La España abrasada y la psicosis electoral: el análisis del Comité Editorial de El Confidencial

Los incendios que ha sufrido España este verano no solo han arrasado bosques y campos, también han dejado al descubierto la falta de coordinación entre administraciones a la hora de actuar frente a la emergencia y la escasa envergadura de los planes de prevención y de gestión de las zonas afectadas. Sobre ello debatió el Comité Editorial de El Confidencial en su tercera reunión del año, en la que también se abordó la situación económica actual, atendiendo a la economía real de los ciudadanos, el estado de los presupuestos y la quita de la deuda. El posible adelanto electoral y el arranque de una precampaña fantasma con profusión de sondeos fueron otros de los temas que se pusieron sobre la mesa junto con Israel, la ofensiva militar en Gaza y el reconocimiento de Palestina como Estado.

El Comité, presidido por José Antonio Zarzalejos, contó con la asistencia de José Antonio Sánchez, presidente ejecutivo y editor de El Confidencial; Nacho Cardero, director del periódico; los directores adjuntos Carlos Sánchez y Miquel Roig; Alberto Pérez Giménez, subdirector de Nacional; Rebeca Fernández, redactora jefa y jefa de Opinión; Ignacio Varela, analista del diario y consultor político; Ramón González Férriz y Marta García Aller, periodistas y columnistas del periódico; Fernando Abril-Martorell, consejero delegado de Urbaser y expresidente de Indra; y Joaquín de Fuentes Bardají, socio director del despacho de abogados Escalona & De Fuentes, responsable de su departamento de Derecho Público y abogado del Estado en excedencia.

Las consecuencias del fuego

La huella de los incendios que han arrasado España este verano tardará en desaparecer. Por ello, una de las cuestiones que ha quedado en el aire es: ¿quién debe afrontar la responsabilidad legal de lo sucedido? José Antonio Zarzalejos dedicó su ponencia a responder a esta pregunta partiendo de un principio evidente: "Sin lealtad al espíritu de las normas, sin ánimo de colaboración entre las distintas administraciones y sin un propósito de colaboración entre ellas, ni la mejor normativa sería efectiva".

Partiendo de la Constitución (artículo 148), de los Estatutos de Autonomía y de la legislación básica de carácter estatal, el cuadro normativo es claro: la competencia de protección de las masas forestales corresponde a las comunidades autónomas. El Estado tiene una función doble: una reguladora y otra subsidiaria, que es la que se recoge en la ley del sistema nacional de protección civil de 2015. Sin embargo, a juicio de Zarzalejos, la lealtad y la cooperación entre administraciones "han faltado tanto en la tragedia de la DANA de octubre de 2024, como en los incendios de agosto".

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Ante unos fuegos que tuvieron un carácter interterritorial y cuya dimensión desbordó los medios de extinción habituales y provocó desplazamientos y desalojos de ciudadanos, Zarzalejos consideró que hubiera sido necesario contar con un mando único en el ministerio del Interior. No obstante, ni el Departamento lo hizo de oficio, ni lo reclamaron los delegados del Ejecutivo en las comunidades afectadas ni los presidentes autonómicos. "Causa perplejidad que estos acusen al Gobierno de falta de recursos y descoordinación y que este atribuya incompetencia a aquellos", destacó, para después recordar que la única emergencia nacional de nivel 3 que se ha declarado desde 2015 por parte del Gobierno fue a petición de ocho comunidades autónomas con motivo del gran apagón.

"La normativa puede y debe ser mejorable, pero no constituye un problema de fondo. Ahora bien, es insuficiente. Parece razonable que el país con la segunda mayor extensión de bosque -tras Suecia- disponga de una Agencia Nacional de Emergencias, y, por lo tanto, de carácter permanente, con presencia del Gobierno, las autonomías y las entidades públicas (incluso las privadas que asumen funciones de colaboración), que actúe con carácter inmediato", argumentó. Para Zarzalejos también sería necesaria una ley marco de prevención y gestión de incendios forestales (artículo 150 1 y 3 de la CE), que establezca "una referencia general para el desarrollo de las leyes autonómicas y disposiciones de menor rango".

