Uno de los canteranos del Madrid dice que la Guardia Civil le forzó a autoincriminarse por el vídeo sexual

Uno de los cuatro canteranos del Real Madrid procesado en el caso del vídeo sexual acusa a la Guardia Civil de haberle forzado a autoincriminarse. Se trata de Andrés García Moreno, quien el día de las detenciones acudió en calidad de testigo a la Comandancia del Instituto Armado y salió sin su móvil y como investigado tras admitir su participación en los hechos. En un escrito presentado al Juzgado denuncia haber sido sometido a “presión psicológica” por parte de los agentes. También avanza que tratará de tumbar todo el caso y pide anular las pruebas extraídas de los teléfonos.

Tiene que ver con el caso de los jugadores que se grabaron mientras mantenían sexo consentido con dos chicas, una de ellas menor de edad. Luego difundieron las imágenes sin su permiso. Se sentarán en el banquillo de los acusados por de revelación de secretos y otro de pornografía infantil. Uno de los procesados es Raúl Asencio, actual jugador de la primera plantilla del equipo blanco. Hace meses el club asumió su defensa legal. Las dos jóvenes que denunciaron los hechos han retirado la acusación contra él. La Fiscalía pide dos años y medio de prisión.

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Los hechos ocurrieron en Canarias en junio de 2023. En ese momento, todos jugaban en las categorías inferiores del Madrid. Semanas después, Asencio –que no participó en el encuentro sexual– le mostró a través de su móvil el vídeo a un amigo en común de Canarias que casualmente había empezado una relación sentimental con la menor que salía en el vídeo. Por ello, las chicas se enteraron de que los canteranos nunca borraron las imágenes como prometieron. En consecuencia, acudieron a denunciarlo ante la Guardia Civil.

En septiembre del mismo año, la Guardia Civil se presentó en la ciudad deportiva del Real Madrid para detener a Asencio y a otros dos jugadores. Andrés García fue citado junto a un quinto futbolista solo como testigo. En el marco de su declaración, según consta en la documentación en poder de este periódico, confesó que él estuvo en el encuentro sexual y que llegó a sujetar un tiempo el móvil con el que se grabó la acción. En ese momento, los agentes pararon su declaración y le comunicaron que necesitaría un abogado porque pasaba a ser investigado.

"Presión psicológica"

“No es posible separar la declaración autoinculpatoria de la presión psicológica derivada de las medidas aflictivas aplicadas, cuyo origen es sencillamente inconstitucional”, dice el documento presentado ahora por sus abogados. El jugador alega que no tuvo opción de actuar “de modo libre” después de que los agentes irrumpieran en la sede deportiva, arrestasen a sus compañeros, le requisaran el móvil y le condujeran a dependencias policiales en un vehículo policial.

Narra que, dos horas después de que le quitaran el teléfono, le tomaron declaración como testigo y le advirtieron de su “incondicional y absoluta obligación de decir verdad bajo la posible comisión de un delito de falso testimonio”. “Parece difícil afirmar que el impacto psicológico de la actuación policial no viciara el contenido de la declaración policial del rendido García y que motivó, al cabo, que se le considerara por primera vez investigado”, asevera.

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En su relato se acoge a jurisprudencia como una sentencia de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Salamanca, cuya conclusión es que "existe un derecho constitucional a no declarar contra uno mismo, que ampara y protege a todo ciudadano y cuya finalidad es que nadie sea forzado a autoinculparse, o a facilitar o contribuir a su incriminación".

A su juicio, “los agentes debieron informar de su derecho a no autoincriminarse”, pero optaron por “esa estratagema, vetada por la Ley Orgánica del Poder Judicial”. El documento habla de “un evidente contexto de ilegítima aflicción”, “aniquilación de los derechos fundamentales” y “merma efectiva de sus facultades defensivas”.

Sus abogados van a plantear estas alegaciones en las cuestiones previas del juicio. No es la única queja sobre vulneración de derechos que figura en el escrito. Denuncian que le incautaron el móvil sin que el jugador lo entregase de manera libre y voluntaria. Sus abogados destacan que, en su declaración ante el juez de San Bartolomé de Tirajana, alegó que se lo quitaron “sin permiso”. Por ello, pide la nulidad de las pruebas halladas en su terminal.

El código de desbloqueo

Pero además, la estrategia judicial de este canterano, defendido por Jaime Campaner, busca también tumbar toda la investigación. Avanza que va a pedir la nulidad de las pruebas extraídas de todos los teléfonos de los acusados en los que se hallaron los mensajes de los jugadores y sus amigos jactándose del acto sexual con una menor de edad. El argumento es que tampoco prestaron de manera libre y voluntario el código de desbloqueo.

“Los agentes –denuncia– necesitaban conocer el código de desbloqueo de los terminales móviles incautados (información que obtuvieron por vía de hecho y mediante vulneración de los derechos fundamentales) para poder encenderlos, desbloquearlos y volcar y analizar su contenido”. Entienden los abogados de Andrés García que el acceso a esos códigos de desbloqueo fue inconstitucional.