El sector progresista del CGPJ se rebela contra la Comisión de Venecia y rechaza sus recomendaciones

El sector progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió ayer rebelarse contra el dictamen aprobado por la Comisión de Venecia, el órgano del Consejo de Europa que vigila la calidad democrática, después de su visita a Madrid los días 18 y 19 de septiembre para estudiar las razones por las que no se cumple el compromiso adquirido en Bruselas por el Gobierno y el PP para pactar un nuevo modelo de elección del órgano de gobierno de jueces y magistrados.

Tal y como ha podido constatar El Confidencial, en un tenso pleno que comenzó este miércoles 22 por la mañana, el sector conservador propuso tomar en consideración del informe dictado por la Comisión el pasado 13 de octubre, agradecerlo y asumirlo como propio, argumento este último que fue rechazado por los vocales progresistas, con Argelia Queralt a la cabeza. Este grupo votó en contra de la propuesta diciendo que están en contra del contenido y que le parece "la peor jamás emitida por Venecia". La votación quedó empate a diez con la abstención de la presidenta, Isabel Perelló.

Esta negativa contrasta con la circunstancia de que la decisión de pedir a la Comisión de Venecia que enviara una delegación a España se adoptó por unanimidad del CGPJ y de manera voluntaria el pasado 5 de febrero, de modo que los conservadores entienden que asumir sus recomendaciones es casi una obligación institucional.

En el informe, la Comisión considera que la propuesta del sector conservador del CGPJ, que cuenta con el respaldo del PP, “es bienvenida” porque “cumple con el estándar europeo de elección entre pares”. Aun así, subraya que “no debe pasarse por alto el riesgo de politización interna, especialmente si las asociaciones judiciales ejercen una influencia significativa sobre las nominaciones y campañas, pudiendo condicionar el proceso electoral”. En cuanto a la propuesta del sector progresista, apoyada por el Ejecutivo, el informe concluye que, además de los riesgos internos de politización señalados respecto del modelo conservador, “vulnera el procedimiento al hacerlo susceptible de politización externa en el Parlamento", por lo que "no cumple con los estándares europeos”.

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Todo comenzó el pasado 24 de junio, con el acuerdo sellado en Bruselas por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el dirigente del PP Esteban González Pons. Ese pacto constaba de dos partes. La primera se cumplió en sólo dos meses: renovar el CGPJ tras más de cinco años de bloqueo. La segunda es más problemática, porque consistía en impulsar una reforma del modelo de elección de los vocales del Consejo, y aquí empezaron los problemas. El nuevo CGPJ fue incapaz de ponerse de acuerdo y acabó elaborando dos propuestas de reforma que fueron remitidas tanto al Gobierno como al Congreso y al Senado para su examen.

Asimismo, el CGPJ solicitó a la Comisión de Venecia un dictamen sobre el sistema de elección y, posteriormente, una visita a España para entrevistarse con todos los actores implicados. La delegación, compuesta por cinco miembros, aterrizó en Madrid el 18 de septiembre para sentarse con el ministro de Justicia, representantes del Congreso, del Senado, del propio CGPJ y de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, así como con cuatro juristas.

Hace falta acuerdo

El bloqueo en el CGPJ a la hora de cumplir el compromiso adquirido por Bolaños y González Pons con la Unión Europea responde a que es necesario el voto afirmativo de 13 de sus 20 vocales, lo que hace necesario un acuerdo entre los dos bloques de 10. Por eso, el pleno que se celebró en vísperas de que expirara el plazo de seis meses, a finales de 2024, incluyó las dos propuestas. El problema está en el modo de elección de 12 de esos 20 vocales, dado que los otros ocho corresponden al Congreso y al Senado.

La propuesta del bloque conservador plantea que estos 12 vocales sean designados en elección directa por los jueces y al margen del Parlamento, que no tendría ninguna participación en el proceso de elección. Para ello, se podrían presentar candidatos individuales siempre que recaben 25 avales o uno de una asociación profesional. En cambio, el bloque progresista admite que los jueces participen en la elección de los 12 vocales, pero con el matiz de que después sean avalados por las Cortes, lo que permite que el Congreso y el Senado aún jueguen un papel directo en el proceso. Su iniciativa recoge que se puedan presentar candidatos a partir de los 30 avales y establece una fase posterior en la que se enviaría una candidatura con los más votados al Parlamento.

Renovación de comisiones

El asunto de la Comisión de Venecia no ha sido el único motivo de tensión en el pleno del CGPJ, que ha continuado en la mañana de este jueves. El órgano de gobierno de los jueces ha aprobado por mayoría la renovación de la composición de sus comisiones, y en concreto la lista presentada por el vocal Carlos Hugo Preciado, perteneciente al sector progresista pero que ha votado con los conservadores y con la presidenta. El resultado ha sido 12 a 9.

Según informa el CGPJ en una nota de prensa, la lista presentada por otros nueve vocales progresistas no pudo ser sometida a votación porque no reunía los requisitos para ello al estar incompleta y no ser subsanada. El Consejo cumple así el mandato legal establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dispone que las comisiones se renovarán anualmente. Serán presididas por Ángel Arozamena (Calificación), José Antonio Montero (Asuntos Económicos), Lucía Avilés (Igualdad), José Luis Costa Pillado (Estudios e Informes), Gema Espinosa (Escuela Judicial), José María Fernández Seijo (Relaciones Internacionales y Disciplinaria), Esther Erice (Modernización e Informática), Ricardo Bodas (Carrera Judicial) y José Carlos Orga (Asuntos Institucionales).