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Por su parte, Carlos Sánchez arrancó su intervención destacando que en lo que va de año se han quemado 382.641 hectáreas en España, lo que significa el 0,76% de la superficie de todo el país, según Copernicus -que permite la observación por satélite de la superficie de Europa-. Para hacerse una idea de la dimensión de esta cifra, basta fijarse en que entre Francia, Alemania y Suecia, los países más grandes de la Unión Europea además de España, "se han quemado 42.134 hectáreas".

Con estos datos sobre la mesa, se podría pensar que España destina más recursos que los demás para sofocar los incendios, tanto en la fase de prevención como en la de gestión y extinción. Sin embargo, no es así: según Eurostat, nuestro país dedica 2.763 millones de euros, el 0,4% del gasto total del presupuesto público, por debajo del 0,5% en la UE y por detrás de un país como Grecia, también muy castigado por los incendios. Este porcentaje apenas ha variado desde principios de este siglo, a pesar de que, desde entonces, "la masa forestal a proteger ha crecido de manera relevante, los incendios son más grandes y voraces y el cambio climático es un factor de riesgo cada vez más importante".

En este sentido, Sánchez resaltó que los meses de agosto de 2024 y 2025 tuvieron una temperatura media de 25 grados, es decir, fueron "extremadamente cálidos" y no existen registros históricos similares. "Nunca ha hecho tanto calor y durante tantos días. Entre el 3 y el 18 del pasado mes hubo una intensa y larga ola de calor, en la que las temperaturas llegaron a estar hasta 6 grados por encima de lo normal en el conjunto del país", indicó.

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Además del clima, la demografía influye drásticamente en los grandes fuegos, de hecho, los incendios de nueva generación se han cebado con las regiones más despobladas. Casi el 90% del centenar de localidades afectadas en agosto han perdido habitantes en lo que va de siglo, en algunos municipios del noroeste peninsular por encima del 50%. "Seis de esos términos municipales tienen ahora menos de la mitad de la cifra de vecinos con la que iniciaron el siglo, y a la cabeza de todos ellos está Molezuelas de la Carballeda, que en los últimos 24 años ha perdido el 61% de sus habitantes, al pasar de 118 a solo 46 según los datos del INE".

Las excepciones fueron Burgos y Soria, que, pese a tener un grave problema de densidad de población, cuentan con "una cultura de cuidado de sus respectivas masas forestales que no existe en otros territorios".

Para Sánchez, otro de los datos a tener en cuenta es que en España, el 72% de los montes son privados (muchos en copropiedad vecinal), un 21% pertenece a entidades locales y apenas un 3,7% al Estado o a comunidades autónomas, y esta diversidad de titularidades "condiciona la gestión, la prevención y la restauración". "Fenómenos como el abandono y la despoblación agravan la vulnerabilidad frente a los incendios", apuntó y sugirió la creación de agencias públicas en las comunidades autónomas que gestionen el suelo forestal desde "una visión 360º".

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Por último, explicó que no existe un registro estatal que recoja los presupuestos de las comunidades para la prevención y extinción de los fuegos, "lo que hace imposible cualquier comparación". "Si no hay estadísticas, difícilmente se podrá actuar con una visión global", criticó Sánchez, quien finalizó su intervención recordando que alrededor del 74% del territorio español se encuentra en zonas áridas, semiáridas o subhúmedas secas, con más de 9 millones de hectáreas en riesgo alto o muy alto de desertificación. "Es un asunto de Estado", concluyó.

Ambas ponencias dieron paso a un coloquio sobre la necesidad de impulsar el trabajo conjunto entre las administraciones; el exceso de "criminalización" de la toma de decisiones, que lleva en algunos casos a la parálisis para evitar las responsabilidades legales futuras; y la falta de rédito electoral inmediato de las políticas de prevención, lo que lastra su desarrollo.

