Ábalos consultó con la abogada de Koldo y otros letrados si renunciar al acta le salva de prisión

José Luis Ábalos está inquieto ante su nueva cita en el Tribunal Supremo. Diversas fuentes jurídicas confirman a El Confidencial que el pasado miércoles se citó con la abogada del que fuera su asesor, Koldo García, para consultarle si una renuncia a su escaño podría favorecer un aplazamiento del interrogatorio del juez Leopoldo Puente, previsto para el próximo 15 de octubre y, con ello, evitarle el riesgo de entrar en prisión. Las mismas fuentes precisan que ha buscado el asesoramiento de otros letrados. Al menos, media docena.

Dejar su cargo como diputado desencadenaría movimientos inmediatos en el procedimiento que ahora dirige el Tribunal Supremo. La investigación se encuentra en manos del alto tribunal a consecuencia de la condición de aforado del exministro. Si dejara de serlo antes de su nueva comparecencia, esta no podría desarrollarse según lo previsto: el Supremo perdería sobre el papel la competencia y la causa sería remitida a la Audiencia Nacional, que ya instruye la parte del caso Koldo que afecta a otros imputados.

La reunión con la abogada de Koldo, Leticia de la Hoz, se produjo el pasado miércoles en un bufete que también representa a la mujer del asesor, Patricia Uriz, y a su hermano Joseba. Permaneció allí una hora. El simple hecho de que decidiera consultar a De la Hoz indica ya otro aspecto evidente: la estrategia legal de ambos investigados parece ir de la mano y el socialista mantiene la confianza en el que fuera su mano derecha durante muchos años. Preguntada por este encuentro, la letrada no ha querido hacer comentarios.

Además de sortear un hipotético riesgo de perder la libertad, forzar el cambio de la instrucción a la Audiencia Nacional tiene otras posibles ventajas sobre las que Ábalos ha querido informarse. Los ritmos de instrucción del Supremo no son los mismos y la evolución de otras causas de corrupción como Gürtel, Lezo o Púnica en la Audiencia ya indica que los casos se alargan durante años. La dilación estaría así prácticamente garantizada.

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Otro de los aspectos que preocupa al socialista es su situación económica. Ha repetido de forma pública desde hace meses que su sustento depende del salario que percibe del Congreso de los Diputados. Sus cálculos combinan el cobro de la indemnización que recibiría si se marchara y la posibilidad de jubilarse, dado que ya tiene 65 años. En cualquier caso, la pérdida del acta no le garantiza un resultado seguro. Supondría tirar una moneda al aire con pros y contras.

También tendría sus riesgos. Algunas de las fuentes consultadas consideran que el cambio de condición a las puertas de una declaración de este calibre puede considerarse un fraude de ley. Más aún, a la vista del antecedente del expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, procesado en el caso del hermano de Pedro Sánchez. Él realizó en movimiento contrario y buscó un aforamiento exprés ante la apertura de juicio en su contra, pero el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura tumbó esta maniobra.

Problemas con su abogado

Las consultas de Ábalos con distintos abogados evidencian también otro hecho. La relación del diputado con su letrado, José Aníbal Álvarez, no atraviesa su mejor momento. La recomendación de dejar el acta partió de su defensa y, al menos de momento, no la ha atendido. Y esta no es la primera vez que no sigue su consejo: tampoco concretó un amago de pacto con la Fiscalía Anticorrupción que su representante en el caso quería promover hace ya unos meses. El rumor constante es que busca nueva defensa, pero sus problemas económicos dificultan que dé este paso.

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El magistrado Puente citó de nuevo a declarar como imputados al exministro y su asesor tras el informe la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que revela que el PSOE usó sobres del partido para abonarle tanto a él como a Koldo supuestos sobresueldos con dinero en efectivo. El juez apunta en su resolución a que este nuevo informe “viene a profundizar en los indicios de criminalidad" y, en concreto, en el hecho de que recibieran "indistintamente ingresos irregulares y opacos de diversa procedencia, eventualmente fruto de la comisión de los graves ilícitos penales que se les atribuyen”.

"Todo ello determina la necesidad de que ambos sean llamados a presencia del instructor al efecto de que les sea recibida nueva declaración en calidad de investigados, lo mismo sobre estos aspectos que sobre los elementos ya obrantes en las actuaciones, acordándose después lo que resulte procedente", advirtió el magistrado en el auto que notificó el pasado lunes para citar a ambos.