Los expertos, sobre el juicio con jurado a Begoña: "Si hay condena, no podrán hablar de 'lawfare"

El juez Juan Carlos Peinado destapó este miércoles la caja de los truenos. La polémica saltó después de que informara a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, de que puede acabar siendo juzgada por un jurado popular por malversación de caudales públicos. El anuncio provocó disparidad de criterios entre los juristas, pero hay uno que se repite insistentemente. "Si hay condena, no podrán hablar de lawfare", concluye un magistrado consultado.

Hay quien considera que la esposa de Pedro Sánchez se verá favorecida al quedar en manos de un grupo de ciudadanos sin la preparación técnica de un juez. Otros ven un claro perjuicio de su imagen y -sobre todo- la de su marido por un juicio que se celebrará ante "la plaza pública". También están quienes ven detrás de esta decisión la mano negra del magistrado más criticado por el Gobierno y quienes defienden a capa y espada al juez Peinado por cumplir de forma estricta la ley. La noticia no dejó a nadie indiferente, pero lo cierto es que este paso se limita a iniciar el procedimiento de jurado y no implica acelerar la hipotética celebración del juicio.

La mención del lawfare, sin embargo, da una idea bastante exacta de lo harta que está la judicatura con que se saquen a colación las 'pérfidas' intenciones de unos jueces u otros cada vez que se produce una decisión procesal de relevancia pública. "Lo que está claro es que, si la condenan, será una decisión proveniente del sentir de la sociedad", remarca otro magistrado.

Como precisa la ley del jurado, ese sentir social residiría en un grupo de nueve ciudadanos elegidos por sorteo, aunque la ley permite que defensas o acusaciones traten de apartarlos cuestionando su imparcialidad. Un magistrado de la Audiencia Provincial llevaría, además, los mandos del juicio como presidente, pero serían esos nueve ciudadanos los encargados de emitir veredicto. En este caso, si Gómez cometió o no delito al usar a una asesora pagada con fondos públicos para sus negocios privados.

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Otro de los magistrados consultados se refiere, precisamente, a los efectos reputacionales que una instantánea así tendría para el jefe del Ejecutivo. La foto de Begoña Gómez sentada en el banquillo frente a un grupo de ciudadanos de a pie con su destino en sus manos sería, asegura, "corrosiva" para Pedro Sánchez. "Sería un juicio demoledor, acabara como acabara", concluye el juez.

Las opiniones del jurado

Esa es la otra gran pregunta que plantea la decisión que Peinado adoptó este miércoles: si el hecho de que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular puede condicionar el que acabe de una forma o de otra. La mayoría de juristas evita valorar si le beneficia o no, pero ahí queda la respuesta de Pascual Sala cuando era presidente del Consejo General del Poder Judicial y se le preguntó si preferiría ser juzgado por un jurado o por un tribunal: "Si fuera inocente, por un tribunal; si fuera culpable, por un jurado".

El dilema no es nuevo. Juan Antonio Lascurain, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid y exletrado del Tribunal Constitucional, evita valorar el caso concreto de Begoña Gómez, pero se muestra claro respecto a esta batalla que se ha dado durante décadas entre 'juraristas' y no 'juratistas': "A mí, personalmente, el jurado me parece una institución bastante inconveniente y bastante primitiva".

Lascurain defiende el papel de los jueces frente al del jurado por dos motivos: "Por un lado, porque son expertos en Derecho y, por otro, porque forma parte de su labor la independencia, es decir, el enjuiciar solo en función de lo que escuchan sus oídos y ven sus ojos en el juicio oral". Para el catedrático, esta última cuestión resulta crucial ante un caso mediático como el de la mujer de Sánchez.

Otros abogados penalistas consultados siguen una línea similar e inciden en la misma idea. “No se puede saber a priori si beneficia o perjudica, dependerá de la capacidad de los miembros del jurado de abstraerse de las implicaciones políticas y mediáticas que conlleva el caso”, advierte David Velázquez, abogado magistrado excedente y director del máster de abogacía en Esade.

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"Mi opinión es que, en este caso, más que en ningún otro, por el perfil de la investigada, la ideología política de los miembros del jurado puede influir en el enjuiciamiento de los hechos. Los miembros del jurado no son juristas profesionales, son ciudadanos, y en la actualidad las opiniones están muy polarizadas", añade el también abogado penalista Jesús Mandri.

Un último magistrado consultado incide en la misma advertencia: "Lo cierto es que será un pronunciamiento menos pendiente de lo jurídicamente correcto que si fuera un tribunal profesional. Estará más influenciado por la opinión social y la coyuntura política". El riesgo está claro, pero las opiniones se dividen una vez más a la hora de valorar si Peinado podría haberlo evitado.

La conspiración

Pasando del futuro al presente, el solo anuncio ya ha generado discrepancias. Un nutrido grupo de juristas ha señalado tras hacerse público el auto de Peinado que, a la vista del tenor de la ley, el magistrado tenía la obligación de transformar sus diligencias en procedimiento para el juicio ante un tribunal de ciudadanos sin margen alguno de maniobra. La norma que regula este tipo de juicios establece un catálogo reducido de delitos en los que la competencia es exclusiva del jurado. Entre ellos, la malversación. "No ha decidido nada, está aplicando la ley", afirman.

En este caso, más que en ningún otro, la ideología política de los miembros del jurado puede influir en el enjuiciamiento de los hechos

Para otros, sin embargo, tras el paso del juez hay trampa. Explican que la remisión al jurado solo se produce por mantener aislada en una pieza la parte de la investigación que afecta a la asesora y atribuir a los imputados únicamente el delito de malversación. Otros delitos conexos habrían arrastrado a este y alejado la posibilidad de que a Gómez la acabaran juzgando nueve ciudadanos de a pie. Según recuerdan, Peinado aún la investiga por otros cuatro delitos, por lo que ven tras su actuación un deseo, una intención, de que esto sucediera. Una conspiración para sentarla ante la Justicia popular.

Esa será la primera batalla que marcará el procedimiento tras el anuncio de Peinado de este miércoles. A la vista de lo ocurrido durante los últimos meses, todo apunta a una nueva oleada de recursos ante la Audiencia Provincial, pero queda por ver el modo en que se construyen los mismos. Por un lado, las defensas pueden combatir con todas sus fuerzas un posible juicio ante jurado y, por otro, cabe que limiten sus críticas a tratar de tumbar una vez más el procedimiento sin valorar aún ese escenario final.