Las nuevas revelaciones rompen el relato del Gobierno de que no hay "nada" en el caso Begoña

Las nuevas revelaciones sobre la investigación judicial que afecta a la mujer de Pedro Sánchez rompen la racha al alza del Gobierno, que estrenó el curso político con un dominio de la conversación pública. A lomos del triunfo de su posición en la guerra en Gaza, los socialistas recuperaron tras el verano el control de la agenda. Ni siquiera el anuncio del juez Juan Carlos Peinado, de que convertía la acusación de malversación contra Begoña Gómez en una pieza separada que si prospera sería juzgada con jurado popular, arrebató al Ejecutivo esa hegemonía.

Pero, que funcionarios de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) hayan puesto en cuestión los contratos de la compañía pública Red.es al empresario Juan Carlos Barrabés, sobre los que indaga la Fiscalía Europea, y la constatación de que existen más de un centenar de correos de la asesora de Gómez en Moncloa, en los que abordaba la actividad profesional de la esposa del presidente con la Universidad Complutense y las empresas que financiaban su máster, echa por tierra la postura del Ejecutivo de que es una causa "política".

Del proceso abierto por el juez Peinado, el Gobierno sostenía que era el "no caso" y que se estaba "pedaleando en la nada". La propia Begoña Gómez declaró ante el juez que su asesora en Moncloa "no le ayudó" en su actividad profesional y sólo le pidió que mandara algún mensaje en su nombre de manera esporádica.

Respecto a las adjudicaciones de Barrabés, que colaboraba con el máster, el Ejecutivo siempre ha dicho que son impolutas. El Gobierno se aferra a esta versión, pese al informe que personal de la IGAE ha elaborado para la Fiscalía Europea, por el posible uso fraudulento de fondos europeos. El texto de 303 páginas, revela también que se han borrado datos informáticos (metadatos) sobre el proceso.

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La Moncloa moduló ayer su respuesta y su exposición pública. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sí insistió en un acto en Córdoba en su confianza de que "al final se hará la luz y, por tanto, la verdad se terminará imponiendo" frente a las "sospechas que algunos, de manera electoralista, mentirosa, interesada, quieren lanzar sobre el entorno del presidente". Montero quiso puntualizar que "en realidad no es la Intervención del Estado, aunque sí los interventores que están trabajando para la Fiscalía Europea".

Desde el Ejecutivo se establece esta diferencia porque la IGAE ya emitió un informe con unas conclusiones que "difieren" al que se ha conocido ahora y que se suma a otro de la propia Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La Moncloa se agarra a que las normas de contratación que operaron en las tres adjudicaciones a Barrabés por un valor total de 10,2 millones de euros son las mismas que Red.es "viene aplicando desde marzo de 2011". "No se trata de normas específicas para los expedientes valorados. Se han aplicado a 1.661 expedientes".

Sobre el borrado de los metadatos explica que se aplica "de manera automatizada" a todos los documentos producidos en Red.es desde agosto de 2023, una práctica de seguridad que "no afecta en ningún caso al contenido" ni se aplica a los "firmados". Y se niega también que en los contratos de Barrabés afectaran las cartas de apoyo de la mujer del presidente. "Todo lo que dice el informe lo podemos explicar", señalan desde el Gobierno.

Esta posición oficial choca con que el informe haya sido elaborado por funcionarios del cuerpo nacional de interventores, en este caso a las órdenes de la Fiscalía Europea, no de Hacienda. Pero en Moncloa se escudan en que los dos informes anteriores, de la IGAE y de la UCO, se descartaban irregularidades.

El PSOE, que se había estabilizado en las encuestas tras el golpe del escándalo de Santos Cerdán, tiene ahora que digerir este nuevo revés. Por ahora no se vislumbra el malestar que se evidenció al conocerse la presunta corrupción del exsecretario de Organización, que era la mano derecha del presidente, ni el miedo a un hundimiento de la marca en los territorios.

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