Operación García-Castellón: así trató Leire Díez de dañar al juez de la Audiencia Nacional

Manuel García-Castellón, hasta su jubilación juez de la Audiencia Nacional a cargo del caso Villarejo, se convirtió en uno de los objetivos del grupo que integraban Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset, entre otros, y que se encuentra ahora bajo la lupa del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid. La fontanera del PSOE buscaba información en su contra y difundía afirmaciones falsas para dañarle, según se extrae de la denuncia que presentó el fiscal Ignacio Stampa, a quien tocaron para tratar, presuntamente, de sobornarle.

Según indica la documentación de la causa, Stampa -a cargo del caso Villarejo hasta su salida de la Fiscalía Anticorrupción- se reunió con Díez y Dolset después de que le trasladaran la intención del Gobierno de disculparse con él por el trato que se le había dispensado durante la etapa de Dolores Delgado al frente del Ministerio Público. En ese encuentro, Pérez Dolset "manifestó que el magistrado Manuel García-Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional hasta su reciente jubilación, le entregó los dispositivos intervenidos al excomisario José Manuel Villarejo en el marco del asunto con el fin de que los desencriptara, dada su condición de experto informático".

En su relato sobre lo sucedido en la cita, el fiscal Stampa asegura que el empresario le indicó que logró acceder a las grabaciones de Villarejo y "que entregó múltiples archivos en tres pendrives al Inspector responsable de la unidad policial investigadora, Gonzalo Fraga, quien a su vez los entregó en el juzgado instructor". Añadió, no obstante, que se perdió un dispositivo que contenía todo lo que podría ir en perjuicio del Partido Popular -como la conocida como Operación Cataluña- y su exsecretaria general, María Dolores de Cospedal, o la llamada Operación Kitchen.

"Sobre estos hechos, que me parecieron extraordinariamente graves, le pregunté en repetidas ocasiones y, tras varias evasivas, reconoció que no tenía un documento que justificara las entregas del juzgado, pero sí se mostró contundente respecto de que él había aportado dicho material y de que insistía en que se investigase", destaca Stampa.

TE PUEDE INTERESAR

La denuncia del fiscal Stampa señala a Sánchez: "Cuando imputaron a Begoña, dio orden de limpiar sin límite"

Beatriz Parera Alejandro Requeijo

Tanto Díez como Dolset "se mostraron muy indignados porque se ocultaran todas las ilegalidades desencriptadas y puestas a disposición de la Policía y del Juzgado por él y por sus abogados, así como ofrecidas al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, quien las habría rechazado, hasta el punto de que los fiscales del caso, no nos habríamos enterado de ello, por ocultación de nuestro propio jefe".

"Grosera falsedad"

El fiscal que denuncia el intento de soborno asegura que ha podido confirmar su sospecha "sobre la grosera falsedad que constituyen afirmaciones de hechos tan graves imputados a García-Castellón y al fiscal jefe Anticorrupción", contra quien también dirigieron gravísimas insinuaciones sobre la forma de conducir el caso Koldo hasta el punto de afirmar que se estaban cometiendo "ilegalidades".

TE PUEDE INTERESAR

Un fiscal implica a Sandro Rosell en el plan de las cloacas de Ferraz contra el jefe de Anticorrupción

Beatriz Parera Pablo Gabilondo

La conversación avanzó respecto a otras cuestiones vinculadas al caso Tándem y el fiscal denunciante pudo comprobar que le transmitían datos que estaban "deliberadamente falseados". Concluye que aunque no se le propuso realizar de forma expresa ninguna "actuación de naturaleza delictiva" le preguntaron en varias ocasiones por irregularidades relacionadas con Castellón o con el fiscal jefe Luzón.

El Juzgado Central de Instrucción 6 instruye desde la etapa del juez Castellón, el conocido como caso Zed por el que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido procesar a Dolset acusado de un fraude en las subvenciones de 30 millones de euros y de detraer cerca de 40 millones de su empresa, que quebró en 2016. Ha pedido que se siente en el banquillo también por blanqueo de capitales e insolvencia punible, entre otros delitos.

Los supuestos pendrives contenían información vinculada al caso Villarejo ya en poder de distintos juzgados desde hace tiempo. Su contenido ha sido incorporado por el PSOE a la Comisión de Investigación parlamentaria sobre la operación Cataluña, como ya publicó este periódico.