Ofensiva judicial del Senado contra el Gobierno y el Congreso: cinco iniciativas a los tribunales

El Senado ha dicho basta. La Cámara Alta, controlada por la mayoría absoluta del PP, se ha hartado de los permanentes desplantes y agravios a la institución, tanto desde el Gobierno como desde el Congreso. El malestar se traduce en una contestación jurídica que, como ha contado este periódico, ya suma media docena de iniciativas ante el Tribunal Constitucional. El órgano de garantías ya ha dado la razón al Senado en distintas ocasiones. El colofón a esta escalada de tensión ha sido el intento de Francina Armengol de arrebatar a Pedro Rollán el solemne acto de izado de bandera el Día de la Constitución. Hasta ese punto ha llegado el "ninguneo".

El último movimiento judicial tiene que ver con la decisión de la Mesa del Congreso de modificar las leyes que llegan aprobadas del Senado para retirar las enmiendas que en el ejercicio de sus funciones ha incorporado el Pleno de la Cámara Alta. Ya ha sucedido en varias ocasiones. La primera fue con el proyecto de ley de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario que remitió el Senado. En lugar de tramitar el texto completo, la mayoría de izquierdas del órgano de gobierno del Congreso (tres del PSOE y dos de Sumar) decidió eliminar las tres enmiendas que incorporó el Senado.

"Lo que no puede hacer nunca la Mesa del Congreso es alterar la voluntad de un órgano plenario", explican fuentes jurídicas a El Confidencial. "Tú como Gobierno puedes vetar una iniciativa por motivos presupuestarios en el último momento, durante la votación del Pleno del Senado. Pero una vez que pase, ya no. Es un texto legislativo completo. Y el Congreso lo puede retocar, pero en el Pleno, no en la Mesa", subrayan.

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Algo similar sucedió en relación con la corrección de errores de la Ley orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Hace solo unos meses, el Gobierno volvió a evidenciar una falta de respeto al procedimiento por modificar por la vía de subsanación de errores y a espaldas del Parlamento el Boletín Oficial del Estado (BOE), sin someter el nuevo texto al examen de las Cortes.

La última afrenta se produjo hace solo unos días. La Mesa del Congreso utilizó el mismo modus operandi que con la ley de desperdicio alimentario para eliminar una enmienda aprobada por el Senado en la iniciativa para modificar las leyes de navegación y seguridad aérea, a pesar de que el Tribunal Constitucional admitió a trámite la última denuncia del PP contra el Gobierno y el Congreso por emplear este tipo de maniobras. "¿Hay una duda razonable de inconstitucionalidad de tu propia práctica, y antes de dictarse sentencia lo vuelves a hacer?", se preguntan los letrados del Senado.

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La secretaria general de la Cámara Alta ha realizado un nuevo informe para la Mesa, dirigida por el popular Pedro Rollán, lo que ha derivado en la apertura de un nuevo conflicto de atribuciones ante el órgano de garantías. El documento, al que ha tenido acceso este periódico, subraya que "los textos legislativos aprobados definitivamente por el Senado, conforme a lo dispuesto por la Constitución, solo pueden ser modificados por el Congreso por acuerdo plenario", y "nunca la enmienda del Senado puede ser suprimida o reinterpretada" por la Mesa o por una publicación del BOE. "Exceden sus competencias de calificación", zanja.

Presupuestos y bloqueo legislativo

Hay dos motivos más de contestación desde el Senado como institución. El primero tiene que ver con las proposiciones de Ley aprobadas por el Senado y bloqueadas por el Congreso: un total de 31, como anunció Alberto Núñez Feijóo el pasado martes. Si se suman las iniciativas de otros grupos, de Parlamentos autonómicos y de iniciativas legislativas populares (ILP), la cifra se eleva hasta 70.

Génova está decidida a poner fin a ese bloqueo legislativo, un "fraude de ley" a ojos de los populares, que deberá resolver también el Tribunal Constitucional. Fuentes de la dirección del PP confirman que, si el órgano presidido por Cándido Conde-Pumpido falla en su contra, explorarán otras fórmulas jurídicas para actuar a título personal contra Francina Armengol y otros miembros de la Mesa, sin descartar denunciar su "responsabilidad penal" en el hurto de las atribuciones de la Cámara Alta ante el Tribunal Supremo.

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Por otro lado, la obligación constitucional que tiene el Gobierno de presentar un proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) antes del 1 de octubre (artículo 134.3 CE) es otro asunto que preocupa al Senado. Y el PP también ha tomado la determinación de activar otra batalla contra el Ejecutivo por esta cuestión. Si Hacienda no presenta el proyecto presupuestario en las Cortes antes de que finalice el mes de octubre, abrirán otro conflicto de atribuciones por la "clara vulneración" de la Constitución.

La duda ahora mismo es si articular ese nuevo choque institucional a través de la Cámara Baja, para darle mayor solidez jurídica por el propio redactado de la Carta Magna —establece que el Gobierno debe presentar los Presupuestos "ante el Congreso de los Diputados"—; o del Senado, donde cuentan con mayoría absoluta para habilitar el conflicto, pero podrían contar con mayores dificultades ante el TC. Como publicó El Confidencial, el PP también valora acudir a los tribunales por la negativa de Sánchez a participar en las sesiones de control del Senado pese a que la reforma del Reglamento, aprobada en julio, le obliga a acudir al menos una vez al mes.

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Por último, hay otro asunto pendiente en el TC, sobre el Tratado de amistad y colaboración entre el Reino de España y la República francesa. Firmado por Pedro Sánchez y Emmanuel Macron en la cumbre bilateral de Barcelona en 2022 y ratificado por el presidente francés pocos meses después, el Gobierno español tardó mucho en rubricarlo. El motivo fue la incorporación de miembros del Gobierno francés al Consejo de Ministros español cada tres meses, y a la inversa, un asunto que genera controversia sobre su encaje en la Carta Magna española. Por este motivo, el Senado presentó un recurso de inconstitucionalidad que aún está pendiente de resolución en el tribunal que preside Cándido Conde-Pumpido.