El PP activará en octubre otro conflicto contra el Gobierno ante el TC si no presenta los PGE

Alberto Núñez Feijóo pretende elevar al máximo la presión sobre Sánchez ante las dificultades que, de nuevo, está encontrando el Gobierno para aprobar unos Presupuestos Generales del Estado. El PP afila su ofensiva jurídica y se decide a activar una vía que había dejado en suspenso por la enorme desconfianza en un Tribunal Constitucional presidido por Cándido Conde-Pumpido. Si Hacienda no presenta el proyecto presupuestario en las Cortes antes de que finalice el mes, abrirán un nuevo conflicto de atribuciones por lo que consideran una "clara vulneración" de la Constitución.

A estas alturas, en Génova ven "muy difícil" que el Ejecutivo dé el paso de llevar las cuentas públicas al Congreso. El Gobierno sostiene que sí los presentará, aunque la gran incógnita es cuándo, porque el plazo legal que fija la Carta Magna —el 30 de septiembre— ya ha expirado. Primero, el departamento que dirige María Jesús Montero debe intentar aprobar el techo de gasto y la senda de déficit, aunque evitan fijar un calendario concreto. Los socios, especialmente Junts y Podemos, no dan oxígeno al Gobierno. Y enfrente, el PP afila los cuchillos.

El equipo jurídico de Feijóo trabaja ya en el nuevo choque institucional, esta vez dirigido contra el Gobierno. La duda que sobrevuela en el partido es si vehiculizar ese conflicto de atribuciones a través del Senado o del Congreso. Se trata de una herramienta que puede ser empleada por los distintos órganos constitucionales cuando alguno de ellos considera que otro está invadiendo competencias o lesionando sus atribuciones legales.

Génova aprecia un caso claro en el reiterado incumplimiento constitucional de presentar unas cuentas públicas, decisión que, a su juicio, hurta al Parlamento la capacidad de debatirlas, enmendarlas y votarlas. Implica, según su visión, intentar gobernar "al margen del poder legislativo". En un principio, la idea del PP era impulsar el mencionado conflicto a través del Senado. Es la ruta más sencilla. Porque para que choque jurídico pueda arrancar, debe recibir el aval del pleno. Y en la Cámara Alta los conservadores cuentan con mayoría absoluta.

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Una vez recibiese el respaldo de la Cámara, ésta pasaría a solicitar formalmente al Gobierno que corrija la disfunción denunciada en los 30 días siguientes. Si no lo cumple, la afrenta pasa a manos del Tribunal Constitucional, encargado de resolver el conflicto.

No obstante, fuentes autorizadas del PP apuntan a la posibilidad de elegir el Congreso como primera vía de ataque. Creen que el hecho de presentar el conflicto de atribuciones en la Cámara Baja le daría mayor solidez jurídica y lograrían poner a Conde-Pumpido en una situación complicada. El artículo 134.3 de la Constitución es claro en ese sentido: "El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior".

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El hándicap en este caso es que los de Feijóo tendrían que convencer a alguno de los aliados del Ejecutivo para superar el trámite del pleno, sin obviar la posibilidad de que la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, bloquee la iniciativa. La vía a seguir continúa en fase de estudio —en Génova ni siquiera descartan otras fórmulas legales—, pero el PP se ha fijado de plazo finales de octubre para actuar. Sólo si el Ejecutivo presenta antes las cuentas, recalcularán la estrategia, a la espera entonces del veredicto final de sus aliados parlamentarios en un hipotético debate de totalidad.

De este modo, el PP trata de cargar más presión a un Gobierno ya acostumbrado a los varapalos parlamentarios. En el partido siempre han existido ciertos recelos con la estrategia de transitar el Tribunal Constitucional, por temor a que un posible fallo en contra dé oxígeno al Ejecutivo. Pero Génova ha dicho basta. "Hay que dar todas las batallas", subrayan. Porque más allá de que el Ejecutivo se salte el mandato de la Carta Magna, el hecho inédito en democracia es que Sánchez se aproxime ya a la tercera prórroga presupuestaria. No ha aprobado ningún proyecto de cuentas públicas desde que arrancó la legislatura.

Feijóo cree que un presidente del Gobierno que no logra dar estabilidad a su mandato por la vía de los Presupuestos Generales del Estado, debe disolver las Cortes y convocar elecciones. Y es un compromiso que él mismo ha adquirido. En caso de llegar a la Moncloa, impulsará una reforma de la Ley General Presupuestaria —se abren incluso a revisar la Constitución— para forzar la convocatoria de elecciones generales en caso de que el Ejecutivo sea incapaz de aprobar las cuentas durante dos años seguidos. Esta propuesta formará parte del Plan de Regeneración Institucional, comandado por Cuca Gamarra, que prevén hacer público este otoño.

Génova engrasa su maquinaria jurídica

El PP ha dado un paso decidido en la batalla judicial contra el Gobierno. Este mismo martes, Alberto Núñez Feijóo anunció la apertura de otro nuevo conflicto de atribuciones, en este caso entre el Senado y el Congreso, para intentar desmontar el "congelador" de Francina Armengol, que bloquea sistemáticamente las iniciativas aprobadas por la mayoría absoluta de la Cámara Alta. En concreto, el Congreso mantiene bloqueadas en el trámite infinito de presentación de enmiendas un total de 31 iniciativas del PP. 17 de ellas podrían salir adelante gracias al respaldo de parte de los socios de investidura, como es el caso de la ley antiokupación.

Fuentes de Génova aseguran que irán "hasta el final" en esta afrenta. Y si el TC no les da la razón, estudiarán llevar al Tribunal Supremo la posible "responsabilidad penal" de Francina Armengol y de los miembros de la Mesa del Congreso por obstruir la tramitación de las iniciativas que llegan del Senado. Además, como publicó El Confidencial, el PP también explorará posibles fórmulas jurídicas para forzar a Sánchez a cumplir con la reforma del Reglamento que la Cámara Alta aprobó en junio, y que le obliga a comparecer en la sesión de control al menos una vez al mes. El presidente del Gobierno sólo ha acudido una vez en toda la legislatura.

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El creciente clima de polarización y las distintas mayorías que priman en Congreso y Senado han llevado a explorar fórmulas parlamentarias excepcionales que hasta esta legislatura no se habían planteado. La Cámara Alta ya había consumado otros conflictos de atribuciones, primero contra la tramitación de la ley de amnistía, y más tarde con la reforma judicial que benefició a presos de ETA por un error del primer partido de la oposición; o con el polémico caso de las enmiendas en la Ley de Desperdicio Alimentario aprobadas por el Senado y que la Mesa del Congreso se negó a debatir y a votar, una batalla que el TC ya ha admitido a trámite.