Fiscalía pide archivar la malversación pese a detectar 121 mails privados de la cátedra de Begoña

La comparecencia fijada por el juez Juan Carlos Peinado este sábado trajo sorpresas. La postura de la Fiscalía no fue, sin embargo, una de ellas. El Ministerio Público se posicionó del lado de las defensas y reclamó el sobreseimiento del caso de la asesora de Begoña Gómez en Moncloa que, a consecuencia del delito atribuido por el instructor, desembocaría en un juicio con jurado en caso de llegar a término. Lo hizo pese a que el fiscal ha consultado nuevos correos y confirmado que, en 121 de ellos, la asistente se ocupa de gestionar cuestiones relacionadas con la cátedra de Gómez.

La cita fue larga, con participación de todas las partes. Estuvo, eso sí, marcada por sonadas ausencias. Los tres acusados, con la mujer del presidente a la cabeza, decidieron no acudir. Pese a las sillas vacías, el magistrado decidió continuar adelante con la vista y no hubo agarrón por la incomparecencia. La postura del Ministerio Público se veía venir a la vista de sus recursos de los últimos meses. Ya por marzo, tras conocerse que Peinado abría la pieza separada que ha acabado provocando los acontecimientos de los últimos días, recurrieron ante la Audiencia Provincial. Lo hicieron de nuevo hace unas pocas semanas cuando el juez reclamó los correos de la esposa de Pedro Sánchez de los últimos siete años.

Tanto el fiscal como las defensas consideran que los hechos, es decir, el uso de la asesora de Begoña Gómez, a sueldo de Moncloa, para apoyar sus labores privadas, "no son constitutivos del delito de malversación". Ha habido un viraje en la estrategia de ambos a la vista de la nueva prueba aportada recientemente, decenas de correos con responsables de la Complutense en los que participaba la asesora. Si en anteriores citaciones, tanto la ayudante como la mujer de Pedro Sánchez defendían que solo hubo algún caso puntual en el que le prestó su asistencia, ahora precisan que lo hizo de forma más amplia, pero que no encaja en el tipo delictivo.

Para ello, tanto la defensa como la Fiscalía han destacado que Gómez "no ostenta la condición de funcionario público" y han destacado que nunca tuvo facultades para designar a personal alguno, ni eventual ni para la supervisión de su actividad. Tampoco aprecian ni las defensas ni el Ministerio Público que el hecho de enviar correos electrónicos a terceros en nombre de Gómez haya supuesto "detrimento o perjuicio de ningún tipo para el patrimonio público".

La Fiscalía ha revisado antes de la vista los nuevos emails que ya están en poder de la UCO. Fueron aportados al caso por el vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Carlos Doadrio. En 121 de ellos, aseguran fuentes fiscales, hay referencias a su agenda privada o a asuntos relacionados con su cátedra y ajenos a Moncloa, pero el fiscal considera "que no encajan en el tipo de malversación".

Destacó, además, que el cargo de personal eventual de la asistente ha estado "presente en todos los gobiernos democráticos de España desde 1978". "Las labores se basan en desempeño de tareas de colaboración inmediata de carácter logístico y organizativo", ha destacado el fiscal, añadiendo que comprende "las notas de afinidad inherentes a la confianza".

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Las acusaciones, por su parte, reclamaron concretar la imputación. Han avanzado ya incluso su intención de reclamar que el presidente del Gobierno declare como testigo en esta parte de la instrucción. Cuando Peinado se desplazó a Moncloa para interrogarle -hace ya meses-lo hizo en la parte que investiga un presunto tráfico de influencias. Hazte Oír puso el acento en el hecho de que se ha tenido conocimiento "de hechos nuevos" que ahora analiza la UCO, en referencia a la existencia de nuevos correos en los que Álvarez participaba en asuntos vinculados a la cátedra de Gómez en la Complutense.

También quieren que se cite de nuevo al ministro Félix Bolaños, aseguran fuentes presentes en la vista, además de la de la sustituta de Martín en la secretaría general de Moncloa, Judit Alexandra González Pedraz, y del exvicerrector de la Complutense Juan Carlos Doadrio. Al término de la declaración, el abogado Antonio Camacho, ha explicado los motivos de Gómez para no asistir. "Es un derecho, no una obligación", ha destacado. El acto se ha desarrollado de forma normal. Tampoco han estado presentes los otros dos acusados, la asesora Cristina Álvarez, ni el delegado del Gobierno Francisco Martín. "No iba a tomárseles declaración, no es necesario", ha precisado también.

La comparecencia se cierra con una incógnita. A la vista de las peticiones efectuadas por las acusaciones, el juez tendrá que decidir en las próximas semanas si vuelve a citar al presidente del Gobierno como testigo. En la última ocasión, ese paso desembocó en una querella por prevaricación en su contra elaborada por la Abogacía del Estado. Acabó en archivo.