Israel, aislado, cree que debe seguir

Ramón González Férriz analizó el estado de las relaciones de Israel con el resto del mundo. Tomó como punto de partida mayo de 2024, cuando España, Irlanda y Noruega reconocieron al estado de Palestina, movimiento que Tel Aviv consideró "hostil pero poco relevante". En los meses posteriores, varios países que siempre se habían negado a reconocerlo fueron cambiando su posición. El primero de ellos fue Francia, que junto a Arabia Saudí inició una campaña diplomática para convencer a otros de escenificar esa nueva realidad en la Asamblea General de la ONU. Finalmente, fueron Portugal, Reino Unido, Australia y Canadá.

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Los argumentos diplomáticos han sido dos: el primero, que el reconocimiento de Palestina aísla a Hamás y le devuelve el liderazgo a la Autoridad Palestina; y el segundo, que ese reconocimiento mantiene con vida la posibilidad de la solución de los dos estados. Pero ambos planteamientos son "imposibles". "Eso no significa que el reconocimiento sea estéril o equivocado, seguramente es el movimiento correcto. Pero será inútil en términos prácticos", valoró.

Estados Unidos e Israel se han opuesto firmemente a esta postura porque creen que representa un premio para la matanza de Hamás del 7 de octubre de 2023. No obstante, Férriz matizó que Estados Unidos está alejándose de manera "muy gradual y silenciosa" de Israel. "No es una ruptura ni mucho menos, pero sí una cierta sensación de hartazgo que además se apoya sobre una singularidad del actual partido republicano: es proisraelí por razones religiosas y de oposición al islamismo, pero al mismo tiempo tiene fuertes rasgos antisemitas".

Israel considera que Estados Unidos no le abandonará y que puede tomar "las represalias que desee" contra este reconocimiento cada vez mayor de Palestina. Por ahora, ha amenazado con movimientos menores y simbólicos como cerrar consulados en Tel Aviv de los países que han dado el paso, pero parte del Gobierno de Netanyahu le pide que vaya más allá y que anexione de manera oficial los territorios de Cisjordania en los que Israel ha creado asentamientos ilegales desde 1967. También ha decidido romper la continuidad de Cisjordania creando nuevos asentamientos al este de Jerusalén, lo que dividiría el territorio en dos y haría prácticamente imposible la circulación entre uno y otro. De igual forma, se ha planteado la creación de asentamientos en Gaza, donde se habla de construir un gran resort turístico. De hecho, el ministro de finanzas israelí ha declarado que se convertirá en un "chollo inmobiliario".

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Todos estos movimientos cuentan con la oposición de una parte de la sociedad israelí, pero no conforman la mayoría. "Así como el sionismo liberal asumió el pecado original de Israel de desplazar a cientos de miles de árabes para crear el Estado judío como un pecado inevitable para la supervivencia de los judíos, ahora una buena parte de la sociedad asume que este nuevo ‘pecado’ es imprescindible para asegurar la existencia de Israel como un estado que siga siendo judío y que haya eliminado a todos sus enemigos. Netanyahu ha convencido a buena parte de la población de que la superioridad militar de Israel contra Hamás, Hezbolá e Irán hace que sea el momento adecuado", argumentó.

El debate sobre Israel se ha trasladado a España y, en opinión de Férriz, lo ha hecho "de la peor manera posible". "Es poco relevante ahora mismo si se trata de un genocidio, de una limpieza étnica o de crímenes de guerra. Es algo que pueden decidir los tribunales en el futuro. Creo que la posición de España de apoyar al mismo tiempo a Ucrania y a Palestina es un buen ejemplo, aunque sea un país poco relevante. Pero es evidente que se está utilizando por motivos internos y que se corre el riesgo de generar una nueva oleada de antisemitismo", señaló.

