'Mails' de Begoña, de Google y llamadas de la asesora: las pruebas que espera el juez Peinado

El juez que investiga por cinco delitos de corrupción a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha prorrogado seis meses más sus pesquisas. Alega que hay diligencias pendientes de realizar. Según la documentación en poder de El Confidencial, el juzgado se encuentra a la espera de varias diligencias clave como los correos electrónicos de Begoña Gómez, las llamadas de su empleada e informes de la UCO, entre otras.

“Requiérase a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno para que remita a este Juzgado copia de los correos electrónicos recibidos y enviados desde la cuenta asignada a Begoña Gómez desde el día 11 de julio de 2018 hasta el día de la fecha. Y verificado, remítanse dichos correos a la UCO para su análisis e informe al Juzgado”, ordenó el juez Juan Carlos Peinado en una providencia del 3 de septiembre.

El juez ya hizo esta operación con los correos del vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid Juan Carlos Doadrio y ofreció datos que permiten acreditar que la asesora de Begoña de Gómez en Moncloa se implicó en los negocios privados de la mujer de Sánchez más allá de algún momento puntual como ambas habían declarado en el juzgado.

Estos correos pueden ser relevantes en relación con los presuntos delitos de tráfico de influencias y de malversación de fondos públicos. Este último tiene que ver con las sospechas de que Begoña Gómez usó a su asistenta de Moncloa, Cristina Álvarez, para sus negocios privados.

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Otra documentación que puede arrojar información relevante es la que pidió el juez el 1 de julio. Solicitó la “relación de llamadas emitidas y recibidas" por la asesora "desde el día 16 de julio de 2018”. Concretamente, el tráfico de llamadas de un número de móvil acabado en 681. Por medio de una providencia, le encargó esta gestión a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

El juez quiere saber las llamadas que realizó Álvarez a todas las empresas relacionadas con los negocios de Begoña Gómez: Organización Mundial del Turismo, Indra, Google, Fundación Manpower, Arsys Internet, Telefónica, Fundación La Caixa, Reale, “o cualquier otra entidad mercantil que patrocinara los másteres o cátedras en la que participó Begoña Gómez, así como las llamadas enviadas o recibidas a teléfonos vinculados con la Universidad Complutense de Madrid y su personal y a los números vinculados con Juan Carlos Barrabés y su grupo de empresas”.

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Más recientemente, el juez dictó el 24 de septiembre una nueva providencia en la que encargó varios informes a la UCO. Uno versará sobre documentación aportada por la UCM respecto del convenio de creación de la cátedra Transformación Social Corporativa (TSC) y adendas al mismo. También otro sobre la relación entre la universidad y Deloitte en torno a la materialización del software de la cátedra.

El 6 de octubre, el juez dictó otra providencia en la que se dirigía a Amazon al tener alojados los correos del dominio de la cátedra de Begoña Gómez. Quiere esta información después haber acudido sin éxito a la Secretaría de Gobierno de la Complutense. El juez busca los correos emitidos y recibidos desde las cuentas de correos electrónicos asociadas al Máster de Transformación Social Competitiva.

Los correos de Google

Otra documentación solicitada por el juez y que no consta que haya sido aportada todavía es una batería de correos de Google, una de las empresas que desarrolló el software para la cátedra que codirigió Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid. Las empresas alegan que sus trabajos eran para el centro educativo, pero este periódico desveló que Begoña Gómez lo puso a su nombre. El juez la investiga por un presunto delito de apropiación indebida.

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El 13 de julio, el juez pidió por medio de un auto al directivo de Google Miguel Rodríguez Bueno que aportase “los correos electrónicos que mencionó en su declaración (como testigo) intercambiados con las investigadas Begoña Gómez y Cristina Álvarez, así como que se aporten los documentos que manifestó podrían ser útiles a la investigación”. Las acusaciones populares encabezadas por Hazte Oír han recordado recientemente al juez que esta información todavía no ha llegado.

En ese mismo auto, también se dirigió a las empresas colaboradoras con la cátedra en la creación y desarrollo del software, Deloitte, Mindsait (Indra), Telefónica, Google, FLAT101y Devoteam, que aporten de los códigos fuente, ejecutables, repositorios, desarrollos o entregables digitales.

A partir de recibir toda esta documentación, el juez podría ordenar nuevas diligencias. Las partes personadas, principalmente las acusaciones, también. La Audiencia Provincial de Madrid tendrá, como siempre, la última palabra, ya que tanto la Fiscalía como los abogados de las defensas recurren habitualmente todas las decisiones del Juzgado.

El plazo para agotar la investigación expiraba este jueves. Al alargarlo hasta abril, el magistrado lleva el caso hasta los umbrales de su jubilación obligatoria por cumplir 72 años, que se producirá en septiembre. Las fuentes consultadas estiman que la investigación acabará antes y que previsiblemente el Juzgado mande a juicio a los investigados.