El Supremo rechaza la renuncia de Ábalos a su abogado y aprecia "fraude de ley"

José Luis Ábalos ha incurrido en "fraude de ley" al intentar cambiar de abogado justo antes de su declaración de este miércoles. El exministro anunció este lunes que renunciaba a su defensa por "diferencias irreconducibles", pero el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente concluye que no era más que una maniobra para tratar de aplazar su citación.

"Se rechaza en este momento la renuncia (...) a la defensa por el letrado designado en esta causa especial por don José Luis Ábalos Meco, por considerar que la misma se realiza en fraude de ley", acuerda el magistrado en una resolución notificada este martes. Según advierte, no hay "razón alguna" que justifique que Ábalos haya esperado hasta "un momento en el que ya no era posible la tempestiva designación de nuevo letrado sin suspensión de la declaración señalada".

De hecho, el exministro también solicitó este martes que se le asignara un abogado de oficio, pero el magistrado le deja claro que por ahora solo tiene dos opciones: acudir con su hasta ahora abogado, José Aníbal Álvarez, o presentarse con otro que "esté en condiciones de asumir su defensa en ese momento". Una vez superada su declaración y la de Koldo García, que está fijada para este jueves, Puente le informa de que sí podrá formalizar el cambio de abogado o se le asignará uno de oficio.

La declaración del exministro se ve marcada por la posibilidad de que el juez acuerde su ingreso en prisión provisional, un riesgo que también se refleja en esta nueva resolución. "Se mantiene el señalamiento de las declaraciones acordadas y, en particular, la del investigado Sr. Ábalos Meco, que tendrá lugar, conforme a lo acordado, el próximo día 15 de octubre de 2020, a las 10:00 horas", indica Puente. "Tras ella, se procederá a la práctica de la comparecencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal", añade a continuación.

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Las maniobras de Ábalos antes de su citación empeoran más su posición ante el Supremo

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Dicho artículo regula la conocida como "vistilla", en la que el magistrado convoca a la Fiscalía y a las acusaciones populares para que puedan solicitar el ingreso en prisión provisional del investigado. El pasado 23 de junio, cuando Ábalos compareció por última vez ante el juez, las acusaciones, lideradas por el PP, ya pidieron su encarcelamiento, pero la Fiscalía Anticorrupción se desmarcó de esa solicitud y afirmó que bastaba con mantenerle las mismas medidas cautelares que le habían impuesto anteriormente: prohibición de salir del país, retirada de pasaporte y comparecencia periódica en sede judicial.

La principal duda se centra ahora en si la Fiscalía mantendrá esa misma postura tras el último informe la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que revela que el PSOE usó sobres del partido para abonar supuestos sobresueldos con dinero en efectivo tanto a Ábalos como al que fuera su hombre de confianza, Koldo García.

En ese contexto, las recientes maniobras del exministro empeoran su posición ante el Supremo. No solo por el intento de ruptura con su abogado en "fraude de ley", sino también por sus coqueteos con renunciar a su escaño. Como informó El Confidencial, Ábalos consultó incluso a la abogada de Koldo sobre si dar ese paso podría favorecer un aplazamiento del interrogatorio.

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La clave radica en que dejar su cargo como diputado desencadenaría movimientos inmediatos en el procedimiento que ahora dirige el Supremo. La investigación se encuentra en manos del alto tribunal a consecuencia de la condición de aforado del exministro. Si dejara de serlo antes de su nueva comparecencia, esta no podría desarrollarse según lo previsto: el Supremo perdería sobre el papel la competencia y la causa sería remitida a la Audiencia Nacional, que ya instruye la parte del caso Koldo que afecta a otros imputados.

Al solicitar un abogado de oficio este mismo martes, Ábalos en principio pareció descartar la activación de esa vía, pero queda por ver si presenta algún nuevo escrito en las próximas horas y, sobre todo, si el Supremo concluye que también implica un "fraude de ley".

Por el momento, la postura de Puente respecto al último intento de Ábalos es tajante: "Presenta su escrito en un momento en el cual únicamente sería posible, para el caso de que se admitiera la renuncia, suspender la declaración del investigado (...), sin que sea dable identificar en dicha pretensión ningún propósito distinto al de forzar la suspensión de la declaración referida y, en consecuencia, también la de la posterior comparecencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.