Fiscalía Europea amplía su investigación tras el decisivo informe de los contratos del amigo de Begoña

La Fiscalía Europa considera que el reciente informe pericial sobre la existencia de irregularidades en la adjudicación de contratos del organismo público Red.es al empresario amigo de Begoña Gómez, Juan Carlos Barrabés, supone un punto de inflexión. El departamento dependiente de la UE ampliará su investigación a la vista de sus conclusiones, aseguran fuentes jurídicas consultadas. De momento, tiene por imputados tanto al empresario como al directivo de la entidad encargado de las adjudicaciones.

La pericial realiza un análisis demoledor sobre la forma en la que se produjo la licitación millonaria, financiada en parte con fondos europeos, concedida a la UTE formada por Innova Next y The Valley Digital Business School. Detalla más de una decena de irregularidades dirigidas a elevar la puntuación de su oferta por encima de otras incluso más baratas. Borrado de datos, manipulación, valoración de los criterios subjetivos... Toda una retahíla de indicios que afianzan las sospechas de malversación, tráfico de influencias y prevaricación que observó en un inicio.

Ahora, a la vista del resultado, se abren una serie de incógnitas que los fiscales tratarán de despejar a través de nuevas diligencias. De momento, ya se encuentra en fase de elaboración un segundo informe que en este caso se destinará a comprobar el desempeño de la UTE en el desarrollo de los contratos asignados, repartidos en un total de tres lotes. El primero se destinó a promover la formación de empleo juvenil en el área de la economía digital y estaba dotado con un importe conjunto adjudicado de 4,8 millones de euros. El segundo era un servicio de formación para personas desempleadas, financiado con 3,6 millones de euros.

La UCO ya realizó dos entradas y registros en instalaciones de Red.es. El primero de ellos tuvo lugar nada más abrirse las diligencias, en junio del pasado año y tuvo por objeto exclusivamente comprobar que, como apuntaban los primeros indicios, los dos contratos se financiaban de forma parcial con fondos europeos. Posteriormente, ya en septiembre, hubo una segunda entrada donde se produjo la incautación de diversa documentación.

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Además, la Fiscalía Europea pidió en octubre que se le informase "sobre los soportes incautados, su número y el lugar de incautación", de distinto material requerido en las oficinas de Barrabés por orden, esta vez, del titular del 41 de Madrid Juan Carlos Peinado. La Guardia Civil destacó por entonces que si bien el objeto de las investigaciones desarrolladas por ese Juzgado y la Fiscalía Europea es distinto, "pudieran existir aspectos comunes y/o coincidentes".

"Esta Unidad ha puesto en conocimiento de Fiscalía Europea estos extremos, informando a su vez del desconocimiento, al menos de momento, de si entre la documentación recabada en los mencionados registros existe información de interés para el Procedimiento FEU 28/2024, participándole, asimismo, que de dicha comunicación se da cuenta como órgano responsable de la instrucción", destacaba en uno de sus informes.

Declaración de los imputados

El primer paso de esta fase será la toma de declaración de los imputados y su ampliación a aspectos más concretos apuntados en el informe pericial elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Por ejemplo, Barrabés tendrá que explicar por qué incorporó en sus ofertas datos que, según el perito, estaban inflados o eran falsos, como la existencia de determinados acuerdos con empresas que no se llegaron a concretar pero que, pese a ello, sumaron puntuación. El directivo imputado deberá aclarar por su parte si actuó siguiendo indicaciones de alguien.

También deberá producirse la declaración de distintos testigos. Una de las partes del informe destaca que hubo irregularidades en la composición de la mesa de contratación que debía evaluar las propuestas técnicas de las empresas y que estaba formada por responsables de la propia Red.es pese a que la ley impone que la valoración de las ofertas la debería haber realizado un Comité de Expertos compuesto por tres miembros no pertenecientes al órgano proponente del contrato, dependiente del Ministerio de Transformación Digital que dirige ahora Óscar López. Es previsible que estos empleados sean llamados para explicar el proceso.

En el origen del caso se encuentran, además, dos cartas firmadas por la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en apoyo a la oferta de su amigo que, además, había colaborado en el Máster en Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid que dirigía la pareja de Sánchez. Tarde o temprano, Gómez tendrá que declarar. La ampliación requerirá también de nueva prueba y no se descartan nuevas entradas y registros.

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La Fiscalía Europea es una fiscalía independiente de los Estados miembros a cargo de la UE, con una estructura descentralizada. Tiene poder para investigar, procesar y enjuiciar (antes que los órganos jurisdiccionales nacionales) los delitos contra el presupuesto de la UE, como el fraude (superior a 10.000 euros), la corrupción, el blanqueo de capitales, la apropiación indebida o el fraude transfronterizo relativo al impuesto sobre el valor añadido superior a 10 millones de euros. Su personal actúa en interés de la Unión en su conjunto y no debe pedir ni aceptar instrucciones de ninguna parte ajena.