El Parlamento canario estrecha el cerco sobre el ministro Torres por el caso mascarillas

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, suena mucho como protagonista del próximo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) en el marco de la investigación del caso Koldo. Sin embargo, el cerco no sólo se estrecha sobre su nombre en el Tribunal Supremo. La comisión de investigación que se sigue en el Parlamento de Canarias sobre la adjudicación de contratos millonarios para la compra de mascarillas en plena pandemia ya trabaja sobre un primer borrador de conclusiones que apunta a la responsabilidad política del hoy ministro y entonces presidente del Gobierno canario, así como a dos de sus consejeros de Sanidad, Julio Pérez y Blas Trujillo.

Este borrador, elaborado por el presidente de la citada comisión, Raúl Acosta, y adelantado por El Día, ha desatado una gran controversia en la opinión pública canaria, dado que se trata de un informe preliminar que todavía no se ha aprobado en la comisión de investigación. Por este motivo, el Partido Socialista ha montado en cólera y ha conseguido que el Parlamento canario condene la filtración, a pesar de la oposición del Partido Popular, socio de Gobierno de Coalición Canaria en el Ejecutivo de Fernando Clavijo.

La semana pasada se aprobó una proposición no de ley en el Parlamento a instancias del Grupo Socialista sobre la obligación del sigilo parlamentario. Según ha podido averiguar El Confidencial, está previsto que la comisión, que lleva más de un año trabajando y ha tomado declaración a varias decenas de comparecientes, concluya el informe definitivo "a finales de año, primeros de 2026 a lo sumo", para su aprobación en Pleno del Parlamento.

El vínculo con la trama Koldo

En noviembre de 2024, la Audiencia de Cuentas de Canarias aprobó un informe sobre las compras de material sanitario del Ejecutivo canario y denunció posibles responsabilidades contables, entre ellas algunas relativas a la compra de mascarillas a Soluciones de Gestión, la principal sociedad de la trama Koldo, que recibió adjudicaciones por casi 10 millones de euros, en concreto 9.775.500 euros. El informe había sido elaborado dos años atrás, pero los consejeros de tendencia socialista lograron frenar su aprobación, de manera que no vio la luz hasta que la llegada de Clavijo (CC) con el apoyo del PP propició un cambio de los equilibrios en la Audiencia de Cuentas.

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La conclusión principal es que el Ejecutivo autonómico no cumplió con la normativa y se saltó los topes de gasto: "Las verificaciones realizadas han permitido constatar que la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de La Salud, autorizó gastos superando los umbrales establecidos en la citada normativa, sin que conste que para la realización de los mismos haya solicitado autorización al Gobierno de Canarias".

Pero eso no es todo. Tal y como reveló este periódico, dos correos prueban que una empresa del caso Koldo recibió fondos del Gobierno de Torres justo después de que el asesor de Ábalos se involucrara en las negociaciones. Los mensajes fueron incautados por la UCO y están siendo investigados por el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional. Las comunicaciones apuntalarían la participación de Koldo García en adjudicaciones de material sanitario de administraciones controladas por el PSOE, más allá de las concedidas por el propio Gobierno de Pedro Sánchez, y aportan nuevos indicios sobre las conexiones del actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática con la red corrupta.

Culpa de una funcionaria

El portavoz del PP en la citada comisión, Fernando Enseñat, subraya a este periódico que "de 90 millones de contratación de emergencia de material sanitario durante la pandemia hay 20 millones sujetos a investigaciones y a acusaciones graves tanto por la UCO como por la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, la Fiscalía Anticorrupción e incluso la Fiscalía Europea". "De esos 20 millones, 12,5 aproximadamente son el caso Soluciones de Gestión y la trama Koldo-Ábalos-Cerdán. Esa trama opera, como es sabido, básicamente dentro del Ministerio de Ábalos y luego en dos comunidades autónomas: Baleares y, especialmente, Canarias", añade.

El PP considera que existen responsabilidades políticas de Torres y de su Gobierno porque "se contratan empresas sin solvencia, sin capacidad y desconocidas en Canarias y se dan contratos millonarios de dinero público en mitad de una pandemia. Luego se les da tratos de favor para cambiar contratos e incluso se adelanta el 100% del dinero, cuando eso nunca ocurría".

Además, tal y como se pregunta Enseñat, ¿ni el presidente Torres, ni sus once consejeros, dos de ellos de Sanidad, ni los tres directores del Servicio Canario de Salud (SCS), "se ocupaban, ni se preocupaban, ni sabían a quién se compraba el material... y todo es culpa de una funcionaria?". "¿Ella decidía a quién sí y a quién no se le daban contratos por 90 millones de euros de dinero público? ¿De verdad piensa que nos creemos que todo un Gobierno de Canarias nunca preguntó por nada durante todo el año 2020 para lo más importante antes de llegar la vacuna, que era el material de protección al personal sanitario?".

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La Audiencia de Canarias también cotejó si las empresas proveedoras disponían de "capacidad de obrar" y gozaban de "solvencia económica, financiera y técnica". Los consejeros de cuentas comprobaron que "el objeto social de seis no se correspondía con el del objeto del contrato y cinco no figuraban inscritas en el registro antes citado". En el caso de Soluciones de Gestión, incumplieron ambos preceptos.

El importe total de los contratos adjudicados a las empresas auditadas ascendió a 81,9 millones de euros. El documento señala que el 62 por ciento se concentró en las cuatro primeras, "de las cuales dos de ellas, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S. L. (11,93%) e Injoo Technology S. L. (10,87%), son sociedades cuyo objeto social no se corresponde con la venta de material sanitario». Así, el informe denuncia que el Servicio Canario de Salud «adjudicó la compra de material sanitario a empresas que no consta que hubiesen ni acreditado la preceptiva solvencia profesional o técnica conforme establece el artículo 74 de la LCSP, ni tampoco estar capacitados legalmente para contratar con la administración (…) pudiendo estar incursos en tales expedientes en causa de nulidad".