El Gobierno adjudica obras millonarias a una constructora china asesorada por lobistas del PSOE

El Gobierno de Pedro Sánchez está adjudicando contratos millonarios de obras a una constructora pública china sancionada por Estados Unidos por colaborar en la agenda expansionista del régimen de Pekín y crear bases militares en aguas internacionales en disputa en el Mar de China Meridional. La empresa, China Communication Construction Company (CCCC), se ha implantado discretamente en España con la ayuda del Ejecutivo socialista y lobistas próximos a Ferraz.

En 2020, el Departamento de Comercio de Washington sancionó a CCCC y sus 34 filiales y prohibió a las compañías estadounidenses colaborar o trabajar con el hólding. Dos años antes, el Gobierno de Canadá de Justin Trudeau vetó la compra de la constructora canadiense Aecon por parte de CCCC alegando razones de “seguridad nacional”. Además, CCCC afronta acusaciones de corrupción en una decena de países. Pero el Partido Comunista de China (PCCh) ha encontrado abiertas las puertas de Moncloa.

Comunicaciones y documentos a los que ha tenido acceso El Confidencial, así como testimonios de fuentes próximas a CCCC, revelan ahora que la compañía recurrió a intermediarios próximos al PSOE para introducirse en territorio español e infiltrarse en el sector nacional de la construcción. Esos mismos intermediarios se encargaron también posteriormente de poner en contacto a CCCC con el Gobierno de Sánchez para que el Ministerio de Transportes le concediera adjudicaciones públicas de infraestructuras y obra civil.

Según estas fuentes, la operación de aterrizaje en España comenzó en los meses previos a la pandemia, cuando los directivos de CCCC fueron informados de que una constructora gallega fundada en 1977 en Oroso (A Coruña), llamada Grupo Puentes y Calzadas SA, con decenas de proyectos emblemáticos en su portfolio y que en 2017 había alcanzado unos ingresos récord de 300 millones de euros, afrontaba una grave crisis de actividad -cerró 2018 con una facturación de sólo 90 millones- y se encontraba al borde de la desaparición.

Nuevo dueño, mismo nombre

CCCC vio la oportunidad perfecta para entrar en el mercado nacional de la obra pública y, al mismo tiempo, comprar una marca con la que operar también en Latinoamérica. En junio de 2020, una filial de la corporación de Pekín, China Road & Bridge Corporation (CRBC), compró el 66,5% de Grupo Puentes y Calzadas SA al presidente y fundador de la constructora, José Manuel Otero, después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no pusiera ninguna objeción.

El acuerdo de adquisición incluyó que Otero siguiera dirigiendo la empresa hasta 2023 y que, pasado ese hito, CRBC le compraría el 33% restante para quedarse con todo el capital de la constructora. A pesar de la entrada de CCCC en Grupo Puentes y Calzadas SA, la mercantil mantuvo su denominación.

Su negocio se recuperó rápidamente tras la compra. En 2020, primer año con la presencia china en su accionariado, su facturación subió a 115 millones de euros. En 2021 ascendió nuevamente terminando en 137 millones. Sus ejercicios siguientes fueron aún mejores: cerró 2022 con ingresos de 209,8 millones; 2023, con 343, y finalmente, 434,6 millones en 2024, superando su máximo histórico y colocándose como la tercera constructora gallega, por detrás de San José y Copasa.

A esa progresión contribuyó el Gobierno de Sánchez. En 2022, Grupo Puentes recibió la obra de emergencia para reconstruir los viaductos de O Castro por 90 millones de euros. En noviembre de 2023, la Dirección General de Carreteras, un área del Ministerio de Transportes que está en el foco de la Justicia por su implicación en el caso Koldo, adjudicó a Grupo Puentes y Calzadas SA la “conservación y explotación de las carreteras y obras menores” del sector LU-05 de la provincia de Lugo por 14,6 millones.

Opinión

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En diciembre de ese mismo año, ADIF, otro organismo en cuestión por su presunta implicación en la trama corrupta del PSOE, adjudicó a la firma controlada por el PCCh, en UTE con otras tres compañías españolas, el proyecto de la línea de alta velocidad del tramo de 15 kilómetros Tafalla-Campanas por 238 millones de euros.

