El Gobierno pone en peligro el cobro de 68.000 millones de fondos europeos

Cuando quedan once meses para que expire el plazo para presentar las solicitudes de los fondos Next Generation, el Gobierno de España sigue sin pedir un total de 68.000 millones de euros correspondientes a la partida de préstamos, y nada indica que los vaya a solicitar en tiempo y forma. Hasta el momento, en esta partida el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha solicitado 16.000 millones, lo que supone el 19% del total asignado en este concepto, un total de 84.000 millones. Es decir, faltarían por pedir alrededor de 68.000 millones de euros y, según las fuentes consultadas, existe un riesgo alto de que se queden en el limbo como consecuencia de la gestión que desde el Gobierno de España se ha hecho de los fondos Next Generation.

Mientras, el Ministerio de Economía está trabajando para presentar en noviembre una adenda al plan de recuperación frente al covid con el fin de agilizar el cobro de los últimos 24.000 millones en el otro concepto, el de transferencias a fondo perdido comprometidas por la Unión Europea. En el caso de lograrlo, supondría que España recibirá un total de 79.800 millones de euros en la partida de subvenciones que no requieren devolución.

El 21 de julio de 2020, Pedro Sánchez fue recibido por sus ministros en el palacio de La Moncloa con un sonoro y prolongado aplauso. Lo inédito de la escena, convenientemente distribuida en vídeo, revelaba la importancia que el Gobierno le daba al acuerdo sellado unas horas antes en la cumbre europea para crear un fondo de reactivación para paliar los efectos de la pandemia. No es para menos: España era el segundo gran receptor de fondos con 163.000 millones, solo por detrás de Italia (194.000). Entre ambos, recibirían aproximadamente la mitad.

El plazo se acaba en agosto de 2026, dentro de once meses. Por eso, el pasado mes de junio la Comisión Europea ofreció orientaciones para acelerar la ejecución de los fondos e instó a los Estados miembros a agilizar sus planes y solicitudes de pago final antes de que se agote el plazo. Tal y como ha podido constatar este periódico tanto en el Gobierno comunitario como en el Ministerio español de Economía, la intención es que España reciba toda la cantidad asignada, pero la realidad es otra: a fecha de hoy el Gobierno ha solicitado solo el 43,4% del total de fondos asignados a nuestro país, lo que sitúa la tasa de absorción por debajo de la media de la Unión Europea y lejos de países como Francia, con el 84%, o Alemania e Italia, ambos por encima del 60%.

Para lograr el 100% de los fondos, España tendría que ejecutar más de 120.000 M en un año, cuando en 4 años los pagos han sido 43.208 M

Desde el Partido Popular Europeo tienen claro los motivos: "A estas alturas, ya no basta con aprobar reformas o lanzar convocatorias con retraso. Hace falta una acción coordinada entre administraciones, ministerios, comunidades autónomas y entidades locales", escribió la eurodiputada Isabel Benjumea en mayo en este periódico. Es significativo en este sentido el último informe del Tribunal de Cuentas Europeo, que señala importantes deficiencias en la gestión de los fondos, a pesar del autobombo del Gobierno español y muy en particular de la ya exministra de Economía Nadia Calviño, hoy presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI). En concreto, un bajo ritmo de ejecución y de inversiones, los incumplimientos de plazos, las dificultades para medir el verdadero impacto de las reformas, la gestión centralizada, sin contar con autoridades regionales y locales, o la falta de información sobre los destinatarios finales.

La comparación inevitable es con Italia, donde la primera ministra, Giorgia Meloni, heredó el plan de su antecesor, Mario Draghi. El pasado viernes, la dirigente italiana anunció que acababa de presentar una modificación del Plan de Reestructuración -lo que España hará previsiblemente en noviembre- y escribió en X que su país es ahora "el país más avanzado de Europa" en la aplicación del Plan: cientos de objetivos alcanzados, miles de millones de euros ya transferidos y más de 429.000 proyectos iniciados o completados". La diferencia con España está en que Italia contó desde el principio con las entidades financieras y con los gobiernos regionales y locales.