En el coloquio posterior a la intervención de Férriz, se analizó la viabilidad de la solución de los dos estados, el silencio del mundo árabe tras los últimos movimientos de Israel y el impacto y traslación de la política internacional al ámbito nacional.

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La "euforia macro" no llega a la calle

Miquel Roig hizo una radiografía de la situación actual de la economía española. Detalló que cuando se analizan las cifras macroeconómicas agregadas, cabe concluir que los datos son buenos, "tanto en términos absolutos, con crecimientos sostenidos por encima del 2% desde la pandemia, como cuando se compara en relación con otras grandes economías de la zona euro, que siguen con crecimientos anémicos". Las revisiones del crecimiento económico de 2025 están siendo al alza y este mes S&P ha elevado el ráting soberano de A a A+, con perspectiva estable.

Pero, ¿por qué "la euforia macroeconómica" no se traslada a la calle? Una de las razones es que la economía no crece porque seamos más productivos, condición necesaria para que los salarios crezcan de forma sostenida, "sino porque somos más ciudadanos produciendo en España". Un indicador de ello es la evolución del salario medio real en nuestro país: el sueldo medio, en precios constantes, calculado por la OCDE, ha subido apenas un 2,7% desde 2018, y desde 2021, justo antes de la crisis inflacionista, ha caído un 1,4%. "En realidad, no hemos recuperado aún los niveles de poder adquisitivo de la burbuja inmobiliaria. El dato de 2024 está todavía un 3,7% por debajo del de 2009", afirmó.

S&P subraya que la mejora del ráting de España hasta A+ se debe sobre todo al "ajuste y fortalecimiento del sector privado", mientras que el sector público se mantiene como un foco de riesgo. Por un lado, el desapalancamiento privado durante más de una década ha reducido de forma notable la deuda externa neta y fortalecido la posición financiera externa del país. "Las empresas y los bancos han diversificado sus exportaciones, lo que ha permitido mantener superávits por cuenta corriente sostenidos y menor dependencia del endeudamiento externo. A esto se suma un mercado laboral dinámico, impulsado por la inmigración, la inversión y reformas pasadas, que ha contribuido al crecimiento por encima de la media de la eurozona".

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En contraste, la geometría parlamentaria y la falta de voluntad política han hecho que la consolidación fiscal haya sido "modesta" y dependa más del fuerte crecimiento económico que de medidas discrecionales de disciplina presupuestaria. La deuda pública se mantiene en torno al 100% del PIB, reduciéndose solo de manera lenta y mucho menos que en otros países de la periferia europea. "La ausencia de presupuestos desde 2023, la fragmentación parlamentaria y los compromisos de gasto crecientes —pensiones, defensa, transición energética, fenómenos climáticos— reducen el margen de maniobra", resaltó.

Entre los compromisos que Pedro Sánchez adquirió con ERC para lograr su investidura tras las elecciones del 23 de julio de 2023 está la quita de la deuda autonómica. "En el entorno polarizado y polarizable en el que se desarrolla la política española en estos momentos, es muy complicado hacer calar un discurso racional que trate de explicar que la quita supone pasar la bola a un cubilete distinto y que su capacidad para liberar capacidad de gasto es muy limitada". De hecho, si se aplicasen los 83.000 millones de euros de quita previstos, solo en cinco comunidades el ahorro per cápita autonómico sería superior al sobrecoste per cápita que supone la adición de esos hipotéticos importes a un futuro bote común.

No obstante, para Roig, el gran problema de la quita no es "el juego de contorsionismo técnico y político en el que ha acabado cristalizando", sino que impide tener "un debate serio" sobre un problema mayor: "La financiación autonómica y la brecha que abre la promesa de una financiación singular para Cataluña".

