El Gobierno filtra sesgado el informe de la Comisión de Venecia que avala con peros el modelo conservador del CGPJ

El Gobierno lo ha vuelto a hacer. Como sucedió hace un año con el informe de la Comisión de Venecia sobre la amnistía al procés, el Ejecutivo ha vuelto a enviar a la prensa información sesgada sobre el contenido de un nuevo dictamen del órgano que vela por la calidad democrática, en este caso relacionado con el modelo de elección de las vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El informe, al que ha tenido acceso El Confidencial, considera que la propuesta del sector conservador del CGPJ, que cuenta con el respaldo del PP, “es bienvenida” porque “cumple con el estándar europeo de elección entre pares”. Aun así, subraya que “no debe pasarse por alto el riesgo de politización interna, especialmente si las asociaciones judiciales ejercen una influencia significativa sobre las nominaciones y campañas, pudiendo condicionar el proceso electoral”.

En cuanto a la propuesta del sector progresista, apoyada por el Ejecutivo, el informe concluye que, además de los riesgos internos de politización señalados respecto del modelo conservador, “vulnera el procedimiento al hacerlo susceptible de politización externa en el Parlamento", por lo que "no cumple con los estándares europeos”.

En este sentido, explica que el proceso electoral debe protegerse “no solo frente a interferencias externas, sino también frente a la politización interna, ya que ambos factores podrían socavar la independencia judicial”. Para abordar estos riesgos, propone cuatro medidas en el desarrollo del sistema electoral, todas ellas aplicables también el modelo progresista. La primera tiene que ver con la etapa de nominación de candidatos, para la que propone eliminar o reducir sustancialmente el requisito de 25 (o 30) avales para los candidatos judiciales, y considerar una convocatoria abierta de candidaturas.

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La segunda se refiere a los candidatos suplentes y sugiere examinar otros modelos, como la elección parcial en caso de cese anticipado del mandato. En cuanto al número de votos, revisar el número máximo por elector, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades entre los candidatos asociados e independientes. Por último, en aras de conseguir unas prácticas electorales justas, propone implantar normas que aseguren la igualdad de condiciones entre los candidatos, incluyendo igual acceso a la información, oportunidades de campaña equilibradas, financiación transparente y regulada, y apoyo material adecuado.

El modelo progresista

En relación con el modelo progresista, la Comisión de Venecia explica que el Parlamento dispone de “una amplia discrecionalidad” en la selección de los candidatos, “sin criterios claros ni obligación de motivar adecuadamente sus decisiones”. Además, continúa, la existencia de un recurso judicial efectivo para impugnar los nombramientos “sigue siendo incierta”.

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Por otra parte, “carece de mecanismos adecuados para evitar bloqueos, lo que la hace vulnerable a la parálisis parlamentaria y a posibles retrasos”. Por último, señala que aunque la preselección judicial de los miembros del Consejo “es valiosa”, “no basta para cumplir el estándar europeo de elección entre pares", ya que la elección final sigue siendo política. Por tanto, en este aspecto, la opción progresista “no cumple con los estándares europeos”.

Este lunes estaba previsto que a las 15:30 se publicara el informe de la citada comisión tras su visita a España los pasados 18 y 19 de septiembre, con el fin de averiguar los motivos por los que el Gobierno y el PP no cambian el modelo del CGPJ. Tres horas antes de la publicación, el ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes envó un resumen interesado sobre el informe redactado por la delegación enviada por esta institución, dependiente del Consejo de Europa.

Las fuentes del Gobierno obvian las conclusiones que perjudican sus posiciones. Tal y como adelantó El Confidencial, ese documento asegura en dos ocasiones que la propuesta del sector conservador del órgano de gobierno de los jueces y magistrados cumple con los estándares europeos. En sentido contrario, ese mismo borrador afirma, también en dos ocasiones, que la propuesta del sector progresista, el que respalda el Gobierno, no los cumple

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Sin embargo, lo que el Ministerio ha remitido a los medios de comunicación obvia esta realidad y se agarra a otras afirmaciones preliminares del informe, como que “no existe un modelo estándar que un país democrático esté obligado a seguir al establecer su Consejo Judicial” o que “no existe una norma que imponga un modelo, ni hay un patrón común en Europa de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial”.

Finalmente, Justicia explica que el Gobierno “sigue apostando por el modelo actual” porque “ha asegurado la independencia judicial y garantizado que las decisiones se tomen por mayoría cualificada, evitando así que una sensibilidad corporativa o partidista pueda capturar el CGPJ”. En su opinión, “las tentaciones de modificar el actual modelo de forma unilateral supondrían un enorme riesgo para la estabilidad del Poder Judicial, en tanto que cada vez que hubiera un cambio de Gobierno se enfrentaría a un cambio en el modelo de elección de sus miembros”.

Celebración en Génova

Desde Génova celebran las conclusiones del documento y denuncian la "manipulación y tergiversación" de Bolaños, "intentando hacer pasar por bueno lo que no es más que una absoluta desautorización al Gobierno". La vicesecretaria de Regeneración Institucional y responsable de Justicia, Cuca Gamarra, insta a cambiar el sistema de elección pese a las ligeras objeciones de un informe que "desautoriza el sistema que defiende el Ejecutivo" y cree que, tras el paso adelante de la Comisión de Venecia, España "está obligada a cambiarlo".

La delegación de la Comisión de Venecia, compuesta por cinco miembros, aterrizó en Madrid el 18 de septiembre para sentarse con el ministro de Justicia y con representantes del Congreso, del Senado, del propio CGPJ y de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, así como con cuatro juristas.