Plan de inmigración del PP: pasaporte auténtico y pruebas de edad en un máximo de 72 horas
Feijóo presentará en Barcelona su proyecto para combatir la inmigración irregular, con el que busca frenar el trasvase a Vox y atraer a votantes progresistas. El PP centralizará en una "única autoridad" las competencias migratorias
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. (Europa Press/Jesús Hellín)
El PP intenta conjugar el impulso primario de hacer oposición por el abultado volumen de casos de presunta corrupción que acechan al Gobierno con la confección de una "alternativa" propositiva de cara a las próximas generales, para las que quedan, como máximo, menos de dos años. Hay dos proyectos a los que Génova ha dado máxima prioridad: uno es el plan de regeneración democrática que recogerá la derogación del andamiaje del sanchismo, y que verá la luz previsiblemente este mismo mes. Y el segundo, más urgente, es la nueva hoja de ruta del PP contra la inmigración irregular, con la que pretende batirse a Vox y mitigar el auge de Abascal.
Alberto Núñez Feijóo ha escogido Barcelona para la puesta de largo de su plan migratorio, que lleva meses cocinándose en el cuartel general del partido bajo la batuta de Alma Ezcurra, ungida como nueva 'ideóloga' de la formación. El documento, que se presentará este martes, incluirá medidas con las que plantean endurecer la permisividad con la inmigración, incluso con la regular, una bandera que en España solo había capitalizado Vox y que bebe de un endurecimiento normativo extendido en buena parte de Europa.
Según ha podido saber El Confidencial, el plan incluirá medidas para frenar los fraudes por edad. En concreto, si logra llegar al Gobierno, Feijóo exigirá la obligatoriedad de que el inmigrante "pruebe su edad" mediante la presentación de "un pasaporte auténtico". Si no lo hace, se realizarán unas pruebas para determinar los años que tiene el individuo y que deben resolverse en un plazo máximo de 72 horas, para lo que resulta fundamental, defienden, "reforzar los instrumentos de la Fiscalía".
Lo que el PP pretende con esta iniciativa es poner coto a los múltiples casos de migrantes adultos que entran en nuestro país y que se cuelan en el reparto por las comunidades autónomas como falsos menores. "Nadie se aprovechará del sistema", reivindicó el mandatario popular hace unos días. Durante su asistencia en el Foro de la Toja, Feijóo defendió que con este tipo de medidas persiguen precisamente evitar "situaciones de desprotección" de los niños y jóvenes que acceden sin sus progenitores. "Debemos perseguir ese fraude para que los menores no convivan con los adultos", apuntó.
El plan migratorio del PP también incluirá una propuesta de reforma de la ley de Extranjería para "poder expulsar a cualquier extranjero que se haya declarado menor de edad cuando las pruebas realizadas determinen su mayoría de edad por resolución firme". Y también se propone modificar el Código Penal para tipificar el fraude de edad o de nacionalidad.
La elección de Barcelona para presentar su plan de medidas para frenar a irregulares no es fruto de la casualidad. Cataluña es la región donde la inmigración impacta en mayor medida en el electorado, y que explica no sólo la subida de Vox, sino también de Aliança Catalana, formación independentista con un marcado discurso antimigratorio que compite tanto con los ultraconservadores como con Junts.
El PP no quiere quedar rezagado con un debate que, defienden, puede inclinar balanzas electorales la próxima vez que se abran las urnas, tanto a nivel nacional como autonómico. Génova ha identificado, a través de sus sondeos internos, que esta temática no sólo puede frenar el trasvase a Vox —que algunos sondeos cifran ya en más de un millón de papeletas, y por el que ya se han activado las alarmas en el partido—, sino atraer incluso a parte del electorado progresista que no depositaría su voto en la urna de Santiago Abascal. "Es un debate transversal", insisten.
A lo largo de las últimas semanas, Génova ha ido desgranando su plan migratorio con propuestas que van desde la "expulsión de inmigrantes con un vínculo familiar violento", que anunció Alma Ezcurra el pasado viernes, hasta la creación de un visado por puntos para entrar en España, con el que buscan priorizar la entrada de migrantes culturalmente próximos —hispanos por encima de africanos, por ejemplo—, que opten a un empleo o que procedan de países que colaboren con la política migratoria de un eventual Gobierno del PP.
Génova quiere desafiar a Vox en su terreno, con "medidas" en lugar de "proclamas", y propondrá también un endurecimiento del Código Penal para deportar a los inmigrantes, con o sin papeles, que cometan delitos. También buscará poner trabas en los permisos de residencia, para que sólo puedan tramitarse para aquellos que cuenten con empleo y dominen el idioma y la cultura de España, así como restringir el acceso a las prestaciones no contributivas y dificultar el derecho a la reagrupación familiar, "una vía opaca de regularización masiva".
24 horas antes de la presentación del plan, Feijóo aseguró en una entrevista para Espejo Público que, si logra llegar al Gobierno, centralizará las competencias migratorias en "una única autoridad" frente a los cinco ministerios actuales que "no hacen nada".
El PP intenta conjugar el impulso primario de hacer oposición por el abultado volumen de casos de presunta corrupción que acechan al Gobierno con la confección de una "alternativa" propositiva de cara a las próximas generales, para las que quedan, como máximo, menos de dos años. Hay dos proyectos a los que Génova ha dado máxima prioridad: uno es el plan de regeneración democrática que recogerá la derogación del andamiaje del sanchismo, y que verá la luz previsiblemente este mismo mes. Y el segundo, más urgente, es la nueva hoja de ruta del PP contra la inmigración irregular, con la que pretende batirse a Vox y mitigar el auge de Abascal.