Mensaje de Waterloo a Moncloa: "Esto no tiene mucho recorrido"

Después de la última reunión entre Carles Puigdemont y José Luis Rodríguez Zapatero, el 13 de octubre en Ginebra, las relaciones entre Junts y el Gobierno están en punto muerto, sin avances en el horizonte y a la espera de que sean cuestiones que no dependen ni de uno ni del otro las que puedan despejar la actual situación de "bloqueo total". Desde el entorno del expresidente catalán se confirma a este periódico que "esto no tiene mucho recorrido" porque el Gobierno es incapaz de cumplir los compromisos adquiridos, especialmente la aplicación completa de la amnistía y la oficialidad del catalán en las instituciones europeas.

No obstante, en la Moncloa se mantienen en la tesis de que mientras las negociaciones sigan abiertas es que hay posibilidades de acuerdo, a pesar de los distintos altibajos sufridos desde la investidura de noviembre de 2023. Según explican, en los dos asuntos mencionados el Ejecutivo ha hecho todo lo que está en su mano: aprobar la Ley de amnistía y llevar dos veces la demanda lingüística al Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea. Es más, como ha publicado este periódico, el ministro de Asuntos Exteriores ya está trabajando en una nueva intentona, aunque tampoco tiene visos de prosperar.

En relación con el último encuentro en Ginebra, el entorno de Puigdemont interpreta que las negociaciones “están prácticamente paradas”, a pesar de que el Gobierno tiene interés por conseguir el apoyo de Junts en el Congreso a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y sobre todo a la llamada Ley Bolaños. “Lo que se acordó con ellos es que lo hicieran, no que lo intentasen", lamentan en relación a la amnistía y el catalán antes de explicarse con una metáfora: "Yo he llegado a un acuerdo contigo para comprarte una casa, pero es que si no la venden… yo no sé qué más tenemos que hablar, ¿no?".

En Moncloa las cosas son distintas. Son conscientes de que Zapatero es la última posibilidad de mantener el trato con Junts, "el último cordón umbilical", después de que Santos Cerdán haya caído en desgracia y de que las negociaciones con Félix Bolaños fueran poco menos que imposibles desde el principio. Esto no es una cuestión menor, puesto que el asunto que más interesa al Gobierno, más incluso que los Presupuestos, son las reformas de la Justicia, un paquete de medidas que no tienen visos de prosperar a pesar de que en la Moncloa siguen transmitiendo que son optimistas.

Amnistía interruptus

Así, a mediados de octubre de 2025 la amnistía está pendiente de dos cuestiones: la primera es la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Supremo y el Tribunal de Cuentas, entre otros, y que fueron estudiadas en otoño en Luxemburgo. El próximo 13 de noviembre, el abogado general de la UE publicará su informe sobre esa vista, posicionamiento que suele marcar el sentido de la sentencia final, prevista para comienzos de 2026.

Con todas las cautelas, la cosa no tiene buena pinta para Puigdemont. En la primera ocasión en la que la norma ha llegado al TJUE, los servicios jurídicos de la Comisión Europea pusieron en duda que la ley responda al interés general y criticó el proceso por el que se aprobó e incluso consideró que es contraria a los valores europeos. “En último término (la pregunta) es si es compatible con los valores de la Unión conceder amnistía a cambio del apoyo de la investidura de un Gobierno. La Comisión Europea piensa que la respuesta debe ser negativa”, dijo Carlos Urraca Caviedes ante el tribunal.

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Por otra parte, aún sigue pendiente la decisión del Tribunal Constitucional sobre los recursos de amparo presentados por Puigdemont y otros líderes independentistas sobre la decisión del Tribunal Supremo de no aplicar la amnistía en lo relativo al modelo de malversación. Estos recursos fueron admitidos a trámite el pasado 7 de octubre. En paralelo, sigue vigente la orden de detención contra Puigdemont, una situación que hay que abordar antes de resolver el fondo del asunto, previsto para principios de 2026. Por ello, antes de la decisión definitiva hay un paso previo que se puede concretar en cualquier momento: la adopción o no de medidas cautelares, como ha solicitado la defensa de Puigdemont, a cargo del letrado Gonzalo Boye.

Todo este embrollo judicial afecta directamente a las relaciones entre el Gobierno y Junts, un socio esencial para que Sánchez pudiera reeditar su investidura en noviembre de 2023 y principal escollo, aunque no el único, para que la Moncloa pueda continuar sin las manos atadas por su incapacidad para gobernar. En este contexto, y más allá de las negociaciones entre Zapatero y Puigdemont, ha adquirido un papel principal la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, convertida en látigo del Ejecutivo. Así lo demostró tumbando la propuesta de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz (Sumar), para reducir la jornada laboral, como por sus reiteradas negativas a apoyar la reforma de justicia si no conlleva la creación de un consejo del poder judicial catalán. Palabras mayores.