El Supremo descarta que la Fiscalía Europea asuma parte del caso Koldo
También señala que las obras bajo sospecha suman más de 600 millones y que en torno a las mismas se habrían constituido dos organizaciones criminales distintas
El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha respondido a la Fiscalía Europea que por el momento no consta que las obras públicas que está investigando contaran con fondos de la UE. El juez descarta así ceder parte del procedimiento a la Fiscalía Europea, que había remitido un escrito al alto tribunal para evaluar su posible competencia.
“Hasta el momento presente no consta en esta causa especial que ninguna de las obras públicas referidas hubiera comprometido fondos procedentes de la Unión Europea, aunque, evidentemente, no puede tampoco descartarse dicha eventualidad”, advierte el magistrado. De hecho, Puente va un paso más allá y apunta a que, en caso de encontrar fondos de la UE, la remisión del procedimiento a la Fiscalía Europea seguiría planteando dudas.
"En cualquier caso, aunque alguna de aquellas obras pudiese haber comprometido fondos de la referida procedencia, es preciso significar, a los efectos que procedan, que el objeto de la presente causa especial (...) se refiere a la eventual existencia de sendas organizaciones criminales, integradas por autoridades, funcionarios públicos y particulares que tendrían por objeto, a través del posible delito de cohecho y valiéndose de la influencia de aquellos", remarca el magistrado.
Según advierte en su resolución, el hecho de que las obras contaran o no con fondos de la UE no sería más que "un elemento meramente accidental", pues por ahora no se ha hallado "ningún elemento, objetivo o subjetivo, de naturaleza transfronteriza".
Puente da este paso después de haber dividido el procedimiento en dos. Por un lado, la pieza principal se centra, entre otras cuestiones, en las irregularidades halladas en los contratos de la pandemia y su instrucción se encuentra ya muy adelantada. Por otro, la pieza separada pone el foco en la supuesta adjudicación irregular de obras públicas, una línea de investigación que ya salpica al PSOE de forma directa y ha provocado que el juez vuelva a citar a José Luis Ábalos y Koldo García.
Obras por más de 600 millones
En su resolución de este lunes, Puente detalla además las obras bajo sospecha y destaca que en total suman más de 600 millones. También explica que en torno a las mismas se habrían constituido dos supuestas organizaciones criminales.
"La primera trama, de mayor envergadura económica, (...) estaría formada por los investigados Cerdán Santos, Ábalos Meco y García Izaguirre, de una parte; y, de otra, por personas cuya identidad todavía no se ha esclarecido, además de por Fernando Agustín Merino Vera, en representación de la compañía Acciona Construcción", señala. "Igualmente, pudiera haber tenido cierta participación en dichos procesos don Joseba Antxon Alonso Egurrola, en representación de la empresa Servinabar 2000", añade.
"En la segunda de las organizaciones aparecerían como investigados los referidos Ábalos Meco y García Izaguirre, en su condición de autoridades o funcionarios públicos (...); así como Víctor Gonzalo de Aldama Delgado, en su condición de comisionista, José Ruz Martínez (en representación de la empresa Levantina, Ingeniería y Construcciones), y Antonio Fernández Menéndez y Daniel Fernández Menéndez (estos en representación de la empresa Obras Públicas y Regadíos)", concluye.
El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha respondido a la Fiscalía Europea que por el momento no consta que las obras públicas que está investigando contaran con fondos de la UE. El juez descarta así ceder parte del procedimiento a la Fiscalía Europea, que había remitido un escrito al alto tribunal para evaluar su posible competencia.