Comisión de Venecia: solo el modelo conservador para el CGPJ cumple estándares europeos

Han pasado quince meses desde que el Gobierno y el PP adquirieron dos compromisos en Bruselas: renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cumplido tres meses después, y cambiar el modelo de elección de los mismos, un asunto que ha caído en el olvido. Por eso, el Consejo de Europa envió en septiembre a España una delegación de la Comisión de Venecia para averiguar cuál es la razón por la que los sectores progresista y conservador no sólo no se ponen de acuerdo, sino que tienen propuestas contradictorias. Este jueves, el pleno de este organismo, que vela por la calidad democrática, se reunió para debatir el borrador del informe elaborado por la delegación que visitó Madrid. Según ha podido constatar El Confidencial, ese documento asegura en dos ocasiones que la propuesta del sector conservador del órgano de gobierno de los jueces y magistrados cumple con los estándares europeos. En sentido contrario, ese mismo borrador afirma, también en dos ocasiones, que la propuesta del sector progresista no los cumple.

El aval al modelo conservador, mucho más próximo a lo que este organismo señala como adecuado, se encuentra en los puntos 36 y 45 de ese documento, mientras que la distancia con la propuesta progresista se halla en los apartados 53 y 68. Esto es un asunto que gusta en los ámbitos conservadores consultados, pero que, sin embargo, está lejos de ser definitivo, porque en el informe hay objeciones a ambas propuestas. Según ha podido saber este periódico, la clave está en “cómo queda en el informe final la obligatoriedad de estos estándares”. Todo apunta a que las exigencias “se han rebajado” y se han acercado a las posiciones del Gobierno de España, muy pendiente de seducir a la delegación de la Comisión durante sus dos días en España.

El borrador, que ahora deberá valorar las enmiendas presentadas, se publicará como informe final el próximo lunes. Al pleno de este jueves acudieron representantes del Gobierno, la directora general de Justicia, Verónica Ollé; del Congreso, el presidente de la comisión de Justicia, Joaquín Martínez Salmerón ; y del Senado, en la figura de su presidente, Pedro Rollán. Este último presentó ocho enmiendas, de las que se pueden destacar cuatro, según informó el Senado en nota de prensa: evitar distorsiones de representación mediante sistemas de voto limitados, recordar que las decisiones del Parlamento en materia de designaciones son políticas y definitivas, incluir un mecanismo antibloqueo que impida la parálisis institucional; y garantizar la presencia de magistrados del Tribunal Supremo como señal adicional de independencia y solidez.

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Tras el acuerdo entre el Gobierno y el PP sellado en junio de 2024 por el ministro Bolaños y Esteban González Pons (PP) en Bruselas, el CGPJ elaboró dos propuestas de reforma que fueron remitidas tanto al Gobierno como al Congreso y al Senado para su examen. Asimismo, el CGPJ solicitó a la Comisión de Venecia un dictamen sobre el sistema de elección y, posteriormente, una visita a España para entrevistarse con todos los actores implicados. La delegación, compuesta por cinco miembros, aterrizó en Madrid el 18 de septiembre para sentarse con el ministro de Justicia, representantes del Congreso, del Senado, del propio CGPJ y de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, así como con cuatro juristas.

Dos modelos enfrentados

El bloqueo en el CGPJ a la hora de cumplir el compromiso adquirido por Bolaños y González Pons con la Unión Europea responde a que es necesario el voto afirmativo de 13 de sus 20 vocales, lo que hace necesario un acuerdo entre los dos bloques de 10. Por eso, el pleno que se celebró en vísperas de que expirara el plazo de seis meses, a finales de 2024, incluyó las dos propuestas. El problema está en el modo de elección de 12 de esos 20 vocales, dado que los otros ocho corresponden al Congreso y al Senado.

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La propuesta del bloque conservador plantea que estos 12 vocales sean designados en elección directa por los jueces y al margen del Parlamento, que no tendría ninguna participación en el proceso de elección. Para ello, se podrían presentar candidatos individuales siempre que recaben 25 avales o uno de una asociación profesional. En cambio, el bloque progresista admite que los jueces participen en la elección de los 12 vocales, pero con el matiz de que después sean avalados por las Cortes, lo que permite que el Congreso y el Senado aún jueguen un papel directo en el proceso. Su iniciativa recoge que se puedan presentar candidatos a partir de los 30 avales y establece una fase posterior en la que se enviaría una candidatura con los más votados al Parlamento.

Dos días en Madrid

Así, lo que la Comisión de Venecia se encontró al llegar a Madrid es un ministro de Justicia que -en la reunión que mantuvieron el lunes por la tarde- no defendió un nuevo modelo más o menos adaptado a los estándares internacionales, sino mantener "el actual modelo democrático de elección". Su argumento principal es que "garantiza la pluralidad", mientras que la propuesta del sector conservador "supondría retroceder en democracia, independencia y pluralismo".

Lo que el ministro Bolaños le explicó a la Comisión de Venecia es que el actual modelo cuenta con "total legitimidad democrática" y que "es fruto de un pacto de Estado del año 2001 con un 90% de apoyo parlamentario (PSOE, PP y fuerzas políticas nacionalistas) y que además garantiza la presencia de todas las sensibilidades jurídicas y sociales". La base del argumento del sector progresista, que hace suyo el Ministerio de Justicia, o a la inversa, está en "el principio democrático". Así lo explican a este periódico fuentes presentes en las reuniones que la delegación de la Comisión de Venecia ha mantenido con el CGPJ, juristas independientes, senadores y diputados. El concepto es que todo lo que salga del Parlamento es bueno, aunque atente contra la Constitución u obligue a interpretarla. Lo contrario, para los progresistas, es un modelo "corporativo" en el que el criterio de la carrera judicial se impone al de la ciudadanía.

En el centro del debate, los dos conceptos: separación de poderes vs. principio democrático. Para los conservadores, el argumento democrático es el mismo que el Gobierno utilizó con la amnistía, y se puede resumir en que "una mayoría puntual en el Parlamento está por encima de la Constitución y por encima de cualquier otra cosa: la mayoría parlamentaria puede hacer lo que le dé la gana. Es una barbaridad", añaden: "Si la lógica democrática es la única, no hay separación de poderes, porque el Consejo del Poder Judicial será una extensión del Parlamento. El principio democrático no lo puede todo, pero para ellos lo justifica todo", subrayan.

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El Consejo de Europa es un organismo independiente de la UE, y agrupa a un total de 46 Estados miembros. A sus suspicacias sobre la evolución del modelo democrático en España hay que sumar también las que existen en la propia Unión. El pasado 8 de julio, el informe anual sobre la situación del Estado de derecho en los diferentes países de la Unión Europea apuntó, en su capítulo dedicado a España, que “la contratación pública, la financiación de los partidos políticos, los proyectos de infraestructuras y los contratos de servicios públicos son sectores clave con alto riesgo de corrupción”. En ese informe, la Comisión Europea recuerda que "el Gobierno está obligado por ley a adoptar una estrategia global para prevenir y combatir la corrupción, pero aún no se ha comenzado a trabajar en ella”.

Además, el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa lleva años señalando la nula disposición de España para incrementar la autonomía del jefe del Ministerio Público reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para revisar, entre otros aspectos, el sistema de nombramiento del cargo que en estos momentos ocupa Álvaro García Ortiz.