En enero de 2024, nuevamente ADIF concedió a la empresa china, ACS, Tecsa y San José la ampliación de la estación de Atocha por 451,6 millones de euros, uno de los proyectos más emblemáticos de los últimos años. Y en julio del mismo ejercicio, la filial española de CCCC logró en UTE con otra firma un contrato de la Dirección General de Carreteras de 18,1 millones para la “conservación y explotación de las carreteras y obras menores” del sector S-02 de Cantabria.

Los lobistas de la órbita de Moncloa han sido decisivos en el asentamiento del grupo público chino. Su trayectoria en España contrasta con la actitud que han mostrado otros países de la UE. En enero de 2022, Lituania quitó a Grupo Puentes y Calzadas SA un contrato de 63 millones de euros para levantar un puente ferroviario de 1.500 metros por la presencia de CCCC en su accionariado. Un comité de Seguridad concluyó que la adjudicación perjudicaba a sus intereses nacionales. Una empresa italiana ejecutó finalmente el proyecto.

Contratos del Partido Popular

La imagen de CCCC es peor en países como Serbia. En 2021, el Gobierno de Aleksander Vucic adjudicó al grupo chino las obras de la nueva estación de ferrocarril de la ciudad de Novi Sad. La infraestructura se inauguró en 2022 pero, el 1 de noviembre de 2024, su marquesina exterior colapsó y mató a 16 personas. La tragedia desató una ola de movilizaciones populares por todo el país que arreció al descubrirse que dos ministros redujeron la inversión real en la estación para aumentar el beneficio de la compañía china en 16 millones de euros. En marzo de este año se cayó un edificio de Bangkok construido por CCCC y murieron otras 96 personas.

Administraciones del Partido Popular también han contribuido a engordar el balance de Grupo Puentes y Calzadas SA. La Consejería de Vivienda y Planificación de Infraestructuras de la Xunta de Galicia le concedió el pasado agosto, por ejemplo, la construcción de un centro de educación infantil y primaria en el término de Ames (A Coruña) por 10 millones de euros. Y la Consejería de Movilidad de Castilla y León confió a la misma empresa, en abril de 2024, la terminación de las obras de la variante de Guardo (Palencia) por 11,6 millones de euros, por ejemplo.

Pero estos contratos no alcanzan el volumen de los adjudicados por el Ministerio de Transportes ni por otros organismos dependientes del Gobierno, como la Dirección General del Agua. Tampoco hay pruebas de que CCCC haya recurrido a intermediarios de partidos diferentes del PSOE para aumentar su volumen de negocio. Algunas de las relaciones de la constructora china con Moncloa se han producido al más alto nivel, según las pruebas a las que ha tenido acceso El Confidencial.

El Gobierno de Sánchez ya está en el punto de mira internacional por sus estrechas relaciones con otra gran empresa clave en la hoja de ruta de Pekín, la tecnológica Huawei. El PSOE se ha negado a vetar a esta compañía en la implantación del 5G, como reclama Europa, y le ha concedido contratos públicos en áreas sensibles, como el mantenimiento de bases de datos con investigaciones policiales y la creación de redes para el Ministerio de Defensa. Las presiones de Estados Unidos y Bruselas provocaron que, finalmente, Moncloa desistiera el pasado septiembre de una adjudicación a Huawei de 10 millones de euros.

Como desveló este diario el pasado febrero, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, negociador de cabecera del Ejecutivo de Sánchez, montó en abril de 2022 un think tank prochino, Gate Center, con la colaboración de un empresario de esa nacionalidad aunque residente en España, Fangyong Du, alias Miguel Duch o Miguelito, que fue investigado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) por su relación con los servicios de espionaje de Pekín. Zapatero incluyó en el primer consejo asesor de Gate Center a una directiva china llamada Zhimin Hu que, en aquel momento, ejercía de máxima responsable en América de China Harbour Engineering Co., otra de las filiales de CCCC.

En conversación con este diario, Fangyong Du reconoció que puso en contacto a Zapatero con la representante de la constructora china. “Es una directiva muy importante”, confesó.