El PP consuma su amenaza y lleva a Sánchez al TC por no presentar Presupuestos

Pedro Sánchez mantiene que presentará el proyecto de Presupuestos "antes de que finalice el año". Pero ese camino sigue lleno de interrogantes. No hay un calendario claro, y los socios niegan haber recibido llamada alguna del Ejecutivo para comenzar a negociar. Por primera vez en democracia, el presidente del Gobierno se aproxima al inédito abismo de la tercera prórroga consecutiva por la falta de apoyos parlamentarios. En la Moncloa quitan hierro a esta circunstancia y se escudan en los datos de crecimiento económico, pero el PP no dejará pasar lo que consideran una "anomalía democrática" que vulnera la Constitución.

El partido de Alberto Núñez Feijóo dio un ultimátum a Sánchez. Amenazó con llevarle a los tribunales si Hacienda no presenta en las Cortes las nuevas cuentas públicas antes de que finalice octubre. Pero no esperará siquiera a que acabe el mes. El PP ya ha registrado en el Senado una nueva propuesta de conflicto de atribuciones contra el Gobierno por eludir "su competencia de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2026", tal y como establece la Carta Magna, "lo que impide y frustra por completo que estos sean remitidos al Congreso de los Diputados y que luego puedan ser tramitados por el Senado".

La Mesa de la Cámara Alta, presidida por el PP, llevará la citada petición al pleno de la próxima semana —última sesión del mes de octubre—, que aprobará el nuevo choque de atribuciones por la mayoría absoluta con la que los conservadores cuentan en el Senado. Génova valoró vehiculizar el conflicto a través del Congreso, pero descartó finalmente esta opción por el riesgo a que decayese en el pleno ante la falta de apoyos suficientes. El Gobierno contaría entonces con 30 días para corregir la disfunción y, en este caso, remitir a las Cortes el proyecto presupuestario. Si no lo hace, el Tribunal Constitucional deberá resolver la afrenta.

El conflicto de atribuciones es una herramienta que contempla la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, pero que no se había utilizado hasta esta legislatura. Puede ser empleada por los distintos órganos constitucionales —Congreso, Senado, CGPJ o Gobierno— cuando alguno de ellos entiende que otro está invadiendo sus competencias o dañando sus atribuciones legales.

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Los populares observan razones de sobra para plantear el mencionado conflicto de atribuciones ya que, por un lado, "estamos ante un supuesto de estricta usurpación de atribuciones" por el "abuso de la prórroga" que se arroga el Gobierno, que "autoriza gastos no previstos en el Presupuesto de 2023" y, por tanto, "no aprobados por las Cortes Generales"; y, por otro, supone un "menoscabo de atribuciones constitucionales" por "frustrar el ejercicio de la competencia presupuestaria del Senado".

El documento registrado por el PP, al que ha accedido El Confidencial, se aferra a la vulneración 134.1 de la Constitución —establece que "corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a las Cortes Generales su examen, enmienda y aprobación— y a la del artículo 66.2 —que confiere al Parlamento "la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan al Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución"—.

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Génova ha dado el paso pese a los recelos internos, con sectores que desconfían de la estrategia de transitar un Tribunal Constitucional de mayoría progresista y controlado por Cándido Conde-Pumpido. La dirección del PP confía en la inconstitucionalidad de la actuación del Gobierno "por omisión de un pronunciamiento legislativo" admitido en varias sentencias del órgano de garantías. A juicio de los servicios jurídicos de los conservadores, el Ejecutivo podría estar incurriendo en "fraude de ley" por conseguir autorizaciones presupuestarias al margen de unos Presupuestos actualizados.

Con esta decisión, los de Feijóo ponen más presión al jefe del Ejecutivo en el campo de minas en que se ha convertido la tramitación presupuestaria. El Gobierno mantiene que llevará al Congreso la senda déficit —paso previo de los Presupuestos— "muy pronto", sin ofrecer detalles sobre los plazos, porque el límite legal expiró el pasado 30 de septiembre.

El propio Sánchez minimizó el lunes en la Cadena SER la importancia de aprobar unas nuevas cuentas públicas porque "con los presupuestos que tenemos" hay "carriles para garantizar nuestras principales prioridades en materia social y de transformación y modernización del tejido productivo". Y afirmó que, pase lo que pase, agotará su mandato.

El PP ha convertido el Senado en la atalaya de su oposición al Gobierno. El de los Presupuestos es el quinto conflicto institucional que ha puesto en manos de los tribunales —el propio Feijóo anunció hace unas semanas otro choque por la negativa del Congreso a tramitar las leyes que se aprueban en la Cámara Alta—, y todo ello se suma a la decisión de gastar la bala de citar a Pedro Sánchez en la comisión de investigación del caso Koldo tras el último informe de la UCO que apuntala la tesis de una presunta contabilidad en B en Ferraz. El PP duda entre dos fechas para sentar al presidente en el 'banquillo' parlamentario: o el 27 o el 30 de octubre.