La Complutense sí ve "perjuicio económico" en las actividades de Begoña Gómez frente al criterio de la Fiscalía

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha aceptado personarse como perjudicada en el caso que investiga a Begoña Gómez por corrupción. En un escrito en el que acepta la invitación del juez para formar parte del procedimiento, apunta a que las actividades investigadas generaron un perjuicio económico a la institución en contra del criterio manifestado este lunes por la Fiscalía en el Juzgado. Ejercerá acciones civiles para reparar el “daño causado”.

“Considerando que los hechos objeto de investigación pudieran haber causado un perjuicio económico y ser lesivos para los intereses de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), vengo a personarme en concepto de perjudicado, para el ejercicio de la acción civil de reparación del daño presuntamente causado a la administración universitaria en el procedimiento incoado”, dice el documento firmado este lunes por el abogado de la UCM.

Es la respuesta de la universidad al ofrecimiento que la semana pasada hizo el juez, Juan Carlos Peinado, de que estuvieran presentes en la diligencia del este lunes a las 17.30 horas, cuando que se comunicó a los investigados que, en caso de ser juzgados, tendrán que enfrentarse a un jurado popular. Esta es la parte principal del caso en la que se investigan los delitos de tráfico de influencias, intrusismo, apropiación indebida y corrupción en los negocios. Para la pieza separada por malversación, el juez también optó por conducirla hacia un jurado.

En su escrito, la UCM no precisa en qué términos se produjo ese presunto perjuicio, pero esta parte del caso es la que incluye la apropiación indebida de un software que varias empresas crearon para la cátedra de Begoña Gómez, pensando que después se la quedaría la universidad.

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La Fiscalía, por medio de un escrito de 17 folios, defendió el lunes en el Juzgado el archivo de la investigación al no hallar indicios de delito. Entre sus argumentos, el ministerio público sostiene que “ninguno de los investigados se ha beneficiado económicamente de las actividades de creación del software informático, ni consta que la UCM haya sufrido perjuicio patrimonial a consecuencia de las actividades desarrolladas”.

Los investigados son la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, su asesora, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés. En esa lista de imputados estaba hasta hace mees el rector de la UCM, Joaquín Goyache, pero la Audiencia Provincial de Madrid ordenó al juez Peinado que archivase las diligencias en su contra. Se da la circunstancia de que, según la documentación aportada por la UCM al juzgado, es el propio Goyache quien ha dado el visto bueno a esta personación en el caso.

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“Considerando que los hechos objeto de investigación en el procedimiento al tribunal del jurado pudieran haber causado un perjuicio económico y ser lesivos para los intereses de la universidad complutense de Madrid, este rectorado acuerda el ejercicio de acciones civiles de reparación del daño presuntamente causado a esta administración universitaria en el marco del procedimiento señalado”, dice la carta firmada por Goyache.

Los documentos de la UCM se completan con un listado de hasta once abogados acreditados para defender los intereses de la universidad.