Juicio histórico: el Supremo planea dictar la sentencia del fiscal general antes de fin de año

El juicio contra el fiscal general ya tiene fecha y, tras el juicio, vendrá la sentencia. El Tribunal Supremo destinará dos semanas de noviembre a la celebración de la vista oral con Álvaro García Ortiz como único acusado de la comisión de un delito de revelación de secretos. Responderá de las acusaciones de filtración de información privada de la pareja de Isabel Díaz Ayuso y lo hará frente a siete magistrados, entre ellos el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta. La intención del alto tribunal, según aseguran diversas fuentes jurídicas consultadas, es que el fallo no se haga esperar y se dicte antes de que acabe este año.

A pesar de la atención mediática, la causa que lleva meses revolucionando a la Fiscalía no es un procedimiento complejo. Para el juicio se han fijado en inicio seis jornadas con sesiones de mañana y tarde y la declaración de 40 testigos. Si no se producen dilaciones, quedará visto para sentencia el día 13 de noviembre. Inmediatamente después comenzarán las deliberaciones del tribunal. Antes siquiera de que se inicie la vista ya es posible adivinar que habrá puntos de vista encontrados. Como ya vio en ocasión de su procesamiento, la división de opiniones en el seno del Supremo existe y es muy difícil que el juicio consiga despejarla.

La complicación reside en que no existe prueba directa que inculpe o exonere sin lugar a duda al fiscal general del delito que se le atribuye. El juicio navegará en toda una gama de grises en la que el negro es culpable y el blanco, inocente. Tras la travesía, con exposición de los indicios recabados en la instrucción y con las declaraciones de los protagonistas clave del episodio que se escucharán en la sala, los siete magistrados tendrán que formarse una opinión final y después discutirla.

Blanco. Tanto la defensa del fiscal general como la Fiscalía consideran, y así lo han expresado en sus escritos, que no hay prueba alguna de que el fiscal general remitiera de forma personal y directa a la cadena Ser, el primer medio en publicarlo, el contenido del correo electrónico en el que la defensa del empresario Alberto González Amador se dirigía al fiscal del caso del fraude de la Hacienda Pública para ofrecer un pacto a cambio del reconocimiento del delito. Poco antes de que este dato se conociera, algunos medios habían apuntado que quien quería pactar era el Ministerio Público y no al revés.

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Hablan de una "rotunda inexistencia de prueba sobre la remisión del correo desde la Fiscalía General" a los medios de comunicación e indican que los indicios contra García Ortiz se basan en realidad en una deducción temporal derivada del momento en que el correo fue puesto a disposición de fiscal general y el momento en que la cadena Ser informó del mismo.

Para defender esa idea, argumentan que el propio magistrado de instrucción Ángel Hurtado ha reconocido que, con anterioridad a la presunta filtración del correo en cuestión, fechado el 2 de febrero, "circulaba por los medios la existencia de un ofrecimiento de acuerdo por parte de González Amador" de reconocer dos delitos fiscales y que los agentes de la UCO que han investigado la filtración declararon que "una pluralidad de personas" conocían también la existencia de ese ofrecimiento previo.

Negro. En el lado contrario de la balanza se encuentra las acusaciones que consideran suficientemente probado que fue García Ortiz quien envió el contenido del correo. Además de referirse a esa coincidencia temporal que sitúa muy cerca en el tiempo el envío al fiscal general del email y su publicación, apuntan que fue a partir de ese momento cuando algunos medios publicaron imágenes del email físico, que fue también horas después cuando el PSOE reconoció tenerlo y quiso que se empleara en la Asamblea de Madrid contra Ayuso.

El borrado de mensajes

También se refieren las acusaciones a los mensajes que han podido ser rescatados en el dispositivo de la fiscal Pilar Fernández y en los que se reproducen el movimiento inusual de las horas previas a que el fiscal general obtuviera el email, la urgencia con la que se pidió al fiscal del caso que lo proporcionara o las sospechas de la fiscal jefe Almudena Lastra sobre la intención de su jefe de filtrar.

Por supuesto, hacen hincapié en que García Ortiz, era consciente del riesgo probatorio que corría en su contra, y con el fin de entorpecer la indagación judicial que preveía inminente, "procedió a eliminar de la aplicación WhatsApp todos sus mensajes". Y que días después cambió su terminal de telefonía móvil, así como que también eliminó de su cuenta particular con dominio gmail.com todos los correos electrónicos", mensajes que "no han podido ser rescatados".

En la más que previsible diferencia de opiniones de los miembros de la Sala tiene especial peso la presencia de dos magistradas progresistas, Ana Ferrer y Susana Polo. Esta última es la ponente de la sentencia, por lo que, en el caso de que su opinión fuera minoritaria, la resolución tendría que ser redactada por otro magistrado diferente a elección del presidente Arrieta. Incluso en el caso hipotético de que se produjera un cambio, las fuentes jurídicas consultadas mantienen la idea de que la sentencia será rápida y se dictará antes del final de 2025. Si resultara condenado, la pena incorporaría una prohibición para ejercer cargo público que obligaría a su cese.