaza. "O cambian ellos o cambia la manera de Junts de hacer política", confirman en Junts. "Se van acabando los motivos para dar apoyo a este Gobierno". Con este mensaje, los posconvergentes buscan, sobre todo, meter en agenda los temas pendientes. El acuerdo de Bruselas, recuerdan, dice que si no se cumplen los acuerdos, dejarán de garantizar la estabilidad del Ejecutivo.

El lunes, Puigdemont recibió en Waterloo a una representación de alcaldes de su partido, inquietos por el predicamento de Aliança Catalana (la ultraderecha independentista) en los municipios del interior de Cataluña. La reacción de la dirección fue culpar al PSOE de desdeñar sus proposiciones de ley “para hacer frente a la ocupación ilegal de inmuebles” o sobre multirreincidencia. Y el siguiente paso ha sido hablar de "cambio" en el Congreso.

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En la Moncloa no lo interpretan como un ultimátum, si no como la habitual presión de Junts, que unas veces se manifiesta con más fuerza que otra. "No es una amenaza", mantienen. "Suben el tono para apretar". Pero, "no se rompe nada". "Tranquilidad", apuntan. Otras fuentes del Gobierno limitan las palabras de Nogueras a "una frase redonda para el telediario", sin más trascendencia. La reacción invariablemente es la misma: "Calma".

En el Ejecutivo se abren incluso a negociar sobre cuestiones como la ocupación o la reincidencia, que forman parte de la agenda conservadora. "Siempre hay opciones", señalan, aunque suena más a mantra de gobierno súper dialogante que a posibilidad real. Ya pactaron con Junts la cesión de competencias de inmigración a Cataluña y no han podido aprobarlo por el rechazo de Podemos, que sólo se avendrá a avalarlo si Puigdemont respalda la Iniciativa Legislativa Popular para regularizar inmigrantes.

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En muchos asuntos, las vías para contentar a Junts son escasas. Pero la legislatura depende de sus votos y por muchas crisis que atraviesen, y ya son varias, están condenados a entenderse mientras que los posconvergentes no opten por el desenlace de la moción de censura. Su voto es crucial para los presupuestos que Sánchez ha prometido presentar esta vez, a riesgo incluso de no sacarlos adelante, y para aprobar el paso previo: la senda de déficit y el techo de gasto.

El Gobierno ha prometido remitirlo al Congreso en las próximas semanas, pero en Junts confirman que no han contactado con ellos. "No salen los números sin nosotros y no nos han llamado", destacan. En Hacienda son conscientes de que no tiene atado el apoyo de Puigdemont, pero se escudan en que primero están pactando las cuentas de 2026 con Sumar, en el seno del Ejecutivo de coalición.

Al contrario de lo que a veces pueda parecer, tras la vuelta de las vacaciones en la Moncloa no improvisan. Tienen absolutamente pensados todos los pasos que van a dar, de cara al comienzo de un nuevo ciclo electoral, con Castilla y León, Andalucía y Aragón y Extremadura, si finalmente deciden adelantar. Darán la máxima publicidad a su proyecto de presupuestos y también a su propuesta de financiación autonómica.