Cataluña, País Vasco y Madrid: donde más colegios concertados cobran cuotas y son más caras

"Dije que no quería abonar esa cuota porque mis hijos no iban a ir a extraescolares y al final me hicieron un 50% de descuento. Pero, ¿por qué tenía que pagarla y por qué tengo que pagar ese 50% restante?". "Si no pagas la cuota entera, sacaremos a tu hijo de algunas actividades". Son dos ejemplos recogidos en el último informe de la Asociación de Colegios Privados e Independientes (Cicae). Según este estudio, el 83% de los colegios concertados visitados de España cobra cuotas base a sus alumnos. Un porcentaje que asciende en la Comunidad de Madrid, Cataluña y País Vasco, donde en el 100% de los centros visitados las familias pagan cuotas base.

Para obtener estos resultados, una consultora ha visitado 338 centros de Andalucía, Galicia, Aragón, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Cataluña y País Vasco, a través del método mystery shopper. Es decir, los investigadores de la consultora han simulado durante varios meses ser familias con niños de 3 años que querían entrar en los colegios. ¿Por qué tengo que pagar esto? O ¿incluye el comedor? Son algunas de las preguntas que, de manera telefónica o presencial, pero siempre individualizada, han hecho. Las respuestas, aunque comienzan con diferencias, casi siempre acaban en un punto en común: "Lo paga todo el mundo".

La región catalana lidera el ránking de precios, con el colegio St. Paul, en el barrio de Sant Gervasi de Barcelona, a la cabeza con una cuota mensual de 1.100 euros. En el otro lado de la balanza, hay un 17% de los colegios visitados donde no se paga de manera generalizada las cuotas base. En cuanto a la media por meses, también es Cataluña donde es más elevada (220 €), seguida de la Comunidad de Madrid con 135 euros y el País Vasco con 99 euros.

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Los pagos que se piden en los colegios concertados están desglosados en tres categorías: la cuota base de enseñanza -que, según la Lomloe, vigente desde 2021, no se puede exigir-, los servicios obligatorios -como la plataforma educativa- y los discrecionales -la ruta escolar, comedor…-. Es en la cuota base donde la Asociación pone el foco: no solo es que en un 83% de los concertados se pague, es que, atendiendo al informe, en un 69% se exige.

Este es el décimo año en el que la organización detalla a través de un informe los datos. En esta década, la asociación encabezada por Amparo Núñez, ha identificado que "las cuotas han aumentado en todo el país y la mercantilización de los colegios también". Madrid y Cataluña tienen el porcentaje de colegios más grande en el percentil más caro. Así, las dos regiones superan el 60% de escuelas donde las cuotas sobrepasan los 150 euros. En Madrid, los más costosos son Los Ángeles (277 euros al mes), Euro Casvi Boadilla (262 euros) y el centro de fomento Las Tablas Valverde (235 euros). En el País Vasco, destaca el SEI Europa de Vizcaya (190 euros) y el Colegio Alemán de San Sebastián (175€)

Dentro del porcentaje de centros que obliga a pagar las cuotas (69%), hay un 11% que, en caso de no abonar la cuantía, aplica técnicas de exclusión al alumno. En el caso de la Comunidad de Madrid es una cuestión aún más flagrante: el 29% de las escuelas visitadas incurre en estas prácticas. “Por ejemplo, si no se paga la cuota, sacan a niños de tres años de un aula. Lo dejan aparte de todos”, incide Núñez.

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Mientras que Cataluña y el País Vasco lideran el ránking de obligatoriedad, Aragón y Andalucía tienen más de un 90% de centros donde las cuotas son voluntarias. "Estos gastos, además, no salen de manera espontánea cuando pides información para matricular a tu hijo. Si no que tienes tú que sacarlo. Incluso para nosotros, que somos técnicos, ha sido difícil. Hay algunos centros, especialmente los no lucrativos, que sí se esfuerzan. Pero no es nada sencillo de comprender", explica Elena Cid, directora general de CICAE. El documento también expone datos de este aspecto: el 25% de las escuelas que exige el pago de una cuota base no entrega una hoja de precios.

Mercantiles vs. Congregaciones

La organización también recuerda que "hay muchos tipos de concertada y no todas son iguales". Según detallan en el informe, hay una gran brecha, tanto económica como de obligatoriedad, entre los colegios que son sociedades mercantiles (S.A, S.L o cooperativas) y los que son fundaciones o congregaciones religiosas sin ánimo de lucro. Así, el pago medio mensual a nivel nacional en las mercantiles es de 114 euros y en las congregaciones se queda en 74 euros. En cuanto a la exclusión, mientras que la media nacional ronda el 11%, si solo se cuenta con los centros con ánimo lucrativo, la cifra se alza hasta el 88%.

La región madrileña destaca en el ámbito de las mercantiles. Según el informe, el 50% de los colegios madrileños visitados tenía esta titularidad empresarial. “Es un problema y es claramente una competencia desleal para la educación privada porque así, la concertada tiene tres vías de financiación: lo público, las familias y la exención fiscal”, señala Amparo Núñez, quien también apunta a que es un problema para la enseñanza pública: “Les hace mucho daño”.

De hecho, en la Comunidad de Madrid, en este inicio de curso se produjo uno de los ejemplos más claros del valor que tienen empresarialmente estos centros. La aseguradora suiza Swiss Life compró al grupo Educare ocho colegios por valor de 200 millones de euros. Una cuantía que hizo sonar las alarmas en el ámbito privado. "Ningún fondo de inversión destina 200 millones de euros a un proyecto si no espera obtener grandes beneficios. 7 de los 8 colegios están en suelo público, sostenidos íntegramente con fondos públicos, con los impuestos de los ciudadanos, y con la ventaja de estar exentos del pago de impuestos municipales", denuncia Cicae.

Estos colegios, en suelo público y con altas rentabilidades, es lo que conocen como la nueva concertada. “Una tipología que se da mucho en la Comunidad de Madrid y que se basa en el uso de suelo público y consigue grandes rentabilidades. Sería muy sencillo para las administraciones atajar el problema, pero se necesita voluntad política. No vemos movimiento en la inspección, no sé si por falta de medios, de profesionales…”, zanja Núñez.