El PP apoya una propuesta de Vox para fiscalizar el coste de la inmigración irregular

El Tribunal de Cuentas fiscalizará el coste de la inmigración irregular en las arcas públicas. El PP apoyó este martes una propuesta de Vox en la comisión mixta para las relaciones con el órgano en el Senado para profundizar en el impacto económico de la asistencia a estas personas por parte de la Administración del Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales. "Entendemos que no hay nada que ocultar", subrayó la senadora popular María Pilar Alía, que confirma el giro de los de Alberto Núñez Feijóo respecto a la cuestión migratoria.

Juan José Aizcorbe defendió la moción de Vox, en línea con el rechazo de la formación a la asistencia a los inmigrantes en situación irregular. "Nadie con sentido común niega que la inmigración ilegal y sus secuelas sean un problema real", dijo Aizcorbe, que incidió en el "gran impacto económico negativo" de esta situación. El objetivo, añadió, es conocer "cuánto cuesta, en qué se gasta la ingente cantidad de recursos y quiénes lo pagan".

Vox considera que tanto el Estado, como las autonomías y los ayuntamientos, dedican cientos de millones de euros a servicios públicos como la sanidad, la educación o la vivienda, pero no existe un dato global. "Cada administración pone su parte, pero nadie rinde cuentas", defendió Aizcorbe para justificar el mandato al Tribunal de Cuentas, que tras el encargo del Senado deberá incluir este informe en su programa anual.

El PP apoyó la propuesta y se sumó al espíritu crítico de Vox con algunos matices. "No podemos oponernos a conocer la verdad sobre el uso y el destino de los fondos del Estado en esta materia", dijo Alía, que acto seguido insistió en que su partido aboga por una "inmigración legal, ordenada y mutuamente beneficiosa", intentando desmarcarse de las posturas beligerantes de Vox.

TE PUEDE INTERESAR

Feijóo afila su cruzada contra la inmigración ilegal y ultima un plan para batirse con Vox

Ana Belén Ramos

La realidad, no obstante, es que desde Génova se ha impulsado un cambio en la concepción y el trato de esta problemática, con una posición más dura tras los últimos incidentes, como la violación de una menor de 14 años en Madrid por un marroquí interno en el centro de primar acogida de Hortaleza, que presuntamente es mayor de edad.

Los populares, no obstante, metieron en la ecuación al Gobierno de Pedro Sánchez y criticaron la ausencia de presupuestos, con la necesidad de "considerar los costes de forma adecuada" para dimensionar con exactitud los recursos que se destinan a este respecto.

Rechazo del PSOE y Sumar

La propuesta, que salió adelante por 20 votos a 15 en la comisión mixta, contó con el rechazo de los grupos de Sumar y el PSOE. La senadora Engracia Rivera calificó la iniciativa de "repugnante" e instó a Vox por fiscalizar lo que los inmigrantes aportan al PIB: "Nadie es ilegal".

TE PUEDE INTERESAR

Por qué Vox quiere poner en el foco la inmigración no cualificada

Esteban Hernández

Pedro Manuel Martín, del grupo socialista, se manifestó en la misma línea y acusó a la formación ultraconservadora de plantear una "realidad falsaria", enumerando los informes del Banco de España, la OCDE, BBVA Research o el FMI que sostienen que la inmigración es el "motor de la economía española". Martín, además, criticó a la Fundación Disenso y preguntó cuánto costaría la deportación de 8 millones de personas.

Los socialistas consideran que los inmigrantes son clave para sostener el sistema, habida cuenta de que suponen el 70% del personal en puestos como el servicio doméstico, la agricultura o la hostelería. Vox, sin embargo, considera que se trata de una "falsa consigna" y aseguró que solo la regulada tiene saldo positivo. El resultado, concluyó, es el colapso de las urgencias o la saturación del mercado de la vivienda.