El Supremo abre causa a Alvise Pérez por revelación de secretos y acoso a sus dos eurodiputados

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha abierto una causa penal al eurodiputado Luis Pérez Fernández, más conocido como ‘Alvise’, por presuntos delitos revelación de secretos y acoso a dos eurodiputados que se presentaron con él a las elecciones europeas de 2024 por la agrupación de electores ‘Se Acabó la Fiesta’. Tras ser elegidos, se integraron en el grupo parlamentario European Conservatives and Reformists (Conservadores y Reformistas Europeos). Según ha informado el alto tribunal en un comunicado, se designa como juez instructor al magistrado Manuel Marchena.

El tribunal admite a trámite la querella interpuesta por los eurodiputados Diego Adrián y Nora Junco contra Pérez Fernández el 27 de junio de 2025 al considerar que en este caso concurren, en plena sintonía con el informe del Ministerio Fiscal, indicios de criminalidad respecto a estos dos delitos que se le atribuyen y acuerda la apertura de un nuevo procedimiento, el cuarto que tiene abierto en el Tribunal Supremo.

En su auto, la Sala explica que los eurodiputados denunciaban que no solo venían siendo víctimas de una continua campaña de hostigamiento a través de las redes sociales como consecuencia de los mensajes que ‘Alvise’ había publicado sobre ellos -en un pódcast y en un canal de Telegram-, sino que, incluso, habían llegado a temer por su integridad física al revelar también el lugar en el que se encontraban o al que se dirigían.

Añadían que una vez filtradas sus direcciones de correo, su número de teléfono y sus redes sociales, habrían recibido una ingente cantidad de mensajes ofensivos y/o amenazantes, que la querella describe, aportando el correspondiente soporte documental, al extremo de que “aquellos se habrían visto compelidos a soportar una continua sensación de inseguridad".

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Modificaron sus hábitos o rutinas, cerraron algunas de sus redes sociales y limitaron a terceros la posibilidad de comentarios en las que conservan. También se vieron obligados a no atender ninguna llamada telefónica procedente de número desconocido, lo que obstruye significativamente su labor parlamentaria y la propia de su ordinaria vida familiar, llegando, incluso, Nora Junco a tener que cambiar su número de teléfono.

Miedo a que les abordasen por la calle

También alegaban que tampoco les era posible, como consecuencia de las conductas descritas, atender con normalidad sus cuentas de correo electrónico, tanto las personales como las profesionales, ya que “reciben regularmente “miles de ellos” (“cientos diarios”) con insultos y amenazas". Todo ello, además del constante miedo o intranquilidad que les generaba el poder ser abordados en ese contexto por la calle por cualquier desconocido.

El Supremo ve indicios de delito atendiendo a que Alvise gestiona el canal de Telegram y el pódcast y que muchos de los individuos que son hostiles con los denunciantes son seguidores de ambas plataformas. Añade que el líder de SALF "pudo haber facilitado y hecho público aspectos personales e identificativos concernientes a dichas personas".

Destaca el alto tribunal que Alvise no cesó en su actitud después de que muchos de sus seguidores hubieran reflejado explícitamente la intención de alterar el normal desarrollo de vida de los querellados. Más bien al contrario reiteró sus llamamientos a que resultaran hostigados como reacción a su posición política, cualquiera que esta fuere".