El Gobierno da un mes a Ayuso para el registro de objetores: "Se va a abortar en Madrid"

Requerimiento formal a la Comunidad de Madrid para que cumpla con la obligación legal de crear un registro de profesionales contrarios a la interrupción voluntaria del embarazo. El Gobierno da un mes de plazo a Isabel Díaz Ayuso para su constitución. También a Aragón y a Baleares, que tampoco lo han puesto en marcha. Pero, políticamente, el Ejecutivo quiere confrontar con ella después de que haya dicho que "nunca va a hacer" la "lista negra" de médicos objetores, que el Ejecutivo ya le ha demandado por carta.

El Gobierno ha iniciado acciones legales y Ayuso dispone ahora de cuatro semanas para reaccionar. "La ley se cumple. Punto", defendió la titular de Sanidad, Mónica García, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Con el recurso a la ley de jurisdicción contencioso administrativa, que obliga a este aviso previo, se inicia la vía judicial. Si la Comunidad de Madrid insiste en su resistencia, el Ejecutivo dispondrá de dos meses de plazo para acudir a los tribunales para que sea un juez "quien les obligue a cumplir".

García, que fue candidata a la Comunidad de Madrid por Más Madrid y podría repetir, aprovechó su intervención para contestar a Ayuso y su "váyanse a otro lado a abortar", que recomendó a la oposición. "Las mujeres no nos vamos a ir a ningún sitio. Las mujeres nos quedamos y vamos a ejercer nuestros derechos libremente aquí y ahora", remarcó la ministra.

El propio jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, lo avanzó esta mañana en una entrevista en la Ser donde comparó los datos de Madrid, con sólo un 1% de abortos en la sanidad pública, con otras capitales europeas. En la región de Roma, señaló, un 90%; en la de París, el 60%, y en la de Lisboa, el 50%. "Tenemos que hacer cumplir la ley en todo el Estado y, por supuesto, en la Comunidad de Madrid", añadió.

Ayuso replicó poco después a esta intervención y rechazó este martes las lecciones "de machito" de Sánchez, que se "cree Dios" para hablar sobre el aborto en nombre de las mujeres. "Soy una mujer libre, y lo he sido toda mi vida. He sufrido la pérdida de dos bebés. He sufrido dos veces, por desgracia, el drama del aborto. Sé lo que es. ¿Tengo que recibir lecciones del presidente del Gobierno? ¿Quién se cree que es el presidente del Gobierno para hablar en nombre de todas las mujeres?", dijo.

El derecho al aborto ha resucitado como tema de conversación política, después de que José Luis Martínez Almeida apoyara una moción de Vox en el Ayuntamiento de Madrid para informar a las mujeres que se lo realicen de un supuesto trauma postaborto que puede provocar alcoholismo e incluso problemas psiquiátricos. La Moncloa aprovechó ese resbalón y anunció una reforma constitucional, que no dispone de apoyo porque necesita el voto del PP, para blindar esta prerrogativa legal de las mujeres en la Constitución.

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Lejos de cerrarse el debate, muy peliagudo para los populares, Ayuso le ha dado fuelle con la negativa a crear el registro de objetores en la sanidad pública, que Madrid sí avaló el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en diciembre de 2024, y que cumple en el caso de la eutanasia. En el Gobierno dan por hecho que la presidenta madrileña no responderá, después de que ella ya haya adelantado hoy que va a "seguir aplicando el sistema que ha regido siempre en la Comunidad de Madrid". "El respeto y el anonimato de los profesionales, que está amparado por la Constitución Española, la libertad de conciencia, y que nadie pueda ser obligado a declarar sobre sus creencias", subrayó.

El choque institucional está servido. El Consejo de Ministros ha comenzado este martes con los trámites para que el aborto sea un derecho constitucional, con un anteproyecto de ley que lo incluye en el artículo 43 de la Carta Magna. "Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho en todo caso será garantizado por los poderes públicos, asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres", reza el texto, pactado entre el PSOE y Sumar.