La reserva más grande de oro de Europa está en Asturias, pero los vecinos no quieren saber nada

A menos de un kilómetro de la playa de Las Poleas, en el concejo asturiano de Tapia de Casariego (3.900 habitantes), se encuentra el mayor depósito de oro de la Europa occidental. Una mina cuya parte más superficial ya explotaron los romanos hace unos 2.000 años y que es el origen de la actual laguna. Pero la zona aún cuenta con grandes reservas. Desde hace unos 20 años, distintos proyectos han tratado de conseguir la licencia para trabajar en la extracción del mineral, sin éxito.

La última propuesta se juega estos días su consideración como proyecto estratégico. Como telón de fondo, una fuerte presión vecinal y ecologista, que lleva dos décadas de lucha contra las extracciones en la mina de Salave, frente a un ascenso imparable del precio del oro y la Unión Europea, que quiere que en 2030 el 10% de la explotación mundial de materiales estratégicos se produzca en suelo comunitario.

La empresa Exploraciones Mineras del Cantábrico (EMC), una filial de la australiana Black Dragon, está detrás del tercer intento en este siglo por la explotación de la mina. Previamente, fueron las compañías Rio Narcea Gold Lines y Astur Gold las que lo intentaron, pero por distintos motivos no consiguieron su objetivo. De hecho, este último proyecto se malogró por una Declaración de Impacto Ambiental negativa emitida por el Principado en 2014. Un año después, EMC presentó su propuesta, que también fue rechazada por parte de la Consejería. En 2017, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias avaló la decisión del Principado y desestimó los recursos presentados por la compañía.

Pero la firma nunca ha desistido. En 2021 lo volvió a intentar de la mano con el amparo por primera vez de Black Dragon y planteó un nuevo plan de extracción subterránea que, según detallaron, contará con una inversión inicial de 100 millones de euros y generará unos 150 empleos directos y 1.000 indirectos en los 16 años que han estimado de vida útil de la mina. La cantidad de oro que habría en las galerías asciende a unos 32.000 kilos

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EFE

Los últimos cuatro años han pasado entre tiras y aflojas. La exconsejera de Transición Ecológica e Industria, Nieves Roqueñí, resolvió contra la continuidad del procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria a finales del pasado mes de enero. Pero la compañía aún tenía un as bajo la manga. Un mes antes, el Gobierno del Principado -liderado por el socialista Adrián Barbón- había aprobado la Ley de Proyectos de Interés estratégico para agilizar las licencias de determinadas actividades.

Con esta novedad, empresas del sector vieron su oportunidad para solicitar la declaración estratégica. Este verano EMC decidió postular el proyecto para conseguir esta calificación. En julio, la Administración regional abrió un período de información pública y alegaciones. La respuesta ciudadana fue contundente: decenas de gremios, como cofradías de pescadores, armadores u hosteleros, organizaciones ambientalistas y de vecinos reiteran su oposición. Incluso el Ayuntamiento de Tapia de Casariego (Partido Popular) rechazó el proyecto. Los socialistas del municipio también se unieron para alegar en contra de la futura actividad. Ahora, el Gobierno de Barbón debe decidir si le concede o no la autorización.

"Es una pesadilla", critica Daniel Canto portavoz de la Plataforma Oro No. Esta organización incide en que el proyecto tiene defectos legales porque incumple las normas urbanísticas del municipio y por eso el ayuntamiento ha bloqueado el plan. También socioeconómicos, por su limitación en el tiempo y perjuicio en el sector turístico; y medioambientales, por el posible vertido de aguas con arsénico al mar, la disminución del nivel de aguas de la red de pozos o las afecciones a especies de animales protegidas. La empresa, por su parte, señala que en el mar se depositará agua "exclusivamente limpia" y que la actividad cuenta con medidas para proteger al máximo las aguas subterráneas.

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Frente a la respuesta en contra, a lo largo de estas décadas han aparecido distintas organizaciones sociales, con vecinos y empresas, a favor de la extracción de oro en la zona, hoy reunidas bajo el nombre de Asociación por la Reindustrialización del Occidente. Alegan que el proyecto generará empleo, impulsará la repoblación y tendrá un efecto dinamizador. Magdalena Gómez, portavoz de la organización, defiende que esta actividad podría suponer un punto de inflexión en el trabajo de la zona. "El municipio no puede alimentarse solo del mes y medio de verano cuando hay turismo. Necesitamos proyectos como este que asienten a la población. Hay jóvenes que quieren quedarse a vivir aquí y no pueden". La entidad reitera su voluntad de que el proyecto salga adelante, pero que cumpla siempre con los estándares medioambientales y sociales. "Somos los primeros que queremos que se cuide de esta tierra. No vamos a pasar nada por alto".

Del mismo modo, Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste mostró su apoyo al proyecto. También el principal sindicato de mineros, Soma-Fitag-Ugt, ha manifestado la necesidad de que se declare como estratégico por su capacidad de creación de trabajo.

Los expertos, por su parte, inciden en la importancia de apostar por la minería ante la situación geopolítica internacional, aunque manifiestan que la actividad, sin los precisos controles, acarrea unos peligros. “Toda operación minera conlleva sus riesgos. Pero estamos en el siglo XXI y no es justo comparar la minería de hoy con la de hace 100 años", sostiene Jorge Fernández, jefe de la Unidad del Instituto Geológico de España- CSIC en Oviedo. El científico insiste en la importancia de una minería controlada y que minimice el impacto en la zona. "No queremos cualquier cosa. Es importante poner en el foco los buenos proyectos, la buena minería", matiza Fernández.

Uno de los principales riesgos que conlleva la producción de oro es el uso de cianuro, altamente tóxico. Pero EMC ha explicado que no lo empleará. "Las administraciones tendrán que vigilarlo y controlarlo", incide Jorge Fernández. Su condición de minería subterránea también es uno de los puntos a favor, según sostienen los expertos. "Es la mejor forma de hacerlo y así lo decimos desde la docencia, pero eso no evitará que haya que levantar alguna infraestructura fuera y que tenga un mínimo impacto visual", señala por su parte Emilio Trigueros, doctor en Ingeniería de Minas y profesor de la Politécnica de Cartagena.

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El tiempo de explotación del proyecto, unos 15 años, es uno de los "puntos flacos", según subraya Trigueros, porque para una actividad así se suelen manejar muchos más años. "El proyecto es muy interesante y a nivel europeo podría ser emblemático. Hay aspectos peores y mejores, pero al final lo importante es que el balance sea positivo. Es decir, que su desarrollo sea sostenible porque está claro que algo de impacto va a tener", comenta el ingeniero y matiza: "Pero tiene que haber voluntad de los vecinos y del Ayuntamiento. Sin ese apoyo, un proyecto está muerto porque carece de interés".

En las próximas semanas, el Principado dirimirá si el proyecto finalmente se considera o no estratégico. Pero la postura de las plataformas en contra es irreconciliable con la actividad por las repercusiones que podría tener. Los expertos reiteran la importancia de la investigación minera. "Hay que tratar de explicar bien estos proyectos a la gente y eso requiere tiempo y dedicación. A la vez, hay que tener en cuenta que la geopolítica ha elevado el concepto de estratégico a todos los minerales y el oro se va a explotar, aquí o en otro sitio. Si preferimos que lo exploten, por ejemplo, en Indonesia únicamente estamos exportando nuestro impacto ambiental", zanja Emilio Trigueros.