Las pulseras fallidas dispararon la violación de alejamientos y el rechazo de víctimas a usarlas

Las denuncias de víctimas de violencia de género por el quebrantamiento de las órdenes de alejamiento aumentaron en 2024, un 50% más respecto a 2020, alcanzando las 23.890. Esta cifra récord desde que Pedro Sánchez gobierna en coalición coincide con los fallos en el sistema de seguimiento en las pulseras antimaltrato denunciados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que el Ministerio de Igualdad sigue negando. Al mismo tiempo, se ha apreciado una reducción en el número de pulseras que demandan las víctimas, a la vista de los datos recabados por la Delegación de Gobierno.

El Ejecutivo ofreció a Sumar, en una contestación oficial datada el 9 de septiembre de este año, los datos que demuestran el incremento constante en la violación de las órdenes de alejamiento que se ha producido en los últimos años, alcanzando su punto culmen en 2024, justo cuando se produjo la migración del sistema de las pulseras antimaltrato.

En dicho documento, se recogen los quebrantamientos de órdenes de protección y alejamiento desde 2020 hasta 2024. En 2020 se registraron 15.918 de estas infracciones, número que no ha dejado de crecer en los años posteriores: 17.182 en 2021; 20.414 en 2022; 23.121 en 2023 y, finalmente, las 23.890 denuncias de 2024. Esto supone 7.972 denuncias más contra maltratadores por romper perímetros de alejamiento que en 2020.

El Gobierno presumía en este escrito de la "actualización" y "sustitución" de los dispositivos telemáticos de control manejados por Cometa, el centro de control que gestiona las pulseras, cuyos fallos han sido denunciados por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, adscrito al CGPJ: "Por lo que se refiere a las medidas concretas que se han implementado para reforzar la vigilancia y el control del cumplimiento de las órdenes de alejamiento, cabe señalar la actualización y sustitución de los dispositivos telemáticos de control (Cometa), gestionados por el Ministerio de Igualdad en relación con las resoluciones judiciales que los acuerdan, y también la puesta en marcha del nuevo Protocolo para la Valoración y Gestión Policial del Nivel de Riesgo de Violencia de Género y el seguimiento de los casos a través del sistema VioGén 2, gestionado por el Ministerio del Interior".

Esta respuesta fue remitida al grupo parlamentario Sumar, que registró en junio de este año una batería de nueve preguntas donde incidía en la necesidad de reforzar "los mecanismos de control y seguimiento de las órdenes de alejamiento".

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"La orden de alejamiento es un tipo de medida de protección que se puede imponer de forma cautelar, o como accesoria a una condena penal, cuyo fin es proteger a las víctimas. Sin embargo, la efectividad de esta medida se ve gravemente comprometida cuando los maltratadores la incumplen de manera sistemática... Si una orden de alejamiento no se hace cumplir de forma efectiva, pierde su valor disuasorio y, lo que es aún más grave, puede crear una falsa sensación de seguridad que expone a la víctima a un riesgo aún mayor", reza el escrito de los diputados Engracia Rivera y Enrique Santiago.

Menos pulseras por mal funcionamiento

Junto con el volumen creciente de sobreseimientos por violación de las medidas cautelares impuestas, jueces, fiscales y miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado vienen denunciando que los fallos detectados han desincentivado en muchos casos el uso de las pulseras telemáticas de forma que, en los últimos meses, se ha producido un descenso significativo en su uso.

Si se acude a los datos que publica de forma mensual la Delegación de Gobierno se aprecia de forma evidente una disminución del número de dispositivos impuestos a los agresores para garantizar su alejamiento de las víctimas, de sus familias o de zonas de exclusión como sus domicilios o lugares de trabajo. En febrero de 2024, el momento en el que Igualdad sitúa el arranque efectivo del nuevo sistema, las pulseras en todo el territorio nacional ascendían a 4.739 frente a las 4.515 de julio de 2025, es decir, 224 menos.

La disminución queda también patente si se compara el último dato disponible con el de julio de 2024. En un año, los dispositivos en activo pasaron de los 4.817 a esos 4.515, 302 menos. El pico más bajo en el número de pulseras se alcanzó en junio, donde las portaban 4.483 acusados de delitos de violencia de género o violencias sexuales.

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La rebaja del uso no está vinculada con un descenso en el número de denuncias. Según los datos que ofrece de forma trimestral el Observatorio contra la Violencia de Género, en el primer trimestre de este año las denuncias ascendieron a un total de 47.865, un 4,28 % más que en el mismo trimestre del año anterior.

En algunas de las actas de las comisiones provinciales de violencia de género celebradas en los últimos meses se habla, precisamente, del riesgo de que las mujeres renuncien al sistema a raíz de los errores sufridos. En estas reuniones, jueces, fiscales y mandos de la Policía y la Guardia Civil intercambiaron sus inquietudes respecto a los dispositivos y sus fallos. Avisaron de que “debido a las disfunciones en el funcionamiento técnico” de los dispositivos, hay víctimas que se han encontrado “desprotegidas”.

También señalaban casos en los que, a raíz de los errores, se planteaban “renunciar a esta medida de protección”, además de señalar casos en los que se había ya producido la entrega del dispositivo. La que fuera presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, señaló este problema en conversación con este diario, alertando de que los desajustes tienen consecuencias directas. Diversas fuentes jurídicas consultadas comparten la misma sensación.