Un TC dividido admite a trámite el recurso de Puigdemont que exige aplicarle la amnistía

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de Carles Puigdemont contra la sentencia del Tribunal Supremo que rechazó aplicarle la ley de amnistía, pero con ocho votos a favor y cuatro en contra de los magistrados Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y José María Macías. El tribunal también ha admitido a trámite los recursos de los exconsejeros catalanes Lluís Puig y Antoni Comín.

"El tribunal aprecia que concurren en los recursos una especial trascendencia constitucional porque el asunto suscitado trasciende del caso concreto y porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales", explican desde el Constitucional.

La admisión a trámite obligará a revisar el criterio del Supremo, que concluyó que la amnistía no resulta aplicable al delito de malversación y mantuvo vigente la orden de detención nacional contra Puigdemont. “Los actos de disposición del patrimonio de la Administración estuvieron radicalmente vinculados a un beneficio personal y tuvieron un marcado carácter patrimonial", sostuvo el magistrado Pablo Llarena. "Hicieron con el patrimonio ajeno que les estaba confiado lo que no pudieron o no quisieron hacer con su patrimonio", advirtió por su parte la Sala de lo Penal en otra resolución.

El expresidente catalán recurrió esta negativa ante el Constitucional y, el pasado septiembre, dio un nuevo paso que retrasó la admisión a trámite de su escrito: el intento de apartar a tres magistrados conservadores al cuestionar su imparcialidad. En concreto, a Concepción Espejel, Enrique Arnaldo y José María Macías. El Constitucional rechazó la recusación de los tres magistrados el pasado 23 de septiembre y, una vez superado ese escollo, ha admitido a trámite el recurso.

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El Constitucional sigue así la misma línea que con los recursos del expresidente catalán y líder de ERC, Oriol Junqueras, y los ex consejeros Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull. La orden de detención contra Puigdemont y, por tanto, su posible vuelta a España depende de estos recursos, pero su resolución no se espera hasta 2026.

A la vista de estos tiempos, el expresidente catalán también ha solicitado que, antes de entrar en el fondo de sus argumentos, el Constitucional acuerde como medida cautelar el levantamiento de su orden de detención. Sin embargo, el Constitucional ha rechazado por ahora acordarlo de manera cautelarísima.

"En relación con la solicitud de suspensión formulada en las demandas de amparo, el pleno no aprecia la urgencia excepcional (...) que justificaría su adopción inaudita parte de forma inmotivada, por lo que, a fin de resolver sobre la misma, procede formar la oportuna pieza separada", apuntan desde el tribunal.

El rechazo del Supremo

El Supremo avaló por unanimidad la decisión de Llarena de no aplicar la amnistía al delito de malversación el pasado abril. Los magistrados Vicente Magro, Eduardo de Porres y Susana Pola desestimaron los recursos de apelación al considerar que la decisión de Llarena "no contraviene la voluntad del legislador".

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Según apuntaron los magistrados, "el tenor literal de la ley no dice, como argumentan los recurrentes, que solo puede entenderse como beneficio personal de carácter patrimonial el incremento tangible y directo del patrimonio del sujeto". Al igual que Llarena, ellos también concluyeron que "los investigados se beneficiaron patrimonialmente en tanto que impulsaron personalmente el proyecto político ilegal y endosaron los gastos a la administración autonómica, sin que esa iniciativa respondiera a la satisfacción de ningún interés público".