El Gobierno deberá informar al Congreso si Cerdán medió para colocar al presidente de SEPI en Servinabar

El Congreso de los Diputados ha dado el visto bueno a una moción del Partido Popular para que el Gobierno que informe sobre si existió mediación por parte del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, para la contratación del exdirector de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero, en la empresa de Servinabar. El documento argumenta que la contratación de Fernández se produjo en el período de dos años en el que los altos cargos cesados deben solicitar y obtener la autorización de compatibilidad por parte de la Oficina de Conflictos de Intereses, que fue autorizada por la misma el 19 de mayo de 2021.

Fernández cobró más de 100.000 euros por sus servicios a Servinabar, la constructora de la que Santos Cerdán poseía el 45%, entre 2021 y 2023. Fernández fue fichado por la empresa de Cerdán tras su periplo de un año y medio como presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) (junio de 2018-octubre de 2019). Era el hombre de confianza de María Jesús Montero. Tuvo que dimitir al ser imputado por presuntas irregularidades en la adjudicación de la mina sevillana de Aznalcóllar.

La moción que insta a Moncloa a informar sobre esta vinculación entre el primer presidente de la SEPI de la era Sánchez y Servinabar ha recibido el apoyo de una mayoría de diputados. Han votado a favor los diputados de PP, Vox, Unión del Pueblo Navarro (UPN) y BNG: 169 votos favorables en total. Otro socio de la coalición sanchista, Esquerra Republicana, se ha abstenido, mientras que han votado en contra de la moción el PSOE, Sumar, Junts, EH Bildu, PNV, Podemos, Coalición Canaria y Compromís.

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El PP no descarta incluir en una futura moción pedir al Gobierno que informe si Hacienda investiga la utilización de dinero en metálico por parte del Partido Socialista. Consideran que el Ejecutivo debe dar cuenta de si la Agencia Estatal de Administración Tributaria "ha iniciado o no una investigación en relación con los pagos en metálico acreditados por el PSOE que hayan superado los límites legales establecidos por la legislación antifraude vigente".

Existen dudas sobre si la Agencia Tributaria estudia "la imposición, en su caso, de las sanciones oportunas y el esclarecimiento de su posible conexión con un presunto delito de financiación ilegal de partidos políticos". Los últimos hallazgos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil infieren que la contabilidad oficial entregada por los socialistas al juez no cuadra con las entregas de dinero en efectivo al entonces secretario de Organización, José Luis Ábalos.

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La UCO concluye que había dinero moviéndose del que no existe constancia documental. En la mayoría de ocasiones, los pagos respondían a la devolución de supuestos gastos, pero no todos se corresponden con la documentación aportada por los socialistas. Por ejemplo, en 2020 el partido no informa de pago alguno, pero un mensaje de la mujer de Koldo especifica que se iba a recoger "la primera parte de Ferraz que le da Celia" -trabajadora del PSOE que gestionaba los pagos en efectivo-.

En una segunda fotografía, hay un sobre con la anotación 2.928 euros destinados a Koldo, cuando fue el propio Gobierno de Sánchez el que tramitó la ley que impide pagar más de 1.000 euros en efectivo en nuestro país.

La moción del Congreso de los Diputados también pedía al Gobierno que remitiera un informe detallando los aplazamientos tributarios concedidos a la empresa Pilot Real Estate SL, la inmobiliaria de Víctor de Aldama que consiguió aplazar su deuda con Hacienda tras dar un presunto soborno de 25.000 euros en metálico a Carlos Moreno, jefe de gabinete de la ministra María Jesús Montero. El Tribunal Supremo dictaminó en uno de sus últimos autos que este aplazamiento de deuda "en efecto, se llevó finalmente a término". Moreno se negó a declarar en su comparecencia en la Comisión de investigación del caso Koldo en el Senado pese a no estar imputado. Sin embargo, este punto no ha recibido el apoyo de la mayoría de diputados.

Por último, la Cámara Baja tampoco ha dado su visto bueno a solicitar al Gobierno la retirada del recurso contencioso-administrativo presentado contra la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para que responda a la petición de información sobre la actuación del Ministerio de Hacienda frente a la empresa Have Got Time SL. Esta compañía fue utilizada por los socios de Aldama para comprar el chalet de La Alcaidesa (Cádiz) para uso y disfrute del exministro José Luis Ábalos.