Septiembre 'horribilis' para Sánchez: los jueces y las derrotas en el Congreso empañan la bandera de Gaza

El Gobierno no logra dar con la tecla para estabilizar la legislatura. Pedro Sánchez arrancó el nuevo curso con la baza propalestina bajo el brazo para ganar oxígeno e intentar controlar la agenda tras meses de hostilidad parlamentaria y judicial. A nivel nacional, el jefe del Ejecutivo marcó el paso a un PP vacilante en lo que se refiere a Israel. En la esfera internacional también se anticipó con la condena del "genocidio" en Gaza y con las sanciones frente a Benjamin Netanyahu. Pero el relato, aunque sea potente, no logra imponerse a una realidad tozuda: las derrotas se multiplican, el cerco judicial se estrecha y la gobernabilidad pende de un finísimo hilo.

En septiembre, el palmarés de varapalos en el Congreso ha sido demoledor para el Gobierno. Pese a mantener casi un centenar de proyectos paralizados, el Ejecutivo ha visto cómo el fuego cruzado de unos socios en implosión derriba día tras día la esperanza de recuperar la iniciativa legislativa. Las derrotas se suceden como piezas de dominó cayendo sobre el tablero, y amargan al presidente el intento de sacar cabeza con la noble causa del sufrimiento del pueblo de Gaza. La sensación de abandono de sus aliados de investidura no deja de crecer, y Sánchez se sumerge, en paralelo, en el profundo laberinto de las investigaciones por corrupción.

Este miércoles, el Gobierno volvió a experimentar las consecuencias de los imposibles ejercicios de contorsionismo sobre los que ha asentado su proyecto político. La reprobación de la ministra Ana Redondo por el escándalo de los fallos en las pulseras para controlar a los maltratadores ahondó la imagen de debilidad de un Ejecutivo incapaz de atar en corto a sus socios. Esta vez no fue sólo por culpa de Junts. También ERC, uno de los aliados más disciplinados del Gobierno, facilitó con su abstención llevar a la titular de Igualdad a una situación límite. La iniciativa del PP, que también posibilitaron BNG y Coalición Canaria, reclama el "cese" de la dirigente socialista.

La crisis política por los fallos en los mencionados dispositivos, de los que alertaron múltiples entidades, profundizó aún más la brecha entre Moncloa y parte del arco parlamentario. Fueron muchas las formaciones que criticaron con dureza la ausencia de "explicaciones" convincentes por parte de un Ejecutivo que, como retrató también el PNV, intenta jugar "al escapismo". Génova tampoco soltará la presa ante lo que considera un escándalo "imperdonable", y estudiará incluso la posible "responsabilidad penal" de la ministra Redondo por ignorar los avisos si, como todo parece indicar, Sánchez no promueve su cese.

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El enésimo varapalo parlamentario del Gobierno se produjo en paralelo a otro significativo golpe judicial. Para la sorpresa de Moncloa, el juez Juan Carlos Peinado comunicó por escrito a Begoña Gómez que el futuro juicio que puede celebrarse en su contra por presunta malversación de fondos públicos quedará en manos de un jurado popular. Por la mañana, el Ejecutivo desayunó también con un auto del juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, en el que acreditaba que Hacienda aplazó una deuda del empresario Víctor de Aldama tras una reunión con el jefe de gabinete de María Jesús Montero, Carlos Moreno.

No fue una jornada fácil para el Ejecutivo, pero mucho peor acabaron los ánimos apenas 24 horas antes. El PSOE tampoco pudo remediar el cerrojazo de Podemos a la proposición de ley para delegar las competencias migratorias a Cataluña, uno de los acuerdos políticos de mayor calado que el Gobierno firmó con Junts y que confirma una realidad a la que Sánchez se resiste: por muchos compromisos o cesiones que haga a Puigdemont a cambio de sus siete votos en el Congreso... no tiene mayoría para poder cumplirlos.

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La bancada socialista surfeó como pudo las acusaciones de "xenofobia" sobre un acuerdo en el que ellos también habían estampado su firma, y que provocó también la ruptura del socio minoritario de la coalición: dos parlamentarios de Sumar, Alberto Ibáñez y Jorge Pueyo, se posicionaron en el bloque del 'no' junto a Podemos, PP y Vox. En las filas gubernamentales se ha instalado la preocupación por la deriva de la formación morada, instalada en el "no a todo", y que se suma a la creciente incertidumbre con Junts.

El fracaso del proyecto migratorio complica la relación con Carles Puigdemont, que mantiene abierta una reflexión interna respecto a su respaldo al Ejecutivo. Sánchez no ha logrado aplacar las dudas de Junts pese a la mediación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que suple al encarcelado Santos Cerdán en la negociación con los independentistas. Sólo en septiembre, los posconvergentes han dejado tirado al Gobierno en otros dos proyectos vitales: la reducción de la jornada laboral y la creación de una Oficina de la Prevención de la Corrupción, dos iniciativas que llevaban el sello de Sumar.

De Junts y Podemos depende no sólo la tabla de salvación de los Presupuestos —que el Ejecutivo insiste en presentar pese a los evidentes síntomas de agotamiento—. También pueden frustrar precisamente el impulso internacional con el que Sánchez persigue tapar sus problemas domésticos: sus votos inclinarán la balanza en la convalidación del decreto para el embargo de armas contra el país hebreo, un texto ante el que el partido de Ione Belarra ya ha manifestado ciertas reticencias.

Cerco judicial en aumento

Por si no tenía suficiente con los problemas en el Congreso, el Gobierno se ha encontrado con múltiples dificultades en los tribunales desde que comenzó el curso. El mismo día en que la Cámara Baja tumbó el traspaso de competencias a Cataluña, la Audiencia Provincial de Badajoz envió a juicio al hermano del presidente por prevaricación. Y este mes, el Supremo también ha dado el paso definitivo para juzgar al fiscal general del Estado por revelación de secretos; el Constitucional rechazó por unanimidad el recurso de Cerdán para salir de prisión; y el caso de la 'fontanera' Leire Díez amenaza con escalar tras solicitar el PP personarse en la causa.

Pedro Sánchez consiguió esquivar esta semana los focos nacionales en plena tormenta. El presidente se encuentra desde el lunes en Estados Unidos con motivo de la Asamblea General de la ONU, en la que volvió a perseverar en la posición de fuerza de España contra la masacre de Israel sobre Gaza, un discurso al que se sumó el propio Felipe VI. El Rey no habló de "genocidio", pero sí avaló la condena ante la "aberrante" barbarie de Netanyahu. "No podemos guardar silencio, ni mirar hacia otro lado", afirmó.

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Con todo, ni siquiera el manto de Gaza logró cubrir la enrevesada realidad política y judicial del presidente del Gobierno. Desde Nueva York, y pese a anunciar más acciones como el envío de un buque para proteger a la Flotilla de la Paz, Sánchez tuvo que responder por los avances de las pesquisas que afectan a su entorno familiar directo. El trabajo de múltiples jueces e instancias complican el relato de la "persecución judicial" sobre el que el Gobierno edifica su defensa. Pero el presidente del Gobierno volvió a reafirmarse en que las investigaciones quedarán en nada.

"La verdad acabará imponiéndose, y la verdad es que mi hermano y mi mujer son inocentes", zanjó. Desde la Moncloa también minimizan la falta de apoyos en las Cortes y reivindican, contra viento y marea, la solidez de la legislatura. Según el Gobierno, "la estabilidad" la aportan factores como la "longevidad" de su mandato o los datos de crecimiento económico... y no "una mayoría absoluta".