El PP contempla abrir la vía jurídica contra Sánchez si no acude al Senado en octubre

"El presidente del Gobierno responderá preguntas en el Pleno de la Cámara al menos una vez al mes durante los periodos ordinarios de sesiones, salvo que motivos justificados, notificados a la Cámara, se lo impidan". Así quedó redactado el nuevo Reglamento del Senado que entró en vigor el pasado mes de junio. El PP impulsó una serie de modificaciones en los estatutos internos gracias a la mayoría absoluta de la que gozan en la cámara de representación territorial, con el fin de convertir lo que hasta ahora era una recomendación en una obligación: la rendición de cuentas periódica de Pedro Sánchez.

Los de Feijóo dijeron 'basta' a los continuos incumplimientos del jefe del Ejecutivo. En los más de dos años que han transcurrido de legislatura, Sánchez sólo ha acudido a una sesión de control en el Senado. Fue el 12 de marzo de 2024. Curiosamente el mismo día en que se aprobó la constitución de la comisión de investigación sobre el caso Koldo, que contó con un sorpresivo respaldo de la bancada socialista. Las pesquisas sobre el entorno personal y político del presidente del Gobierno no han dejado de crecer desde entonces.

Pero la nueva normativa no ha cambiado un ápice el "desprecio" con el que, según el PP, Sánchez trata a la Cámara Alta. El presidente del Gobierno no ha acudido a ninguno de los dos plenos que se han celebrado en el nuevo curso. Este martes 30, cuando se celebrará la última sesión de control de septiembre, tendría una nueva oportunidad. Pero el Ejecutivo ya ha comunicado a la Junta de Portavoces del Senado —que se reunió el pasado jueves— que Sánchez tampoco acudirá. Según la versión del primer partido de la oposición, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, no aportó "ninguna justificación".

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Ana Belén Ramos

El quebrantamiento del nuevo Reglamento ha colmado la paciencia del Partido Popular. El viernes, la portavoz del grupo mayoritario, Alicia García, envió una misiva al Palacio de la Moncloa para recordar al presidente del Gobierno sus "obligaciones" con la Cámara Alta. Es "el primer paso", según fuentes del partido, donde ya avanzan que "no nos quedaremos de brazos cruzados" hasta forzar la presencia de Sánchez o, como mínimo, la justificación de sus reiteradas ausencias.

Las fuentes consultadas aseguran que el partido "no descarta ninguna vía", tampoco la jurídica, en caso de que Sánchez haga caso omiso de la carta y tampoco acuda a ninguna de las sesiones previstas en octubre. Será "la siguiente pantalla". No sería la primera vez que el Senado abre un conflicto de atribuciones entre órganos constitucionales —en este caso con el Gobierno— que en última instancia resuelve el Tribunal Constitucional, aunque por ahora no se ha abordado de forma oficial el órganismo competente ante el que llevar la hipotética afrenta.

El clima de excepcionalidad en que se ha instalado la política nacional llevó al PP, a través del Senado, a explorar caminos parlamentarios que hasta ahora no se habían transitado. En la primavera de 2024, la Cámara Alta aprobó por primera vez un choque institucional con el Congreso por la tramitación de la ley de amnistía, en el que los populares acabaron echándose para atrás. Pero hubo dos casos más: en la aprobación de la ley que benefició a presos de ETA pese al veto de la Cámara Alta; y en la decisión de la Mesa del Congreso de no someter a votación dos enmiendas que el PP había incorporado en la ley de Desperdicio Alimentado desde el Senado.

El recurso de atribuciones es una figura constitucional que puede ser empleada por Gobierno, Congreso, Senado o CGPJ cuando alguno de estos órganos considera que otro está invadiendo sus competencias o lesionando sus atribuciones legales. En la misiva enviada al jefe del Ejecutivo, el PP reitera "el rango de ley" que tiene la modificación del Reglamento que "obliga" a Sánchez a asistir al menos una vez al mes a las sesiones de control, un texto que, además, obliga al resto de ministros a "justificar" y "motivar" sus ausencias del pleno.

"Este primer mes, en el que la nueva norma debía consolidar una sana práctica democrática, ha sido inaugurado con su ausencia. Es una anomalía que su Gobierno haya hecho de la excepcionalidad costumbre, y que ahora pretenda hacer lo mismo con una norma explícitamente reformada para garantizar el respeto al Parlamento", argumentan en la carta. "Los Reglamentos de las Cortes Generales no son meras guías de buenas intenciones. Son normas con valor de ley, y su observancia es innegociable".