El Gobierno desobedece a Transparencia para ocultar la cifra real de asesores al servicio de Sánchez

Moncloa ha desobedecido la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que le obliga a hacer público el número real de asesores al servicio de Pedro Sánchez. El Gobierno socialista se ha negado a brindar esta información pese a que el veredicto de Transparencia, al que ha accedido en exclusiva El Confidencial, le obligaba a ello. El Ejecutivo, además, no ha aportado ninguna argumentación ni respuesta para sostener su silencio en esta materia de interés público.

En el último registro de personal que realiza el Ministerio de Función Pública (Óscar López), se señala que hay 477 asesores trabajando para 'Presidencia, justicia y relaciones con las cortes'. Esta cifra incluye tanto el personal eventual al servicio de Pedro Sánchez como en nómina del Ministerio de Félix Bolaños. Por tanto, es imposible saber en la actualidad cuál es el número exacto de personas trabajando en calidad de asesores para el presidente del Gobierno.

Además, este periódico ha accedido a un documento oficial del Gobierno en el que reconoce al grupo parlamentario popular que el recuento que realiza Función Pública y que aparece en un boletín bianual no incluye a los asesores de Presidencia que tienen una atribución temporal en otros organismos públicos, como puede ser el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

"Existen dos empleados con categoría de personal eventual y con puesto en la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno que tienen una atribución temporal de funciones en el Centro de Investigaciones Sociológicas, tratándose de una forma normativamente prevista de provisión de puestos de trabajo en la Administración General del Estado. Estos puestos no aparecen como tales en el Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas, puesto que esta publicación recoge datos estadísticos y, por lo tanto, agregados, del personal al servicio de las Administraciones Públicas, sin incluir el detalle de cada uno de los puestos existentes en las Administraciones Públicas y su estado de ocupación", reza este escrito del Ejecutivo.

Mediante este mecanismo, el Gobierno oculta a la luz pública el número real de asesores contratados al servicio del presidente Sánchez. Por esta razón, El Confidencial acudió al Consejo de Transparencia para conocer el número de empleados con categoría de personal eventual (asesor) que presta servicio en la actualidad a la Presidencia del Gobierno; también el número concreto que tenía atribución temporal de funciones en otros entes públicos; y, finalmente, el cómputo global de asesores adscritos a Presidencia (tanto los asignados temporalmente a otro organismo como los que no).

Moncloa no dio ninguna respuesta, por lo que este periódico interpuso una reclamación ante Transparencia en virtud de la ley de acceso a la información pública. El 9 de mayo de este año, el Consejo trasladó la reclamación al Ministerio de la Presidencia, requiriendo sus alegaciones. Sin embargo, transcurrido el plazo máximo para ello, Moncloa no envió contestación alguna.

Ante dicha situación, Transparencia estimó la reclamación de El Confidencial e instó a Presidencia a dar respuesta en un plazo de 10 días hábiles a la información requerida. Pero Moncloa ha optado por desoír al ente público, negándose no solo a aportar los datos solicitados, sino a dar una mera explicación de por qué no lo hace.

El presidente del Gobierno prometió hace más de un año, en su Plan de Acción por la Democracia, ampliar las obligaciones en materia de transparencia. Una de las vías para reforzar esta transparencia pública es la Ley de Administración Abierta, que apenas está en fase de consulta pública. Sigue pendiente a su vez la reforma de la Ley de Publicidad institucional para introducir "criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación en su asignación", como se recogía también en el mencionado plan.

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En el plan contra la corrupción que el equipo de Sánchez cocinó tras la imputación de Santos Cerdán se recogía una única medida para reforzar la transparencia: instaurar la obligación de que los partidos políticos y sus fundaciones (con financiación pública superior a 50.000 euros) realizasen auditorías externas e independientes.

La falta de medios del Consejo de Transparencia

Diversos organismos internacionales han cargado contra Sánchez por no dotar de suficientes recursos al Consejo de Transparencia. El último de ellos ha sido Transparencia Internacional, que en un informe destaca la necesidad de potenciar la independencia institucional, funcional, presupuestaria y la capacidad sancionadora del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

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Algo que ya fue advertido previamente al Ejecutivo por parte del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa. Precisamente, este organismo internacional mostró su malestar con el Gobierno de Sánchez por no haber avanzado en la regulación de los asesores políticos, igualando sus obligaciones de transparencia con las de los altos cargos.