Juristas avisan de que la reforma del Gobierno rebaja la protección del aborto

El Gobierno ha anunciado una reforma de la Constitución para blindar el aborto frente a la "ola reaccionaria" que pretende "devolver a las mujeres" a "situaciones pasadas". El propio Pedro Sánchez ha asegurado que se trata de "la mejor manera de defender este derecho", pero diversos juristas apuntan a que su propuesta en realidad rebaja la actual protección del aborto. "Dejaría de ser un derecho fundamental", advierte Miguel Presno, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo.

El razonamiento del Gobierno se basa en que el aborto no aparece regulado como tal en la Constitución y, por tanto, resulta necesario incluirlo de forma expresa para frenar cualquier intento de limitarlo. Sin embargo, dicha argumentación pasa por alto dos cuestiones: la voluntad del legislador, que a través de las leyes de 2020 y 2023 ya equiparó el aborto a un derecho fundamental, y la jurisprudencia del Constitucional, que avaló dicha consideración con sus sentencias de 2023 y 2024.

"La interrupción voluntaria del embarazo (...) forma parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la integridad física y moral (artículo 15 de la Constitución)", advirtió este tribunal en 2023 y volvió a repetir un año después.

Para los juristas consultados, la reforma anunciada por el Gobierno en ningún caso va a ofrecer un mayor blindaje que esas sentencias. Sobre todo, porque la propuesta del Ejecutivo se basa en reconocer “el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo” a través del artículo 43 de la Constitución. La clave radica en que, a diferencia del mencionado artículo 15, el 43 no regula derechos fundamentales, sino "principios rectores de la política social y económica". "En ese capítulo, están también el derecho a la vivienda o al medio ambiente, pero no como derechos fundamentales", resume un magistrado que pide no ser identificado.

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Al enmarcar el aborto en el artículo 43 y no en el 15, los juristas concluyen que la protección es menor y apuntan a al menos tres consecuencias: se limitaría la posibilidad de recurrir ante el Constitucional, resultaría más sencillo aprobar leyes sobre el aborto y dichas leyes podrían imponer límites a las mujeres con mayor facilidad.

"El legislador podría disminuir el margen de libertad de la mujer", advierte Presno sobre este último punto. "Los principios rectores no tienen ese contenido esencial que tienen los derechos fundamentales, es decir, un contenido mínimo que es inatacable por el legislador. Un principio rector, por el contrario, le da mucho más margen de configuración", añade.

La propuesta del Gobierno no ofrece entonces un mayor blindaje y, al mismo tiempo, facilita recuperar antiguas limitaciones. "Con el artículo 43, yo creo que no sería incompatible volver a un sistema de indicaciones, es decir, que la mujer no tenga libertad para decidir, sino que solo pueda acudir a la interrupción voluntaria si se dan ciertas circunstancias, como en su día era que hubiera sido violada, que hubiera un grave peligro para su vida... Se perderían facultades de libertad", explica el catedrático.

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Las otras dos consecuencias de la reforma allanarían además la imposición de esas nuevas limitaciones. Por un lado, porque se complicaría la posibilidad de recurrir en amparo al Constitucional, que es el tribunal que se encarga de proteger los derechos fundamentales. "Solo podría ser alegado ante la jurisdicción ordinaria y de acuerdo con lo que dispongan las leyes que lo desarrollen". Por otro, porque la nueva regulación ya no exigiría una ley orgánica, que es la que se encarga de desarrollar los derechos fundamentales y requiere mayoría absoluta: "Sería regulado por la legislación ordinaria, que exige mayoría simple".

A la vista de estas consecuencias, la pregunta parece clara: por qué reformar el artículo 43 y no el 15. Sin embargo, la respuesta también parece clara: el Gobierno necesitaría un apoyo mucho mayor para reformar un "derecho fundamental" y pondría en riesgo su continuidad. En concreto, porque tendría que hacerlo a través del procedimiento agravado, que en primer lugar exige una mayoría de dos tercios de cada cámara. Después, se disuelven las Cortes y se convocan elecciones, tras lo que las nuevas cámaras tienen que ratificar la decisión y volver a votarla. De esta manera, solo se aprueba con el apoyo final de los dos tercios del nuevo Congreso y Senado.

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Para evitar ese camino, el Gobierno centra la reforma en los "principios rectores" del artículo 43, lo que le permite acogerse al procedimiento ordinario: este requiere el apoyo de tres quintas partes de las cámaras, pero sin disolución de las Cortes ni posteriores elecciones. En estos momentos, el Ejecutivo también parece estar lejos de lograr esa mayoría de tres quintos, pero, al acogerse a esa vía ordinaria, el debate ya ha comenzado a rodar.

"Es una broma constitucional, un engaño", critica un magistrado. "Es un disparate. No se puede construir un derecho con base a la intención exclusiva de mantener vivo el debate por motivos políticos. Además, abre una vía para normalizar la reforma exprés y por la puerta de atrás de la Carta Magna en asuntos fundamentales, cuyo cambio se propone a través de la vía ordinaria y no agravada", concluye otro.