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Roig también aludió a la prórroga presupuestaria "como forma de gobernar" y repasó cómo en la última década, en nuestro país se ha gobernado durante más tiempo con las cuentas prorrogadas (5,5 años) que con los PGE aprobados para ese año en tiempo y forma (4.5 años)

La Constitución en su artículo 134 deja claro que el Gobierno tiene la obligación de presentar ante el Congreso un proyecto de Presupuestos Generales. "No es una opción, es un deber constitucional". Aunque el Ejecutivo trata de deslizar la idea de que la prórroga presupuestaria es una alternativa legítima a la presentación de unos PGE, como si se tratara de una elección discrecional y profiláctica del poder Ejecutivo, no es más que un "mecanismo de contingencia para evitar un vacío legal, no una alternativa voluntaria".

A su juicio, "cuando se eluden los presupuestos y se recurre a vías menos ortodoxas para mover grandes partidas, se salta el debate parlamentario, que sirve para reforzar la legitimidad y estabilidad de las políticas". En casos como la inversión en defensa, abordarlo sin un consenso adecuado puede "erosionar la calidad democrática de la toma de decisiones en un ámbito que es probablemente el más indicado para buscar consensos amplios y políticas de Estado".

El análisis sobre las cuentas del Gobierno dio paso a un debate sobre "las costuras" del estado autonómico, si están empezando a saltar por los aires afectando a la vida cotidiana de los ciudadanos, y sobre la dificultad del Ejecutivo socialista para sacar adelante los PGE y otros proyectos con sus actuales socios.

Las elecciones que vienen

En la última ponencia de la reunión, Ignacio Varela aclaró el panorama de comicios que se aproxima, dado que nos encontramos en plena "psicosis electoral" con profusión de encuestas en el periodo "menos electoral". El ciclo arrancará en marzo de 2026 con las autonómicas en Castilla y León, y también el próximo año se convocarán las de Andalucía, que conllevarán la remodelación del Consejo de ministros por la salida de María Jesús Montero.

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Así, aunque Pedro Sánchez controla el calendario de las generales, el PP domina en gran medida el de las autonómicas y puede jugar con él "para adelantar el ciclo electoral y someter al PSOE a una serie de derrotas sucesivas antes de las generales si estas se demoran". Para Varela, la agenda española irá asimilándose progresivamente a la de los países de estructura federal, con comicios autonómicos salpicando el desarrollo de las legislaturas y no necesariamente coincidentes con las municipales.

Respecto a las tendencias de voto en las generales, la más acusada en las encuestas realizadas durante esta legislatura es "el crecimiento sostenido de la derecha frente a la izquierda, hasta el punto de romper el empate tradicional entre ambos bloques y abrir una distancia sustancial". Tomando como referencia la media de encuestas del Poll of Polls de Politico, Varela consideró que la derechización en las preferencias de voto es "un rasgo estructural de la realidad española en este período", sin que se adivine qué circunstancias podrían invertir esta tendencia a corto y medio plazo.

Con el 50%, la derecha de ámbito nacional alcanza su récord histórico desde que hay elecciones democráticas en España y, con una participación estándar de elecciones generales (en torno al 70% del censo), si se mantuviera esta tendencia la derecha de PP-Vox superaría a la izquierda de PSOE-Sumar-Podemos por 3,5 millones de votos. Por bloques, en la derecha, el PP sólo avanza un punto respecto a su resultado de 2023 (del 33% al 34%), mientras que Vox pasa del 12% al 16%, superando levemente su mejor marca de noviembre de 2019 (15%). El crecimiento de Vox se ha intensificado durante los últimos seis meses, coincidiendo con un estancamiento -o leve retroceso- del PP. Es probable que la estimación de Vox fuera superior (en torno al 18%) sin el resto de SALF.

