Igualdad dejó sin gastar 100 millones de su presupuesto el año que fallaron las pulseras antimaltrato

El Ministerio de Igualdad dejó sin gastar más de 100 millones de euros de su presupuesto en 2024, el mismo año que ignoró las advertencias de que su sistema de pulseras antimaltrato daba fallos. En total, los registros de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) determinan que la cartera de Ana Redondo no utilizó 109.137.000 euros. Esta cifra supone más del doble de lo que costó a Irene Montero "el servicio integral de seguimiento por medios telemáticos" para asegurar el cumplimiento de las órdenes de alejamiento de los acusados de violencia de género.

Aquel contrato, licitado de urgencia cuatro meses antes de su salida del Ejecutivo, fue adjudicado a Vodafone en octubre de 2023 por 50 millones de euros. Los extractos del IGAE apuntan que Redondo contó en 2024, cuando el nuevo contrato estaba ya en marcha, con un presupuesto total de 601 millones de euros. Al finalizar el año, su ministerio utilizó 492 millones, por lo que dejó sin utilizar casi el 20% del dinero disponible.

Estos más de 100 millones de euros podrían haberse utilizado para atender los avisos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre los problemas y riesgos de las nuevas pulseras antimaltrato. "Se lo advertimos. Le advertimos de que este servicio no tenía las garantías", explica a El Confidencial María Ángeles Carmona, entonces presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.

La reunión de Carmona con Redondo se produjo en enero de 2024. Pero la situación no se corrigió y la expresidenta del observatorio denunció en El Confidencial que estas pulseras han desprotegido a diversas víctimas desde entonces. Ese mismo año, el Ministerio de Igualdad accedería también a otros informes que alertaban del peligro para las víctimas, como los elaborados por Cometa. Este organismo, que gestiona las pulseras antimaltrato y alerta a los juzgados cuando un maltratador o un agresor sexual incumplen una orden de alejamiento, avisó en febrero de 2024 a un juzgado de que no podían cumplir con sus "funciones".

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"Este centro de control, dada la imposible localización del dispositivo portado por el usuario del servicio y en consecuencia de su persona, no puede desarrollar sus funciones y, en especial, las de protección de la víctima", advirtió la asesoría jurídica de Cometa a un juzgado después de que este le pidiera explicaciones por los errores que estaba dando el sistema de alertas en febrero de 2024.

Aquel mismo año, se dispararon las denuncias de las víctimas de violencia de género por el quebrantamiento de las órdenes de alejamiento de sus maltratadores. En 2024 se alcanzaron las 23.890 denuncias por este motivo, un 50% más que en 2020 y cifra récord desde que Pedro Sánchez está en la Moncloa. Del mismo modo, se produjo una paulatina reducción en el número de pulseras que demandan las víctimas, según los datos de la propia Delegación de Gobierno.

La ministra no dimite

Este miércoles, la ministra de Igualdad fue reprobada en el Congreso de los Diputados por su gestión de las pulseras, lo que supuso un nuevo varapalo parlamentario para el Gobierno de Sánchez, algo que empieza a ser costumbre. El Partido Popular consiguió sacar adelante esta iniciativa, que también solicitaba al presidente forzar su dimisión por ejercer "violencia institucional contra las víctimas", con las abstenciones de ERC, Junts, BNG y Coalición Canaria.

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La ministra Redondo insistió en su intervención en que "ninguna mujer que llevaba pulsera ha sido asesinada" y se niega a dimitir. Además, acusa a los populares de difundir "bulos y mentiras", pese a que ella afirmó que las absoluciones por las pulseras afectadas eran de menos del 1% para después reconocer que desconocía el número real de víctimas afectadas.