Retrasos

Hasta el momento, España ha realizado cinco solicitudes de pago de las ocho previstas en total, y las dos últimas han estado acompañadas de retrasos e incumplimientos. Así, la cuarta solicitud se presentó con seis meses de retraso, el 20 de diciembre de 2023, cuando debería haberlo hecho antes del 30 de junio. La aprobación se retrasó hasta junio de 2024 por las peticiones de aplazamiento por parte del Gobierno, ya que tenía hitos incumplidos, lo que supuso un retraso de un año.

Algo parecido sucedió con la quinta solicitud de pago. Se presentó otra vez con seis meses de retraso, el 20 de diciembre de 2024, cuando debería haberlo hecho antes del 30 de junio de ese mismo año. La aprobación se retrasó hasta julio de 2025 por las peticiones de aplazamiento por parte del Gobierno. Retraso total: 1 año, y además no se recibió la totalidad del dinero por incumplimiento de tres hitos: 1.100 millones de euros congelados.

La siguiente solicitud será la sexta, y España ya lleva diez meses de retraso. Debería haberse presentado antes del 31 de diciembre de 2024 y aún no se ha presentado (10 meses tarde). En cuanto a la séptima solicitud, el retraso es ya de tres meses (30 de junio de 2025) y a octava debería presentarse antes del 31 de diciembre de 2025, por lo que parece difícil que pueda efectuarse.

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Borja Negrete

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Europeo, el Parlamento Europeo, AlReF, Banco de España, grupos parlamentarios... Incluso el Parlamento Europeo tuvo que organizar una misión a España en 2023 "para saber en qué se está gastando el dinero el Gobierno español".

El dato que publica el Gobierno, a través de la Intervención General de la Administración (IGAE), es el de pagos realizados, no el de ejecución final. Así, los últimos datos publicados, a 31 de julio de 2025, establecen que España habría realizado pagos por valor de 43.208 millones, es decir, el 26,3% del total de fondos asignados a nuestro país (163.800 millones). Es decir, España tendría que ejecutar más de 120.000 millones en un año que queda para finalizar este plan, cuando en cuatro años ha realizado pagos por valor de 43.208 y ni siquiera es la ejecución final.

Además, si se analizan los datos de pagos realizados año por año, se puede comprobar que empeoran cada año: 2021, 11.000 millones (45,5% de lo presupuestado); 2022, 11.271 millones (39,5%); 2023, 9.822 millones (27,3%); 2024, 9.114 millones (26,6%); y 2025, a 31 de julio, 2.001 millones (10,6%).

Hitos y objetivos: reformas e inversiones

En la primavera de 2021, el Gobierno presentó ante la Comisión Europea un plan nacional de recuperación que incluyera todos los hitos (reformas) e inversiones (objetivos) que se comprometía a cumplir para recibir los fondos europeos asignados a nuestro país a cargo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia Next Generation EU. Ya entonces fue polémico que el Gobierno elaborara su propuesta en solitario, sin contar con comunidades autónomas ni ayuntamientos, como señala el Reglamento Europeo.

Una vez aprobado, el Gobierno tiene derecho a modificarlo a través de adendas ante la Comisión Europea, en las que justifica qué hitos y objetivos quiere cambiar, qué plazos quiere ampliar, etc. Así, en junio de 2023 presentó una importante para pedir los 84.000 millones de euros de los préstamos y algunas otras menores para modificaciones específicas. La última, el 16 de septiembre, cuando el Consejo de Ministros aprobó una modificación enfocada a ayudar a las zonas afectadas por la dana de octubre de 2024, como la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía.

Ahora, el Gobierno anunció a la Agencia Efe el pasado 20 de septiembre la presentación en noviembre de la adenda. "Según fuentes gubernamentales, España 'no descarta nada', pero 'el gran foco de esta última adenda' es la simplificación de hitos y objetivos para que lleguen los alrededor de 20.000 millones de euros que quedan de desembolso". Es decir: el Gobierno se centra en alcanzar el tope de las subvenciones, pero renuncia de momento a los 68.000 millones de euros de los préstamos que aún no ha pedido. Y el tiempo se agota.