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En la izquierda, el PSOE pierde 5 puntos en comparación con las generales de 2023 (del 32% al 27%), y Sumar y Podemos por separado consiguen un 10%, dos puntos menos de lo que obtuvieron concurriendo juntos. En conjunto, la izquierda habría perdido 7 puntos desde 2023, la mayor parte de ellos del PSOE. Su destino mayoritario, por el momento, es "hacia la indecisión o la abstención, aunque existe también una corriente de transferencias ya consumadas hacia el PP". Asimismo, la división de la extrema izquierda en dos fuerzas (Sumar y Podemos) situadas en torno al 5% tiene "efectos devastadores" en el reparto de escaños, multiplicando el número de apoyos perdidos: con la actual distribución de papeletas en ese espacio, ambas formaciones sólo tendrían acceso a los escaños en las grandes circunscripciones, "haciéndose improductivos sus votos en la gran mayoría de las provincias".

La evolución de los últimos meses muestra "un distanciamiento de las fuerzas gubernamentales en favor de las impugnatorias". Varela precisó que el bipartidismo (PP y PSOE) descendió a su mínimo histórico en abril de 2019 (45%), se recuperó claramente en 2023, sumando dos de cada tres votos a nivel nacional (65%), y actualmente, la suma de los dos partidos ha bajado hasta el 61%. El principal beneficiario de "esta deriva impugnatoria" es Vox (en Cataluña, Aliança Catalana), que ha mejorado notablemente su expectativa desde que se retiró de los gobiernos autonómicos en los que participaba con el PP, "acentuando su carácter extrasistémico".

Para Varela, los factores que probablemente más están incidiendo en la opinión pública durante esta legislatura son el malestar hacia la política; los fallos reiterados en el funcionamiento de los servicios básicos y los fracasos en la prevención y tratamiento operativo de las situaciones críticas (como los incendios, la pandemia, la DANA o el apagón); la contradicción entre los datos macroeconómicos positivos y la sensación de empobrecimiento y precariedad vital de las clases medias; la reaparición de la inmigración en el primer plano del debate público y su tratamiento; y la crisis de liderazgos de referencia en todas las esferas de la vida pública. Todo ello provoca "una atmósfera de nihilismo político" que no se traduce, por el momento, en abstención masiva, sino en "derivar el voto a partidos de quienes no se esperan soluciones de gobierno, sino que actúen como recipientes y catalizadores de un estado de ánimo". Por ello, "podrían establecerse similitudes entre el actual crecimiento de Vox y la emergencia fulminante de Podemos en 2015-2016".

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La evolución de Vox se produce en el marco de la irrupción generalizada de la derecha radical en toda Europa, intensificada fundamentalmente por "la renovada pulsión nacionalista ligada al fenómeno de la inmigración y la victoria de Donald Trump en Estados Unidos". En este contexto, el partido de Santiago Abascal sigue siendo "una de las fuerzas de extrema derecha más débiles entre los grandes países europeos, y su posición electoral es claramente subalterna respecto a la del PP", aunque limita drásticamente su crecimiento y su posibilidad de alcanzar cifras que le permitan gobernar autónomamente.

En lo que se refiere a la duración de la legislatura, uno de los factores que influirá es la evolución de los procesos judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE, especialmente, en lo que lleguen a afectar al presidente del Gobierno. "Si se prevén hechos singularmente graves en el frente judicial, lo lógico sería anticiparse a ellos con una convocatoria anticipada", dijo. De igual modo, tendrán un impacto directo en la decisión del líder socialista la configuración de la agenda electoral en función de los sucesivos comicios autonómicos que puede fijar el PP, y la consistencia del eje parlamentario de apoyo al Ejecutivo. En cuanto a los presupuestos, la hipótesis de Varela es que su presentación en el Congreso sería "un síntoma de la voluntad de perderlos y justificar políticamente una convocatoria inmediatamente posterior". El precedente de este modus operandi se produjo en la primera convocatoria de 2019.

La intervención de Varela fue seguida del último coloquio de la jornada. En él, los integrantes del Comité Editorial hablaron sobre el calendario a raíz de un hipotético adelanto electoral, así como de los posibles candidatos a la presidencia del Gobierno y de las cuentas que ya contemplan los partidos para articular sus estrategias electorales.