Las acusaciones del caso Begoña ponen el foco en un directivo de Google vinculado al PSOE

Las acusaciones personadas en la investigación por corrupción a Begoña Gómez ponen el foco en Google. Es una de las empresas que desarrolló el software para la cátedra universitaria de la esposa de Sánchez. Su jefe de Asuntos Gubernamentales y Políticas Públicas es Miguel Escassi, declarado seguidor del PSOE y de Pedro Sánchez. Las acusaciones piden al juez que le cite a declarar, al tiempo que le recuerdan que todavía faltan por incorporar al caso los correos de otro directivo de la tecnológica.

Escassi fue asesor de la exministra Teresa Ribera, anunció su voto para el PSOE y acudió a un acto con la mujer del presidente y el ministro Felix Bolaños organizado por la Fundación Pablo Iglesias --vinculada al PSOE-- meses antes de que Google financiara la plataforma de su máster.

En 2019 asistió a un mitin de Pedro Sánchez en Sevilla por la campaña de las elecciones generales de noviembre de ese año. Publicó una foto a pocos metros de Sánchez sobre el escenario y anunció su voto a favor del líder socialista: “Orgulloso de estar en casa, en Sevilla, en el acto de apertura de campaña del @PSOE. #AhoraSi, por un gobierno progresista y estable para España. #YoSiVoto”.

En un escrito presentado al juez esta semana, las acusaciones solicitan que se le cite a declarar tras analizar los correos del exvicerrector de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Carlos Doadrio, con Begoña Gómez y su asesora. Acreditan la implicación de la empleada de Moncloa Cristina Álvarez en los negocios privados de la mujer de Pedro Sánchez.

La relación con Google

Hay comunicaciones sobre la relación que tenían con Google, como una carta dirigida a Escassi el 11 de julio de 2022 en el que puso en copia a la propia Begoña Gómez. En la misiva, se ofrece a Google la posibilidad de participar "activamente" en la cátedra para "multiplicar las economías transformadoras, desde la estrategia de las compañías".

"Creemos que Google sería una empresa candidata ideal para formar parte de esta alianza a través de la categoría Crecer. Esta categoría consiste en una colaboración económica anual de 40.000 euros mediante la cual y durante los próximos dos años Google podrá: intervenir/asistir en el desarrollo de la plataforma", expone.

En el informe que elaboró la Guardia Civil sobre los correos consta que, cuatro meses después, Doadrio envió a Álvarez la comunicación automática que Google le habría remitido para "la firma del acuerdo". El 1 de diciembre de 2022, Doadrio informó la firma del acuerdo con Google, dirigiéndose en esta ocasión a Gómez y manteniendo en copia a Álvarez. En el correo se lee: "Por fin firmé el convenio de Google".

Por este motivo, las acusaciones quieren que Escassi vaya de nuevo al juzgado a contar lo que recuerde de esas gestiones. Ya estuvo ante el juez en mayo. Acudió el mismo día que estaba citado el jefe de proyecto de Google, Miguel Rodríguez Bueno. Fuentes de la compañía aseguraron que su colaboración con el software formaba parte de sus "continuos esfuerzos para apoyar la transformación digital de España", donde cuentan con 150 proyectos con universidades e instituciones en los últimos cinco años.

Unas semanas, antes había pasado como testigo por el Juzgado la que fuera directora de Google en España y Portugal. Su nombre es Fuencisla Clemares. Esta mujer fue CEO de la empresa entre 2016 y 2024. Dijo que ella fue informada previamente que existía “esa posible colaboración” para el software de la cátedra. Aseguró que le dio el visto bueno al proyecto al entender que encajaba en los “objetivos estratégicos de Google” como “digitalización, formación y capacidades digitales”.

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Preguntada acerca de quiénes eran las personas que estaban al frente de estas gestiones identificó a dos: Miguel Rodríguez Bueno y Miguel Escassi. Sobre Rodríguez Bueno, las acusaciones encabezadas por Hazte Oír, recuerdan al juez que ya solicitó los correos de este directivo en julio y en septiembre.

Sobre el dinero que aportó Google para el desarrollo del software, la mujer que fue de testigo declaró que inicialmente se asignaron 40.000 euros en términos de “patrocinio”. No obstante, según dijo, luego se dieron cuenta de que era “más complejo de lo previsto” y que necesitaban financiar más horas de trabajo para terminarlo y para darle fin en plazos acordados. Por eso se ampliaron 70.000 euros, que se pasaron a varias empresas que lo desarrollaron. En total, por parte de Google fueron 110.000 euros.

Esta semana, la Universidad Complutense de Madrid se personó como perjudicada en el caso. En un escrito en el que aceptó la invitación del juez para formar parte del procedimiento, apuntó a que las actividades investigadas generaron un perjuicio económico a la institución en contra del criterio manifestado por la Fiscalía en el Juzgado. Ejercerá acciones civiles para reparar el “daño causado”.